Uruguay sigue poniéndose del lado erróneo de la historia en lo que refiere a la crisis venezolana luego de excluirse del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca (TIAR). No se anima a llamar por su nombre al régimen de Maduro, que es una dictadura de tomo y lomo aunque tenga un origen democrático ya que su ejercicio es francamente absolutista. Que ignora la separación de poderes, la independencia de la justicia, el respeto de la libertad de prensa y de expresión en general, el respeto de las libertades individuales y los derechos humanos, como lo confirma de modo más que autorizado y concluyente el “informe Bachelet” que hace notar las torturas, desapariciones, crisis humanitaria, sanitaria y alimentaria.
Y lo que es más grave de todo son las más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales ante las que nuestro gobierno permanece impávido. Cuesta creerlo y por eso es bueno repetirlo: ¡¡¡8.000 ejecuciones extrajudiciales!!! Ya sería grave si fueran ejecuciones ordenadas judicialmente. Pero no: ¡son extrajudiciales!, y realizadas no solo por las fuerzas armadas del régimen sino por grupos paramilitares que actúan sin control gubernamental, como las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES.
En el informe Bachelet se señala que “tan solo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas”. Para nuestro gobierno no parece que Bachelet haya firmado este informe. Más bien deben sospechar que lo hizo la CIA. Cualquier país civilizado y democrático, como el nuestro, tomaría medidas diplomáticas de inmediato.
Pero no es así. Los 8.000 muertos no importan. Los torturados en las tenebrosas cárceles del régimen tampoco. A nuestro gobierno le preocupa, en palabras del canciller Rodolfo Nin Novoa, su “profunda alarma” por “el avance de ideologías extremas que intentan aplicar por la fuerza sus propias recetas a otros países”.
Uruguay denunció este lunes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el intento de algunos estados de la región de “aterrorizar” al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y de “asfixiarlo” con sanciones económicas.
Puede estar seguro nuestro canciller de que los que están “aterrorizados” son los propios venezolanos que huyen de Venezuela ya en un numero que supera los 3 millones. Y la “asfixia” también la siente el pueblo venezolano por las medidas y restricciones que impone el régimen de Maduro.
Es claro que la solución militar no es la solución ni para Venezuela ni para una crisis interna de otro país. Pero la presión internacional sí es un método válido ante un régimen que como el de Maduro se toma todas las negociaciones a la risa.
Y es por ello que ante el fracaso de las negociaciones auspiciadas por Noruega, la mayoría de los países latinoamericanos, reunidos en el Grupo de Lima, se disponen a aplicar sanciones contra Maduro, como ya han hecho Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Por eso, Uruguay no puede estar nuevamente del lado erróneo de la historia. No puede defender a un régimen dictatorial. No puede traicionar nuestro legado democrático ni desconocer la ayuda que Venezuela prestó durante la dictadura de los años 70 en nuestro país. Y vaya si sirvió la presión internacional. Cada día que pasa, la posición uruguaya frente a Venezuela es más incomprensible y ridícula.
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