Covid-19, ciencia y desarrollo

Desde luego, que la autoridad del gobierno se fortalezca en tiempos de tormenta está lejos de ser irrelevante. En primer lugar, puede afectar los términos de la inminente competencia electoral por los cargos en los gobiernos departamentales y locales. Esta “luna de miel”, que llegó tarde (más cerca de los “100 días” que del 1° de marzo) pero potenciada, podría beneficiar a las candidaturas auspiciadas por la coalición multicolor. En segundo lugar, tiene consecuencias directas sobre la capacidad del elenco gobernante de implementar su agenda de reformas. El fortalecimiento del gobierno lubricó los mecanismos de la discusión parlamentaria de la LUC, que terminó haciendo menos ruido del que al menos yo temía. En tercer lugar, y como corolario de todo lo anterior, podría mejorar la chance de reelección de la coalición dentro de cuatro años. Claro, falta demasiado para que podamos proyectar el razonamiento tan lejos…

De todos modos, lo que más importa, desde mi punto de vista, no es si la crisis es una oportunidad para un actor político determinado. Lo más relevante es si la coyuntura que venimos transitando se convierte o no en una gran oportunidad para el desarrollo nacional. Es evidente que lo viene siendo en un sentido muy visible y concreto: se habla, cada vez más, del éxito de Uruguay en el combate a la pandemia. Desde afuera, nos ven otra vez como una isla saludable, serena, estable, en medio de un continente que ha vuelto a sacudirse de Norte a Sur, y de Este a Oeste. No hay que saber demasiado sobre la dinámica de la economía para comprender que el prestigio facilita la inversión y, por ende, el crecimiento y el empleo. Pero la crisis generó una oportunidad extraordinaria para que volvamos a pensar en un aspecto del desarrollo nacional que suele pasar demasiado inadvertido tanto en el debate público como en las agendas de gobierno: me refiero al papel de la ciencia.

A nadie se le escapa que una dimensión clave de la exitosa estrategia sanitaria del gobierno fue la conformación del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). El trabajo de los expertos fortaleció notoriamente la capacidad del Estado para diseñar la política de prevención de los contagios, e incrementó de modo sensible la confianza de la ciudadanía en las decisiones que se fueron adoptando para, de modo gradual y controlado, ir restableciendo la actividad. El trabajo desplegado por el GACH tuvo una gran repercusión mediática. Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, el triunvirato coordinador de la red de expertos, cosecharon numerosos elogios y testimonios de agradecimiento. Como nunca, tanto el público como las elites dirigentes visualizaron con claridad hasta qué punto la suerte del país está ligada a la existencia de una comunidad científica calificada y comprometida.

La elite política de este país ha tenido históricamente y sigue teniendo muchas fortalezas. Pero no siempre ha puesto el acento, a la hora de comunicarse con la ciudadanía y de elaborar políticas públicas, en la importancia del desarrollo científico. Desde luego, a nadie se le escapa que la ciencia es importante. Cada gobierno, al menos desde la restauración de la democracia en adelante, ha hecho su aporte al desarrollo científico. Es gracias a los sucesivos esfuerzos realizados, pese a las restricciones presupuestales existentes, que hemos podido contar, en esta emergencia, con expertos competentes. Pero tenemos que admitir que, siendo calificada y comprometida, nuestra comunidad científica es, en términos comparados, todavía pequeña.

La crisis del 2002 dejó una lección importante. Las economías que menos sufren los cambios en el entorno económico mundial son las que agregan más valor a su producción. Por eso, las políticas públicas, especialmente a partir de la creación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Anii), procuraron incentivar la cooperación entre el sistema universitario y el mundo empresarial. Las empresas, por su lado, buscaron potenciar sus capacidades endógenas de generación de innovación. Casi dos décadas después, la crisis multidimensional provocada por la pandemia, ha puesto de manifiesto con idéntica elocuencia que es igualmente imprescindible acercar el sistema científico a los procesos de toma de decisiones en el ámbito público. No hay economías inteligentes sin conexión entre ciencia y empresa. No hay democracias inteligentes sin un puente entre expertos y políticas públicas. Si, de esta crisis, extraemos como conclusión que las universidades, el mundo empresarial y el sector público deben cooperar todavía más, habremos dado un gran salto adelante.  

Adolfo Garcé es doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de la República.

adolfogarce@gmail.com