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Se abre el juicio de Operación Océano: los testigos para un caso con víctimas de 13 y 15 años, sadomasoquismo y sexo grupal
La jueza penal María Helena Mainard dictó el llamado "auto de apertura a juicio oral" para Operación Océano en el que se definió que el juez que intervendrá será Huberto Álvarez (Penal 41), quien nunca tuvo contacto con el caso, y se exponen los hechos y los argumentos de las partes para dar inicio al juicio.
En el documento al que accedió El Observador, que tiene 327 páginas, Mainard reúne los hechos señalados en la acusación de la Fiscalía y esgrimidos por la defensa, y menciona que una de las víctimas tenía 13 años cuando fue contactada por uno de los imputados, otra que tenía 15 fue víctima de prácticas de sadomasoquismo, muchas de ellas participaron de sexo grupal y fueron filmadas o fotografiadas o se les pedía que enviaran fotos de contenidos sexual o íntimo, y a alguna se le pagó los servicios sexuales con drogas.
Por su parte, los once acusados de haber cometido delitos de explotación sexual de menores sobre ocho víctimas (una de ellas fallecida en 2020), han planteado en su defensa que las víctimas "se organizaron y coordinaron para captar hombres adultos, contactarlos y tratar de entablar relaciones de Sugar Daddy/Sugar Baby u ofrecerles sexo por dinero de manera ocasional". Agregan que "algunas de estas jóvenes, a medida que iban ganando experiencia engañando viejos y relacionándose, comenzaron a inspirar a otras para que hicieran la misma actividad" y señalan que "la mentira o el engaño ha sido una constante demostrada y confesada" por las víctimas que declararon, "quienes han tratado de justificar con distintas excusas, como la adicción a las drogas, el hecho de comportarse de esa manera y mentir para tratar de convencer a los viejos que tuvieran sexo con ellas y obtener dinero para mantener su vicio".
Algunos de ellos alegaron que hubo por parte de Fiscalía una "cadena ininterrumpida de omisiones de proporcionar a la Defensa el acceso a la totalidad de las evidencias, desde el mismo momento de la formalización", que se ocultaron pruebas y que eso pasó hasta pocos meses antes de la acusación, por lo que no se dio la "igualdad de armas que nuestro derecho consagra".
Para los once imputados la fiscal Mariana Alfaro pidió entre tres y seis años de penitenciaría por delitos que van desde la retribución a personas menores de edad a cambio de actos sexuales o eróticos, producción y almacenamiento de pornografía utilizando a menores de edad o suministro de estupefacientes. Además, solicitó que se los condene a pagar a las víctimas la suma equivalente a 12 salarios mínimos, por concepto de reparación patrimonial, condena incluida en la ley de género (19.580), así como la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos y la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa y de la salud.
Los acusados tenían al momento en que se cometieron los abusos entre 49 (uno de ellos), y 64 mientras que las víctimas nacieron en los años 2000, 2002 y 2005. Los hechos investigados ocurrieron entre 2015 y 2019.
Previamente a esta instancia se pasó por la etapa de control de acusación por la que se realizaron decenas de audiencias a lo largo de todo este 2024 en las que las partes acordaron las pruebas que entrarán en el juicio y quiénes declararán como testigos y sobre qué aspecto se los interrogará.
Los victimarios
Entre los imputados, el que contactó a la víctima de 13 años lo hizo mediante Instagram y Whatsapp y le propuso mantener relaciones sexuales a cambio de dinero y/o regalos. El imputado "le ofreció a la víctima generar un perfil en la red social Instagram a efectos de “promocionarse” como pareja y buscar terceros que estuvieran interesados en mantener relaciones sexuales". Según el relato de la jueza, mantuvieron relaciones sexuales frente a un tercero (amigo de él), quien en una oportunidad se encargo de fotografiarlos desnudos para de esta forma “generar contenido” y exhibirlo en el perfil que manejaba en busca de personas para realizar tríos.
Mainard recoge el relato de la Fiscalía sobre que "le preguntó a la víctima si realmente tenia 18 años, a lo que la víctima le contesto que sí, cuando de su aspecto personal se desprendía que la misma era notoriamente menor". Agrega que "en ningún momento le solicitó un documento a la menor de tan solo 13 años para verificar su edad". El contacto finalizó cuando la mamá de la victima encontró el celular de su hija y al observar el tipo de conversaciones que mantenía con el imputado, realizó la denuncia en el mes de mayo de 2019.
El imputado que abusó de la menor de 15 años, le practicó sadomasoquismo. Según recoge el documento, la menor "durante toda su infancia había sido sometida a castigos, y abusos por parte de terceras personas, situación que determinaba su extrema vulnerabilidad”. El imputado realizaba prácticas que consistían en “apretarle el cuerpo al punto de asfixiarla, darle fustazos en los genitales así como en todo el cuerpo”. Agrega que utilizaba látigos, vibradores, fustas, juguetes sexuales y que los encuentros ocurrieron en dos hoteles de alta rotatividad cada dos semanas por al menos tres años, mientras la menor cursaba 4°, 5° y 6° de Secundaria. Le pagaba $2.000 o 2.500. También le tomó fotografías desnuda, por las cuales prometió pagarle $2.000, lo que finalmente no cumplió.
