La polémica en torno a la resolución del gobierno de habilitar a los cableoperadores a ofrecer servicios de internet no demoró y abrió la puerta rápidamente a las dos visiones de empresas públicas que imperan en el país. Mientras que en el oficialismo lo ven como un negocio más para Antel y una ayuda a las empresas de cable cuyo negocio se está agotando, desde el Frente Amplio objetan que estas decisiones apuntan al “vaciamiento” de la empresa pública. De esto te voy a hablar en esta Newsletter Enclave.
¿Por qué ahora?
El permiso a los cableoperadores para ofrecer internet a sus clientes es una decisión que el gobierno basó en varios fallos que la Suprema Corte de Justicia emitió en 2016 en los que declaró inconstitucional el artículo de la ley de medios que les impedía prestar ese servicio. Por eso lo habilitó para las cinco empresas que tienen sentencia favorable: Monte Cablevideo (Montecable), Riselco (Nuevo Siglo), Tractoral (TCC), Korfield (cable de Colonia), y Praimar (cable de Pando).
La decisión no sorprende porque el gobierno ya anticipó que iría por ese camino. Por un lado siempre mostró la intención de derogar la ley de medios y por otro, manifestó el interés de dar una mano a los cableoperadores en un negocio que viene en caída.
El gobierno tuvo cuatro intentos por derogarla, primero decidió incluirla en la LUC, luego se desglosó esa parte en un proyecto aparte que tampoco tuvo avances, por lo que luego se intentó incluir en la Rendición de Cuentas del año pasado. Finalmente el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal presentó un proyecto que propone modificar el artículo 56.
El partido liderado por Manini Ríos está de acuerdo en que los cableoperadores del interior del país ofrezcan el servicio de internet con redes propias o a través de acuerdos a los que llegaran con terceros pero plantean reparos a incluir a los de Montevideo, y no están de acuerdo en que se derogue toda la ley.
El gobierno tendrá el desafío ahora de lograr los apoyos para derogar la ley y la coalición de mostrar unidad en un tema que desde el comienzo de este gobierno ha mostrado divisiones.
Por otra parte, se aguarda que salgan más sentencias de la Suprema Corte de Justicia de las que podría agarrarse para derogar la ley pero no está asegurado que vayan a salir en el mismo sentido puesto que la integración de la Corte de 2016 cambió prácticamente por completo. En 2016, los ministros que se pronunciaron por la inconstitucionalidad fueron Ricardo Pérez Manrique, Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Elena Martínez. De ellos sólo Martínez continúa en la Corte.
De la competencia al vaciamiento de Antel
Carolina Cosse, foto de archivo
Como suele pasar con temas que vinculan la gestión de las empresas públicas las visiones de oficialismo y oposición son antagónicas: se busca abrir a Antel a la competencia y ofrecer mejores servicios a los usuarios, o vaciar la empresa pública.
El ministro de Industria, Omar Paganini, respondió a las críticas opositoras: “Cada vez que una empresa pública tiene que competir, el Frente Amplio nos anuncia catástrofes”, en relación a que también anunció un mal panorama para Antel con la portabilidad numérica.
El subsecretario de Industria, Walter Verri argumentó que se trata de “dar es más libertad. Hay más opciones para los usuarios y obviamente que va a haber más competencia pero la competencia es buena en muchos aspectos, no hay ninguna razón por la cual alarmarse”, dijo. En la misma línea el director de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara defendió el negocio de Antel y la competencia que se abre para la empresa estatal.
Mientras que del lado de la oposición la decisión se ve con la oscura intención de “vender las joyas de la corona que es Antel” como dijo la expresidenta del ente e intendenta Carolina Cosse, quién además calificó la medida de antipatriótica. "Me parece un grave error socavar la infraestructura de Antel, socavar la inversión, socavar su futuro", expresó.
Más allá de los tremendismos y del uso político que se haga del tema, los políticos no deberían seguir enfrascados en una discusión tan anticuada, sino avanzar, fijar una política de medios que de condiciones equitativas para grandes y chicos y que no vaya cambiando según el gobierno de turno.
