Continúan en Colombia los asesinatos de exguerrilleros, activistas y líderes sociales

De acuerdo con un informe del Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 20 ciudadanos fueron asesinados entre el 24 de julio y el 2 de agosto. Cinco de ellos eran líderes sociales y cinco excombatientes de las FARC. Es una de las más graves olas de asesinatos en tan breve período en lo que va del año, que ya registra 208 personas asesinadas en total.

La masacre más reciente fue cometida el 1 de agosto en Mercaderes, departamento del Cauca, donde tres hombres jóvenes fueron asesinados después de haber estado secuestrados durante varios días por un grupo de hombres armados. Las víctimas fueron identificadas como Mauricio Majin, Apolinar Montero y Cristian Caicedo Montero.

Al día siguiente, fue asesinado en Tamalameque, departamento de César, José Luis Quiñones, un líder campesino miembro de una organización afiliada al Coordinador Nacional Agrario (CNA) y al Congreso del Pueblo. Su militancia estaba ligada a la lucha por recuperación de tierras en la zona rural de Matarredonda.

El CNA condenó el asesinato de Quiñones y denunció que fue cometido por agentes encubiertos del Estado, en beneficio de los grandes propietarios de tierra. La organización sostuvo que los actos de persecución, estigmatización y asesinatos de vienen produciendo en forma sistemática y recordó que el año pasado fueron muertos otros dos lideres miembros del organismo, Teófilo Acuña y Jorge Tafur.

Según los registros de Indepaz, José Luis Quiñones es el 110° líder social asesinado en 2022 y el número 1373 desde que fueron firmados los acuerdos de paz con la guerrilla en noviembre de 2016 en La Habana.

El 31 de julio, en jurisdicción de la municipalidad de San Miguel, departamento de Putumayo, fue asesinado Rigoberto López Vallejo, ex guerrillero de las FARC que participaba del programa de Espacios territoriales de capacitación y reincorporación, una iniciativa establecida en 2019 mediante acuerdo del gobierno colombiano, la ONU y los exguerrilleros de la FARC para garantizar la reinserción laboral y social de aquellos que se acogieran a lo acordado en el acuerdo de paz.

El partido Comunes, formado por excombatientes desmovilizados, aseguró que la muerte de López Vallejo es parte de un plan sistemático de exterminio de quienes habían firmado la paz y recordó que horas antes de ese crimen, habían denunciado otro asesinato, el de Idelber Gómez Solano, “otra victima del sabotaje del gobierno a la implementación del plan de paz”.

Otro excombatiente, Wiston Antonio Mosquera, fue muerto en el departamento de Antioquía, transformándose, según cifras de INDEPAZ, en el número 31 de excombatientes asesinados en 2022 y el 337 desde la firma de los acuerdos de paz.

Las cifras del informe emitido por Indepaz el 2 de agosto sobre el empeoramiento de la situación en Colombia durante los cuatro años del gobierno de Duque son ilustrativas de la impunidad con que activistas, exguerrilleros, líderes sociales y defensores de los derechos humanos están siendo intimidados, amenazados y asesinados.

Entre agosto de 2018 y agosto de 2022, 957 afrodescendientes, líderes indígenas comunitarios, ambientalistas, activistas por los derechos humanos, defensores de las tierras comunales y lideres campesinos fueron asesinados por paramilitares o traficantes de drogas. También fueron muertos, en el mismo período, 261 firmantes de los acuerdos de paz y 1.192 personas resultaron muertas en 313 masacres.

En los mismos cuatro años, 2366 personas sufrieron amenazas, 555 fueron secuestradas, 220 permanecen desaparecidas, 545 fueron victimas de desplazamiento forzoso y se reportaron 29.600 casos de extorsión.

La violencia estatal directa no ha sido menos grave: la policía nacional cometió 421 homicidios en el período considerado. Durante la huelga general contra las políticas económicas de Duque en 2021 hubo 44 muertos a manos de la policía, 96 sufrieron graves heridas en los ojos, 35 fueron atacadas sexualmente y 1747 sufrieron algún tipo de violencia física.