Lejos de llegar a su fin, la Operación Océano seguirá siendo noticia por varios años más. Esta megacausa ha generado posturas que parecen antagónicas. De un lado están los que la consideran una especie de causa nacional y miran mal a quién se atreva a cuestionar la investigación por la connotación que tiene y porque involucra a “hombres poderosos”. Del otro, se paran quienes sostienen que se cometieron todo tipo de abusos en pos de encerrar a los victimarios, los presentan a todos como víctimas, y aseguran que fueron imputados con falta de pruebas. Ni una cosa ni la otra. De eso te voy a hablar en esta Newsletter Enclave.
Una megacausa y una fiscal que la convirtió en tema nacional
De los 37 indagados inicialmente fueron imputados 20. Nueve de ellos ya tienen condena obtenida en un juicio abreviado, que implica que admitieron su culpabilidad a cambio de reducir la pena. Esos nueve hombres deberán cumplirla –en algún caso prisión efectiva– y además de perder la patria potestad y no poder tener contacto con menores, tendrán que pagar 12 salarios mínimos a las víctimas (la ley 19.580 establece que se deben pagar “doce ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos”).
Otros 11 irán a juicio. Si bien a algunos de ellos la Fiscalía les ofreció cerrar el caso por acuerdo, lo rechazaron, puesto que también en ese grupo hay situaciones diversas. Está el conocido caso del exjuez de Adolescentes, Washington Balliva, que iba a buscar a una de las adolescentes al liceo y la obligaba a practicar sadomasoquismo. O el empresario puntaesteño que tuvo tres días a una menor encerrada, le tiró unas monedas y cuando supo que era menor no le importó, u otros que solo se encontraron una vez con la principal víctima sin saber que era menor. Los que integran ese grupo están convencidos de que podrán salir libres del juicio. La Fiscalía pondrá el énfasis en que no adoptaron “ninguna precaución para corroborar” la edad, o que nunca le preguntó la edad ni a ella ni a su amiga, ni le pidió ningún documento.
Todos fueron acusados por el delito de retribución o promesa de retribución a menores para que realicen actos sexuales, comprendido en la Ley Nº 17.815 –de violencia sexual cometida contra niños y adolescentes–. Se les imputó el delito a título de dolo eventual, lo que significa que no se pudo probar que supieran que eran menores pero que tampoco se preocuparon en averiguarlo.
La ley es clara en que quien tiene sexo con una menor y le paga o le ofrece bienes a cambio de prácticas sexuales comete el delito y la ignorancia no exime de culpa, pero buscar a una prostituta por redes sociales no está penado. Esta causa trató de “engordarse” y por eso se metió en la bolsa a todos los hombres que tuvieron contacto aunque nunca llegaron a juntarse y menos a tener sexo con ellas.
Por eso los restantes 17 fueron sobreseídos (las pruebas no fueron suficientes para inculparlos). De ellos, 13 habían sido imputados por la fiscal Viera y los otros cuatro nunca habían salido del estado de indagados.
Para las 11 personas que enfrentarán un juicio oral y público, la fiscalía pidió los mismos delitos y penas que van de dos a seis años de penitenciaría. En uno de los casos también se acusó por un delito de almacenamiento de pornografía con menores de edad. Antes, las defensas de los imputados tienen 30 días para responder a la acusación de la Fiscalía.
Pero por otro lado se vienen varios juicios en la órbita civil. Por un lado, las víctimas podrán iniciar juicios a los condenados, que admitieron su culpabilidad. Si bien serán resarcidas con los 12 salarios mínimos, ello no impide la reparación integral del daño causado. A su vez, algunos de los que han sido sobreseídos están pensando en entablar juicios contra la Fiscalía por esta causa. Se vienen años de juicios.
Camilo dos Santos
Errores que se han convertido en un boomerang
Errores que se han convertido en un boomerang
1. Se necesitó del auxilio de la “enderezacausas”
La idea del equipo liderado por la fiscal Darviña Viera, quién arrancó con el caso, de transformarlo en una megacausa no fue buena, porque no ha hecho más que complicar la forma de investigar, y derivó en desprolijidades y omisiones.
Debió sumarse al equipo la fiscal Adriana Sampayo, directora de la Unidad de Litigación de la Fiscalía considerada la “enderezacausas”, quien tuvo la tarea de “depurar” el caso, como contó esta nota de Paula Ojeda.
No hay una definición legal de megacausa. No hay un número de imputados o de víctimas que generen que un caso escale a “mega” pero nunca había visto en Uruguay un caso que reuniera a tantos imputados y a tantas víctimas, lo que además generó que los abogados se unieran y formaran un frente para no dejarle pasar una a la fiscalía.
2. Los 50 archivos no entregados
Otro error de la fiscalía fue omitir entregar a las defensas 50 archivos probatorios, cuando el código actual –más garantista que el anterior– obliga a que todas las pruebas deben ser entregadas en determinado momento de la investigación. Se debió designar a un policía experto en informática para recuperar esas pruebas. Entre ellas había 20 carpetas que Policía Científica había obviado subir al sistema.
"La Fiscalía no concedió acceso a toda la evidencia recolectada por ella misma, violentando de forma flagrante las garantías de nuestros defendidos y del resto de los imputados, provocándoles una indefensión total y no permitiéndonos efectuar una defensa acorde a derecho", señalaron los abogados en aquel momento, lo que motivó que la fiscalía dispusiera una investigación administrativa a Viera, que nunca se pudo iniciar porque se tomó licencia médica. Los policías responsables fueron removidos del caso.
3. Testigos ocultos
En una de las multitudinarias audiencias que se realizaron, la principal víctima hizo referencia a que había declarado en su casa dos veces. Ese testimonio no había sido incorporado a la carpeta de la investigación. Tampoco había sido incorporado el testimonio de otro testigo, por lo que se llegó a suspender una de las audiencias cuando eso saltó.
Una de las víctimas declaró a El País que sufrió estrés postraumático debido a su caso de abuso, y agregó que el proceso judicial amplificó su dolor dado que tuvo que concurrir más de diez veces a la Fiscalía para declarar y conversar con diversos técnicos. Los defensores señalaron que ninguna víctima figura diez veces en la investigación.
4. Omisiones para indagar otros delitos
Durante la indagatoria sobrevoló el tema de que los padres de al menos alguna de las víctimas podrían estar al tanto de que sus hijas eran explotadas sexualmente. La fiscal Viera alegó que indagar a los padres sería estigmatizarlas más y descartó esa opción, pero el delito se consuma apenas el titular de la patria potestad no cumple con sus deberes de “preservar la salud moral o intelectual del hijo menor”. En numerosos casos de explotación sexual de menores, la Justicia ha procesado a los padres cuando consentían o se beneficiaban económicamente.
Es esperable que después de este caso los hombres adultos se cuestionen al menos antes de relacionarse con menores, pero tampoco contribuye a atacar el fenómeno que no se indague a padres que lo promueven (sea o no el caso: si no se investiga nunca se sabrá).
Todo estas desprolijidades u omisiones fueron un boomerang para la Fiscalía porque Viera no pudo llevarse los laureles de esta causa sino que terminó saliendo del cargo por licencia médica. Su licencia médica fue extendida y la fiscal anunció a El Observador que "prontamente" se jubilará. "Era lo que yo tenía pensado desde el año pasado. Ya me estoy por jubilar, muy pronto", dijo.
