De juez que investigaba militares a defensor de Manini Ríos

Su cambio de bando, lo llevó del juez que investigaba a militares, a ejercer la defensa, entre otros, del excomandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, quien es indagado en el expediente que se abrió por la demora de los jerarcas a la hora de elevar a la Justicia las actas del Tribunal de Honor con la confesión del represor José Nino Gavazzo de haber tirado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro, en 1973.

En ese caso interviene junto al abogado Martín Pacheco. Para otras defensas se ha asociado al abogado Diego Durand -quien es diputado suplente por el Partido Nacional- y con quien además comparte espacio físico en su estudio jurídico de la calle Río Negro pero –aclaró– no son socios. Ambos fueron defensores del conocido delincuente Betito Suárez. Fernández Lecchini estuvo en la audiencia que se realizó en diciembre de 2017 cuando Suárez fue detenido y condenado en un juicio abreviado por receptación por haber recibido un auto Mercedes Benz con conocimiento de su procedencia ilícita.

Fernández Lecchini opinó que pasarse de un lado al otro del mostrador le da ventajas, ya que conoce como funciona el sistema y “la cabeza del que está enfrente”.

Sobre el cambio de rol de juez a defensor afirma:  “Los jueces son abogados que evalúan el derecho y el sistema jurídico de las personas y mira si la persona tiene responsabilidad penal”.

Desde ese punto de vista señaló que el juez ejerce una defensa también porque “tiene que evaluar si la persona tiene responsabilidad penal y si no tiene lo declara inocente. En el sentido amplio lo está defendiendo”, puntualizó.

Consultado sobre si elige a las personas que defiende, respondió:  “Como abogado no defiendo a una persona, defiendo un sistema de garantías”. 

Además, lanzó una crítica contra los jueces. Dijo que al dejar la judicatura se dio cuenta de que estaba dentro de una estructura y les es “imposible sustraerse al entorno social”, lo que implica en su opinión que los fallos están "teñidos" de ese entorno.

Lo llamativo en el caso de Fernández Lecchini es como juez tuvo una activa participación  en causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Fue el primer juez que planteó la tesis de que la ley de caducidad había obstaculizado las investigaciones — que luego mantuvieron los Tribunales de Apelaciones y la Suprema Corte—, y que por lo tanto los años en que estuvo vigente no debían contabilizarse para la prescripción de esos delitos. Con ese argumento, en 2006 concedió la extradición a Argentina de José Gavazzo y otros cinco militares. 

En una sentencia que Fernández Lecchini redactó en abril de 2013 en el caso del maestro Julio Castro argumentó la ley de Caducidad, (15.848), generó “la imposibilidad de que las víctimas pudieran reclamar acceso a la justicia”, en que los fiscales pudieran “ejercer su titularidad de la pretensión punitiva”, y en que los jueces pudiesen “investigar y de imputar tipos penales a las conductas denunciadas”.

En esa causa procesó al policía Juan Ricardo Zabala, quien admitió su participación en el secuestro de Castro el 1º de agosto de 1977 y aceptó que lo trasladó al centro de torturas conocido como “la casona” de la calle Millán donde lo mataron.  Sus restos aparecieron en 2011 en el Batallón 14.

En 2016 afirmó que la ley de Caducidad "fue fruto de la violencia ejercida sobre el sistema político y un acto jurídico tal no adquiere validez conforme los principios generales del derecho”, ante un recurso que presentó la defensa de un militar acusado por torturas planteando la prescripción de delitos.

Una de las primeras decisiones que tomó al llegar al juzgado penal fue la de levantar las medidas preventivas que la Justicia había impuesto sobre el Batallón de Infantería Nº 13 para autorizar los trabajos de excavación que permitió que el 2 de diciembre de 2005 fueran hallados los restos que luego se identificaría como los del escribano Fernando Miranda, desaparecido en 1975.

También investigó el asesinato de la maestra y militante de izquierda Elena Quinteros — que terminó con la condena del excanciller Juan Carlos Blanco en 2010—, y el del tupamaro Roberto Luzardo. Por este último condenó al exdictador Gregorio Álvarez, pero la Suprema Corte de Justicia revocó la sentencia y un Tribunal de Apelaciones lo cuestionó por no haber dado garantías suficientes al militar. En sus sentencias, el entonces juez argumentó que los desaparecidos están muertos y por tanto sus casos debían considerarse homicidios.

En una entrevista que concedió a Búsqueda luego de su renuncia -en julio de 2017- dijo con respecto a las causas de violaciones a los derechos humanos dijo que “no se puede avanzar” “por una cuestión de medios” económicos. “En vez de haber un juzgado dedicado solamente a eso — porque son causas enormes, donde se citan a decenas de personas, y para entenderlas hay que leer informes sobre la historia reciente— están repartidas entre todos los juzgados. Y los jueces, mientras tratan de solucionar un tema de violencia doméstica, tratan de impulsar las causas de derechos humanos, con un éxito muy relativo”. l

Otros casos en los que intervino