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Condenan a 26 años de cárcel a obispo nicaragüense que rechazó irse a los Estados Unidos
El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que el jueves rechazó subir al avión con otros 222 liberados y deportados por el presidente nicaragüense Daniel Ortega, fue condenado a 26 años de prisión por el delito de “traición a la patria”.
"Establézcase como fecha provisional de cumplimiento de las condenas el 13 de abril del año 2049", escribió el juez Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones.
La sentencia fue dictada un día después de que el prelado, preso desde agosto del año pasado, rehusara subir al avión junto a otros liberados y deportados a los Estados Unidos. Entre los beneficiados con la medida figuraron una decena de sacerdotes, diáconos y seminaristas de su diócesis, en el norte del país.
Además, el obispo fue privado de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad y lo multaron en 1.600 dolares.
"Por encontrarnos en presencia de un concurso real de delitos, las penas de prisión impuestas serán cumplidas en forma sucesiva, por lo que el condenado Rolando José Álvarez Lagos deberá de cumplir 26 años y cuatro meses de prisión efectiva", agregó Rothschuh.
El tribunal sentenció a Álvarez a 15 años de cárcel por menoscabo a la integridad nacional, a cinco años por propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, a cinco años y cuatro meses por obstrucción de funciones agravadas y a un año por desacato a la autoridad.
El prelado, de 56 años, estaba detenido desde agosto pasado, pero en prisión domiciliaria. Es considerado una de las voces más criticas de la situación en Nicaragua.
El presidente Ortega afirmó el jueves en su mensaje anunciando la libertad de los presos políticos y su deportación a los Estados Unidos, que Álvarez había rechazado esa opción al momento de subir al avión.
"Empezó a decir que él no se iba. Que primero tenía que reunirse con los obispos. Y exigió una reunión con los obispos. Cosa absurda; ya que era una disposición del Estado nicaragüense que él no puede cuestionar", relató el mandatario.
"No sé qué piensa este señor. Que, frente a una decisión del Estado nicaragüense, él dice que no acata. Era una resolución de un poder del Estado que le está mandando a irse de país", agregó.
Ortega, quien ejerce su quinto período de gobierno consecutivo, calificó de “soberbio” y “energúmeno” a Álvarez y anunció su envío a la cárcel La Modelo (penal de Tipitapa) porque es un "hombre común y corriente".
Consagrado obispo de Matagalpa en 2011, Álvarez optó en su momento por hacerlo en su catedral y rechazó la oferta del entonces papa Benedicto XVI de realizar la ceremonia en Roma.
En sus homilías, el obispo abordaba cotidianamente los problemas de los feligreses y en especial los supuestos abusos contra los derechos humanos cometidos por la Policía Nacional de Nicaragua o los derechos de los campesinos en ese país.
Tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal de Nicaragua luego de las protestas masivas del 2018, que dejaron un saldo de cientos de muertos.
La relación del sandinismo contra la Iglesia católica fue conflictiva e incluyó la expulsión del Nuncio Apostólico, así como la cancelación de organizaciones no gubernamentales afiliadas a esa institución.
Hasta ahora, el Vaticano guardó silencio sobre el enfrentamiento del prelado con el gobierno, en franco contraste con su alto perfil opositor.
En agosto de 2022, la Policía nicaragüense detuvo al obispo y a otros seis religiosos en la casa parroquial de Matagalpa, tras lo cual permaneció detenido sin cargos más de 100 días.
Finalmente, en diciembre, fue acusado por los delitos de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas".
Aparentemente, sin embargo, hasta esta semana el gobierno de Nicaragua estaba más interesado en sacarlo del país que en procesarlo judicialmente.
Según el diario opositor La Prensa, que se edita virtualmente desde el exterior, el obispo había recibido a comienzos de año la oferta gubernamental de quedar en libertad, pero a condición de que abandonara el país.
El viernes, Ortega negó que la masiva excarcelación y deportación de opositores haya sido resultado de una "negociación" con los Estados Unidos, que impuso sanciones a Managua por la represión luego de las protestas antigubernamentales de 2018.
