Currículums, cédulas falsas y tarjetas de crédito: así funcionaba la banda de falsificadores que impresionó a la Fiscalía

La foto era de una de las mujeres que la jueza Marcela Vargas imputó por asociación para delinquir, estafa, falsificación de cédula y certificado a pedido del fiscal Diego Pérez, quien lideró la investigación. Lograron detenerla esta semana en un ómnibus interdepartamental en el que volvía después de haber pasado unos días de vacaciones en Punta del Este. 

Sin embargo, ella no fue la fundadora del negocio que afectó a bancos, financieras e incluso a la Dirección General Impositiva (DGI). Según el registro de la audiencia judicial al que accedió El Observador, un hombre de mediana edad —también imputado por los mismos delitos— es el principal artífice del sistema. El fiscal Pérez relató que el hombre declaró haber comenzado con la maniobra hace dos años y dijo haber recaudado cerca de $ 10 millones. La mujer, que estaba construyéndose una casa, gastó $ 800 mil en una barraca, ejemplificó el fiscal. 

El primer paso era obtener datos de diferentes personas —generalmente ponían avisos ofreciendo trabajo y así las personas enviaban sus currículums vítae— y abrían empresas unipersonales a su nombre. Generalmente le atribuían la titularidad a personas en situación de calle y no trabajaban en el rubro en el que se declaraba. Luego, se obtenían paquetes de celulares a nombres de esas empresas y eran revendidos a otras personas, a quienes aún no están identificadas. 

Utilizando datos falsos el principal imputado llegó a hackear cuentas de uno de los bancos más populares de Uruguay y accedió a información con la que gestionó tarjetas de crédito que también utilizaba. Llegó a alquilar, a través de las empresas que abría, POS con los que operaba las tarjetas obtenidas ilícitamente. El dinero que generaba a raíz de estas diferentes maniobras, en algunos casos lo invirtió. 

Incluso, llegaron a adulterar certificados de la Dirección General Impositiva (DGI) y, a raíz de la declaración del fundador de la maniobra, ahora la Fiscalía investiga una posible falsificación de libretas de propiedad y de licencias de conducir. 

Para obtener las tarjetas, generalmente lo hacían con la ayuda de las cédulas que falsificaban en un apartamento de Pocitos. Lo hacían con una impresora marca Zebra, cuyo precio —dependiendo del modelo— varía entre los US$ 200 y US$ 1.500. Cuando uno ve las cédulas apócrifas "no se detecta la falsificación, es 'muy afinada'" la copia, señaló Pérez en audiencia. Destacó que se trata del nuevo modelo de las cédulas, que es prácticamente imposible de falsificar, a diferencia de las anteriores que no tenían chip. 

Cuando allanaron el apartamento del artífice de la maniobra, encontraron varias computadoras, fotocopiadoras, escáners, plastificadoras, chips, sellos, POS y una caja fuerte. Dentro del auto de la mujer involucrada también incautaron otra computadora y un POS. Al momento hay 45 víctimas identificadas pero el fiscal estima que en realidad son más. A su vez, pidió al juzgado levantar el secreto bancario de varios de los involucrados. 

Pero ellos no llevaban esta compleja maniobra adelante solos. Según la Fiscalía, también participaba otro hombre —que estaba en Punta del Este con la mujer hasta hace pocos días— a quien se imputó por los mismos delitos y otra joven, de 23 años, expareja del creador de la maniobra que fue imputada por asistencia. En el caso de la mujer, se trata de una expareja de quien encabezó la maniobra, y lo había contactado hace un tiempo para contarle que estaba en una situación económica complicada. 

En esa oportunidad, él le respondió que podía ayudarla económicamente si ella le proporcionaba datos de diferentes personas —incluido su domicilio— a donde pudiera enviar tarjetas de crédito. Ella aceptó que lo enviara a su casa y a la de su madre, razón por la que terminó imputada como copartícipe. Sin embargo, es la única que no irá a prisión preventivamente mientras continúa la investigación (los otros tres partícipes estarán presos 45 días mientras el fiscal avanza en la indagatoria), en su caso tendrá arresto domiciliario. 

Si bien hay detalles de la maniobra que aún quedan por dilucidarse, Pérez advirtió que aún queda procesar mucha información. Entre ella, un cuaderno en el que el líder de la maniobra anotaba meticulosamente los detalles de su trabajo, especialmente los casos, nombres y referencias. A su vez, solicitó pedirle información a varias entidades bancarias que pudieron verse perjudicadas en la estafa.

Entiende que hay más personas involucradas en la maniobra y espera reunir la información suficiente para poder detenerlas. El caso se verá interrumpido debido a la feria judicial —que culmina el 31 de enero—. El fiscal logró realizar estas imputaciones porque interrumpió su licencia y le pidió al fiscal de Corte, Juan Gómez, una habilitación especial para trabajar pese a la feria.