De las denuncias anónimas a las falsas y una ley que no ayuda a esclarecer

Ese mensaje llegó a mi correo electrónico de parte de una profesional de la salud muy prestigiosa cuando escribí sobre el episodio del allanamiento al periodista Ignacio Álvarez y me dejó pensando. Ahora, con la denuncia anónima que involucra al diputado comunista Gerardo Núñez lo recordé.

No tengo elementos para señalar que se trate de una falsa denuncia, pero una denuncia anónima realizada por las redes es un mecanismo muy a la mano para enchastrar a una persona, sin pruebas.

¿Con qué se levanta la imagen de alguien a quien se acusa de cometer delitos sexuales, los más repudiados socialmente? Basta con que un mensaje de este estilo se viralice para que la persona sea condenada por parte de la opinión pública, sea o no verdad.

El mensaje anónimo publicado en la cuenta de Instagram Varones Uruguay dos semanas atrás por una mujer que dice que fue a la casa del legislador. Afirmaba: “Terminaron pasando cosas que no tendrían que haber pasado, cosas que no quería hacer y que de alguna manera se aprovechó de mí”.

Este lunes el diputado informó que “dada la dimensión pública que ha tomado una publicación anónima a través de redes sociales”, se vio obligado a presentarse ante la Justicia “para que se investigue como corresponde”, escribió en su cuenta de Twitter.

La Comisión de Género del PCU informó que puso "en funcionamiento los mecanismos partidarios correspondientes" y la "disposición para tramitar cualquier denuncia", tanto por la vía "partidaria como legal", pero no lograron que la denuncia se efectivizara. Como consecuencia, el diputado decidió pedir licencia de su actividad en el Parlamento y en el Partido Comunista, a la espera de que la Justicia aclare el tema.

Si bien parece un error que dé un paso al costado si se considera inocente, también es comprensible que, con esa sombra que se cierne sobre su persona, quiera salir del foco de atención por unos días.

En medio de la campaña por el referéndum contra la LUC en donde coalición y oposición se viven tirando dardos en este tema hubo unanimidad de representantes de todos los partidos de repudiar el escrache anónimo por las redes.

Una ley que permite la denuncia falsa

El problema viene desde tiempo atrás y es el coletazo de una cultura que se ha promovido con algunos elementos que sumó la ley de género, propuesta por el Frente Amplio y votada por todos los partidos políticos. Hay aspectos de la ley que hacen que se le dé el mismo tratamiento a una denuncia falsa que a una verdadera porque parte de la base de que hay que creerle a la víctima, sin mirar demasiado las pruebas –la ley dice que alcanza con que la denuncia tenga cierta verosimilitud.

Es cierto que este tipo de delitos son muy difíciles de probar porque las secuelas físicas, si las hay, desaparecen con el tiempo y las psicológicas o emocionales son más complejas de demostrar, pero eso no puede dar lugar a que cualquier denuncia presentada prospere. 

De todos modos, el fenómeno no es nuevo. Hace 20 años publiqué una investigación en otro medio en el que se daba cuenta de una serie de denuncias que se fundamentaban por informes dudosos de una psicóloga que actuaba como “perito” de una jueza en particular. Con los informes de esa psicóloga la jueza Ana Lima había llegado a procesar a varios padres acusándolos de cometer abuso sexual. Ante la denuncia de esos padres, que eran las verdaderas víctimas, varios tribunales revocaron aquellas sentencias y la Suprema Corte trasladó a la jueza de penal a laboral y la mujer terminó renunciando. No hubo mayores consecuencias para la psicóloga.

Cuando de delitos se trata, las pruebas resultan fundamentales. Y es responsabilidad primordial de los fiscales, quienes llevan adelante desde 2017 las investigaciones, trabajar seriamente por conseguirlas y luego actuar basados en ellas.

Por supuesto que en este tipo de delitos resulta fundamental tomar medidas precautorias porque si la denuncia es cierta la o las víctimas corren riesgo y es necesario ponerlas a resguardo. Pero se debe luego llegar al fondo y si se demuestra que existió una falsa denuncia quien la presentó debería ser responsabilizado de alguna manera. Eso no sucede.

No hay datos de la Justicia sobre denuncias falsas presentadas porque así como son difíciles de investigar estos casos también resulta difícil demostrar lo contrario, y hay denuncias que siendo verdaderas se dilatan en el tiempo y tal vez nunca llegan a aclararse. Como ejemplo de denuncia falsa, conocí un caso reciente en el que un hombre fue denunciado por su esposa por violencia de género y se tuvo que ir de la casa, sin poder ver a sus hijos por más de un año. En ese caso la ley dispone de plano la prohibición de tomar contacto o de acercarse a la denunciante y sus hijos, y en algún caso se llega a la colocación de tobillera electrónica.

Cuando se estaba por vencer el plazo de las medidas cautelares la mujer presentó nuevos hechos para que se mantuvieran. Entre esos hechos señalaba que el hombre había dejado de aportar al Fonasa para sus hijos, algo fácilmente comprobable, por lo que el juez desestimó continuar con las medidas.

Este caso fue cerrado por un tribunal de Apelaciones, pero hay muchos otros donde la falsedad no llega a demostrarse y las consecuencias se alargan en el tiempo causando severos daños no solo para los padres sino también para los niños. En el caso de los delitos sexuales la ley dispone que al imputado se le quite la patria potestad de los hijos, y queda inhabilitado “para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, por un plazo de diez años si recayera sentencia de condena o hasta su sobreseimiento o absolución”.

Es de imaginar las consecuencias que puede tener esto para los hijos si la denuncia es mentira. Además, se destinan recursos humanos y materiales del Estado en hechos que no lo ameritan, mientras hay miles de víctimas que sí padecen violencia de todo tipo y no son atendidas por el cuello de botella, el tiempo y las dificultades que presentan estas investigaciones.

Como consecuencia, el sistema judicial –jueces y fiscales- y los profesionales que asesoran a las presuntas víctimas  –muchas veces son estos los que promueven estas denuncias porque saben que la ley está de su lado– deberían actuar con honestidad intelectual y ceñirse a las pruebas e ir hasta el fondo para que paguen los verdaderos culpables y sean exonerados los inocentes. Y cuando se demuestra que existió una actuación falsa se debería sancionar de alguna manera para no promover que esto siga ocurriendo.