El senador Javier García (Partido Nacional) consideró "insólitas" las exigencias que se imponen a los usuarios para cambiarse de prestador de salud, por lo que planteó convocar al ministro Jorge Basso al Parlamento.
El legislador entiende que se está limitando la libertad de los usuarios de elegir el lugar donde quieren atenderse y recordó que esos usuarios pagan mensualmente para recibir un servicio.
García dijo a El Observador que se comunicó con otros senadores para que el ministro fuera a la comisión de Salud del Senado a fines de enero o principio de febrero.
Las autoridades sanitarias resolvieron en diciembre de 2017 que el llamado corralito que se realizaba en febrero –y era el único momento donde se podía cambiar de prestador- fuera extendido a todo el año, pero a los usuarios le impusieron una serie de condiciones para cambiarse de mutualista.
La decisión se tomó con el objetivo de terminar con la intermediación lucrativa con el que se tentaba a las personas a afiliarse en otra institución médica.
Si la razón son motivos económicos, el usuario únicamente se podrá pasar a un hospital de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
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Los que lo hagan por haberse cambiado de domicilio, deberán probar su nueva dirección y hacer el trámite para elegir otra mutualista antes de los 12 meses de haberse mudado.
A su vez, los que quieran cambiarse por problemas asistenciales tendrán que probar que perdieron la confianza en su actual prestador.
Desde el jueves 11 de enero empezaron a regir las nuevas condiciones para cambiarse de prestador y las autorizaciones quedarán en mano de la Junta Nacional de Salud (Junasa)
El senador Javier García dijo este martes a El Observador que el manual para cambiarse de mutualista "es un reaseguro para impedir la libertad de elegir de los usuarios, al que le cortan toda posibilidad de salirse".
"¿Cómo se le va a pedir a una persona que pruebe que perdió la confianza con una institución? La confianza se tiene o no se tiene, pero no se puede probar", comentó García.
Además, la autorización depende del "superior gobierno", que en este caso a través de la Junasa decidirá si acepta o no que una persona pueda cambiarse de mutualista.
El senador nacionalista opinó que el gobierno "no puede recortar derechos" de la población para enfrentar a la intermediación lucrativa.
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