Inflación plebiscitaria

Como el proyecto de ley que impulsaba Peña, para que el ingreso de funcionarios solo se dé por concurso o por sorteo, naufragó por falta de apoyo de los legisladores del Partido Nacional ya que era preciso conseguir una mayoría especial de 21 votos y solo se lograron 20, en los últimos días, el sector Ciudadanos que integraba Peña, inició un proceso para convocar a plebiscito en el mes de octubre para plasmar esa iniciativa en la Constitución. Pero, en lugar de ir por habitual vía de conseguir el 10% de firmas de integrantes del padrón electoral, para lo cual ya no hay tiempo material, se apela a otro mecanismo de reforma.

Se busca activar el inciso B del articulo 331 de la Constitución que permite iniciar un proceso de reforma con los votos de dos quintos del total de componentes de la Asamblea General. Presentado el proyecto al Presidente de la misma, dice el texto constitucional, el proyecto será sometido a plebiscito en la “primera elección que se realice”.

La propuesta de Ciudadanos recogió varias apoyos, y también críticas. No hay unanimidad en el Partido Colorado y el Frente Amplio se tomará su tiempo para analizarlo. Las reacciones más contrarias vinieron de senadores nacionalistas, que ven en este proyecto, según Sergio Botana, “animosidad contra el interior y los gobiernos departamentales”. Con todo, el senador Jorge Gandini, quien había votado en contra del proyecto de Peña, dijo que no tendría problemas en apoyar la iniciativa aunque quería leer bien el artículo. Queda pues todavía mucha tela por cortar para saber si las jerarquías partidarias avalan o no este camino plebiscitario. La cifra requerida -52 legisladores- no es elevada pero tampoco es despreciable.

Si ese camino quedara abierto, la ciudadanía tendrá más trabajo en octubre que el habitual de elegir sus representantes nacionales. Deberá decidir además sobre otras posibles iniciativas de reforma constitucional.

Una, la de habilitar allanamientos nocturnos, ya tiene la aprobación de 71 parlamentarios y será plebiscitada en octubre.

Luego viene la famosa reforma constitucional de la seguridad social, impulsada por el PIT-CNT y una parte del Frente Amplio y está muy cerca de conseguir el 10% de las firmas necesarias. Si lo consigue, será la madre de todas las batallas ya que de aprobarse en octubre, dejará al país irreconocible en términos económicos. Será un torpedo bajo la línea de flotación de la economía nacional y un intento más de realismo mágico de parte de la izquierda.

El plebiscito por una deuda justa, llevado adelante por Cabildo Abierto procura reestructurar deudas personales y tiene pocas posibilidades de llegar a octubre.

Otro plebiscito es de Uruguay Soberano que quiere regular en la Constitución los contratos del Estado con empresas.

Lo que se va detectando es que quienes pierden una batalla legislativa -sea la seguridad social, la deuda justa, la forma de ingresar a las intendencias, etc.- transforman su derrota en una causa de reforma constitucional. Siendo relativamente bajo el umbral para habilitar la reforma constitucional (10% del padrón electoral), más bajo aún que para revocar una ley (25% del padrón), los incentivos actuales impulsan a ir por el intento de reforma constitucional.

Eso es grave por dos razones. Una, convierte en materia constitucional lo que es materia de regulación legal y , por tanto, sujeta a cambios y vaivenes propios de la ley e impropios de la Constitución. Hay temas que no tienen que estar en la constitución porque el paso del tiempo o el cambio de gobierno puede implicar o exigir cambios normativos. Y son muy pocas las cosas que deben estar al margen de la discusión parlamentaria: básicamente los derechos y libertades individuales, la forma republicana y democrática del gobierno, la relación entre los tres poderes, la separación de los mismos, la independencia de la justicia.

Nuestra Constitución se fue inflando de artículos en sucesivas reformas, muchos de los cuales carecen de sentido práctico o son materia de regulación legislativa y no constitucional, que es más rígida y que debe afectar pocos principios e importantes.

El segundo problema es que el recurso al plebiscito es una forma de eludir el civilizado diálogo entre gobierno y oposición para ir gobernando. Si una ley no convence se tratará de negociar. Si aún así se aprueba una norma que consideramos errónea, lo ideal es buscar cambiarla más adelante, o en el próximo gobierno.

Es lo que debió haber ocurrido, por ejemplo, con la deuda justa y, sobre todo, con la seguridad social. El propio Frente Amplio propone cambiar la norma aprobada por otra que sea el fruto de un gran diálogo social (y que obviamente dará como resultado que se aumenten o se establezcan más impuestos a las empresas para pagar de forma “más justa” una situación que impone la demografía y la condiciones de natalidad del país). Sin embargo, se aprovecha esta ocasión, no tanto para “modificar la reforma” sino para introducir una reforma explosiva con la demagógica pregunta si “usted quiere jubilarse antes y ganar más”.

Falta diálogo serio, porque hay que reconocer que afortunadamente diálogo hay. No estamos en una grieta donde los bandos se arrojan piedras pero tampoco estamos en un territorio donde se generen los consensos básicos para hacer reformas pro crecimiento.

Pero eso no siempre fue así.  Baste recordar que durante el gobierno de Mujica se formaron comisiones técnicas que lograron amplios acuerdos en temas como educación, inserción internacional, reforma del estado. Y luego no se plasmaron políticamente.

Una cosa es tener dificultad de hablar. Otra, más grave, es sustituir el diálogo incluyendo en la Constitución el resultado de esas discrepancias. Legaremos a nuestros hijos una Constitución que se meterá en temas de ordinaria administración, dificultando el gobierno. Será como un colador, sin orden ni concierto, donde aparecen los temas más variopintos.

Esta situación no puede resolverse de otro modo que apelando a la responsabilidad partidaria. Tenemos un sistema de partidos fuertes que son el andamiaje de un marco institucional fuerte y valorado en el exterior. Un uso excesivo y extemporáneo de las reformas constitucionales para temas puntuales irá minando esa fortaleza. Es preciso usar con suma moderación el instituto de la reforma constitucional. Y tener en cuenta que los problemas de los países no se arreglan como reformas constitucionales sino dejando las constituciones como están y apostando al diálogo maduro y productivo. Esa será la marca más clara de nuestra calidad democrática y no tanto el hecho de si subimos o bajamos algunos escalones en los rankings internacionales, que muchas veces dejan fuera aspectos sustanciales del funcionamiento democrático.