La jueza menciona que “nunca le solicito ningún documento de identidad a la víctima, así como tampoco le preguntó por la edad a la víctima” cuando en más de una oportunidad la iba a buscar a la puerta del liceo al cual concurría en el turno matutino.
Sobre otro acusado recoge que “no se cercioró que su interlocutora fuera mayor de edad previo a prometerle un “buen dinerito” a cambio de verse dos veces por semana y tampoco lo hizo previo a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero en una oportunidad". Sobre este imputado dice que “en reiteradas oportunidades ofreció pagar sumas de dinero” a la víctima principal y en una oportunidad pagó, para que realizara actos sexuales de diversos tipos, incluido el envío de fotografías sexuales”.
La víctima principal y otra chica fueron a la casa del imputado para tener relaciones sexuales y les pagó US$ 300 a las dos pero se originó una discusión, ya que la segunda había entendido que les pagaría ese monto a cada una. Luego de ese episodio el imputado le dijo que no quería verla más. “No nena, hay muchas chicas que no me traen problemas, prefiero esas...” “Mirá todo lo que te perdiste, yo te estaba educando para ser mi putita preferida, traerme tus amigas y divertirme y mientras disfrutar de mi barco, del helicóptero, de viajes en avión...”.
Mainard dice que "si bien le preguntó por la edad y ella le señaló que era mayor de edad, nunca le pidió corroborar" ese dato.
Otro de los imputados mantuvo cuatro o cinco encuentros con otra de las víctimas donde intercambiaron sexo por dinero, pagándole $4.000 por hora. Como muchos otros, concurrían a hoteles de alta rotatividad en los cuales no solicitan documentos a quienes ingresan.
El imputado creó un grupo de denominado “El tío y las sobrinitas”, cuyos integrantes eran él y dos de las víctimas para verse los tres. Eso ocurrió en una oportunidad pero se encontró unas diez veces con la víctima principal. Les pagaba U$S 100 a cada una y nunca les pidió documento, refiere la jueza.
Otro de los imputados mantuvo relaciones sexuales con dos de las víctimas y les pagó a las dos con droga (metanfetaminas, conocida como “cristales”). Ese día, las pasó a buscar y fue con ellas a comprar la droga, que él pagó, y luego entregó a las adolescentes para que consumieran. Se siguió viendo con la víctima principal y acordaron $ 2.000 por media hora y el pago del Uber.
Uno de los acusados que vivía en Punta del Este le mandó fotos de su casa a la víctima principal y le pidió que fuera y que le sacaba el pasaje. "Nunca le preguntó la edad ni le solicitó documento. Le volvió a insistir que le sacaba el pasaje y que si precisaba algo de dinero le daba. Ella le dijo que le gustaba la lencería, los perfumes, bolsos, ser su “sugar baby”. Él le ofreció que fuera su bebé y mimarla". Otra vez le ofreció pagarle $ 9.000 a cambio de que fuera nuevamente a Punta del Este. Luego le pedía fotos íntimas.
Pruebas y testigos
Entre las pruebas admitidas Mainard mencionó la declaración anticipada de las víctimas (declararon en esa condición seis de las siete) pericias psicológicas a las víctimas, las fotografías tomadas a las menores, registros de las conversaciones de Whatsapp, mails, copias de pasajes y otros documentos.
Entre los testigos que tendrán que comparecer en el juicio la lista es larga y abarca a los policías que dirigían la investigación cuando empezó y el actual, otro oficial de la Zona operacional III que participó en las primeras etapas de la investigación y realizó las primeras detenciones e incautaciones, así como otros cuatro policías que intervinieron en el caso, la perito de ITF que realizó la pericia psicológica de las víctimas, y a imputados, peritos de Delitos Informáticos de Interpol que periciaron los teléfonos, y especialistas del Laboratorio de Análisis Informáticos de Policía Científica, quien realizó la pericia de computadoras.
También declararán médicos psiquiatras que atendieron a tres de las víctimas en distintos momentos, el perito semiólogo que realizó de las presuntas víctimas "excluyéndose las referencias a las conductas sexuales y presuntas actividades ilícitas de las víctimas", y dos peritos que analizaron las redes sociales.
La lista sigue con encargados de fiestas de electrónica a las que asistían las víctimas, responsables de hoteles donde asistieron las víctimas con los adultos, otra mujer mayor de edad que acompañó a una de las menores a Punta del Este y les prestaba la cédula, otra joven que perdió la cédula en una fiesta de graduación en una chacra en noviembre de 2019.
También declarará la madre de la menor de 15 años que denunció el hecho cuando vio los chats en el celular de su hija, quién declarará sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba así como psicólogos que estuvieron en contacto con la joven y personal del INAU ya que estuvo en un centro durante algún tiempo.
Asimismo comparecerán una licenciada en química de laboratorio de la Brigada Antidrogas que realizó un informe sobre las metanfetaminas, y el periodista César Bianchi ya que entrevistó a la principal víctima para su libro Suggar Daddy.
