Delito de peligro: el recorrido de un proyecto que va rumbo a ser archivado

Los senadores del oficialismo que integran la comisión se reunieron este martes para intercambiar sobre el proyecto y la sensación que quedó, según comentó la senadora Carmen Asiaín, es que el momento de aprobar este proyecto ya pasó. “Una de las cosas que se marcaba hoy es que el momentum se perdió. Una cosa es aprobar algo que venía de Diputados y otra es modificarla y volver a mandarlo (a la cámara baja)”, aseguró la senadora. 

Otros legisladores al tanto de las negociaciones, que pidieron no ser nombrados, se expresaron en el mismo sentido. En el Partido Nacional entienden que las diferencias marcadas por Cabildo Abierto no son de recibo y las conversaciones volvieron a punto muerto. Además consideran que el momento de tratarlo ya pasó. Por lo tanto, el proyecto que fue aprobado por todos los partidos de la coalición en Diputados y en la comisión del Senado ahora va rumbo a ser archivado. 

El recorrido 

El 23 de marzo de 2020, diez días después de que se decretara la emergencia sanitaria en Uruguay, el diputado blanco Mario Colman presentó un proyecto de ley que modificaba el artículo 224 del Código Penal. ¿El objetivo? Permitirle a la Justicia imputar a quienes violen las normas sanitarias impulsadas por el gobierno sin la necesidad de constatar el contagio a terceros, tal como lo dispone la ley actualmente. 

El mismo día que Colman presentó el proyecto, que también lleva la firma de su correligionario Javier Radiccioni, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se reunió con la vicepresidenta Beatriz Argimón y autoridades del Ministerio del Interior, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) para ver cuáles eran las herramientas penales que tenía el Poder Ejecutivo para controlar la epidemia. 

En esa reunión Díaz planteó dos opciones: la modificación del artículo 224 del Código Penal (el camino que iniciaría Colman) o las medidas prontas de seguridad. Descartada esta segunda opción, en el Ministerio del Interior empezaron a ver con buenos ojos la modificación del Código Penal. 

Colman, abogado de profesión, se comunicó con Argimón para informarle acerca de su proyecto y la vicepresidenta lo puso al tanto de la reunión mantenida con Fiscalía. 

“Las normas de peligro no deben ser la regla, pero en ciertas circunstancias es una herramienta válida. Yo quise poner una herramienta más arriba de la mesa”, dijo Colman a El Observador sobre las inquietudes que lo llevaron a presentar el proyecto. 

Horas después de la reunión con Argimón, Díaz le remitió un proyecto de Fiscalía para modificar el artículo 224, al que accedió El Observador, en línea con el presentado por Colman aunque con algunos matices. 

Finalmente, fue el proyecto del legislador el que fue analizado en la comisión de Constitución y Códigos de Diputados. El proyecto sufrió algunos cambios, a raíz de sugerencias realizadas por las distintas delegaciones que pasaron por la comisión, y pasó al plenario. El 1º de setiembre fue aprobado con el respaldo de todos los legisladores de la coalición. 

Pero al llegar al Senado comenzaron los problemas en el propio Partido Nacional. En una sesión del 6 de octubre de la comisión de Constitución, tanto Graciela Bianchi como Carmen Asiaín (ambas pertenecientes al sector del presidente Luis Lacalle) marcaron sus diferencias con el texto. 

“No es iniciativa del Poder Ejecutivo y a nosotros, los legisladores del gobierno –en general, de la coalición, pero la presidente (Asiaín) y yo somos de la misma lista, la 404–, ya cuando conocimos el proyecto, usamos la misma palabra que usa el doctor: nos hacen ruido algunas cosas”, dijo Bianchi en esa sesión en la que comparecía el abogado penalista Germán Aller. 

Con esa postura contraria de los blancos el proyecto pasó a segundo plano. En octubre la epidemia estaba controlada y los focos estaban puestos en otros temas como la Ley de Presupuesto que acababa de ingresar a la cámara alta. 

Pasaron los meses, la pandemia se mantuvo dentro de un relativo control –con algunos momentos más complicados como en diciembre– y el tema no se volvió a tratar. Pero a fines de marzo, con Uruguay iniciando la peor ola de la epidemia, el tema volvió a tomar impulso. 

En el Consejo de Ministros del 23 de marzo, en el que se decidió la suspensión de las clases, el ministro del Interior Jorge Larrañaga planteó el tema y pidió que se aprobara el proyecto en el Senado, según publicó Búsqueda. El presidente se mostró contrario a esta propuesta pero el mensaje que llegó a la bancada desde el Ejecutivo fue que Lacalle no se iba a oponer a su aprobación parlamentaria, dijeron a El Observador fuentes políticas. 

Fue el senador blanco, Carlos Camy, el que insistió con el tema. “El senador Camy trajo un pedido de Fiscalía y del Ministerio del Interior porque necesitaban una herramienta para aplicar con mayor claridad según dijo”, aseguró Asiain. 

Camy, senador por Alianza Nacional y cercano al ministro Larrañaga, volvió a poner el tema sobre la mesa, pero los blancos tenían que definir el asunto en la interna. 

Con la vía libre de Lacalle Pou, y en el entendido que era una herramienta más para tratar de controlar la epidemia en su peor momento, fue que los senadores del Partido Nacional cambiaron su postura y respaldaron el proyecto. 

“Yo al principio no lo quería votar, pero cambié de posición”, reconoció Bianchi una semana atrás. La legisladora aseguró que al estudiar el tema en profundidad se dio cuenta que tal como está redactado ahora este artículo del Código Penal es “abstracto” y que con este proyecto se lo “baja” a algo “concreto”.

Con este cambio de postura, el 15 de abril se aprobó el proyecto en comisión del Senado con los votos del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. 

Una semana después, la Mesa Política de Cabildo Abierto (que votó en Diputados y en la comisión del Senado) decidió no acompañar el texto y presentar una alternativa. 

Aprobar la iniciativa del partido de Guido Manini Ríos sería llevar una “ley vacía”, según la visión de los blancos. Cabildo está en contra de que el delito se refiera a normas administrativas dictadas por el MSP (como son las normas sanitarias en este caso) y no a leyes. La única norma que tiene una ley detrás es la de no aglomerarse (regulación del artículo 38 de la Constitución). Ni el uso de tapabocas en lugares cerrados, como los ómnibus, ni la necesidad de cumplir cuarentenas están establecidos en una ley. 

“De llevar la modificación de Cabildo nos quedamos con muy poquito. Esa modificación no la llevamos. Tendría que reformularse”, explicó Asiaín. 

Este lunes, el presidente dijo que tenía una visión “crítica” del delito de peligro aunque aseguró que no lo vetaría en caso de ser aprobado el proyecto. Ese mismo día por la tarde, la bancada de senadores del Partido Nacional acordó dar marcha atrás y llevar el proyecto nuevamente a comisión. Si bien algunos legisladores dicen que las declaraciones de Lacalle no pesaron porque “ya sabían” su postura, otros lo mencionan como un elemento que pesó en la decisión.

Los senadores blancos también argumentan que de no acordarse rápidamente una solución el texto empieza a perder sentido ya que el final de la epidemia está “más cerca” gracias al avance de la vacunación. La próxima semana la comisión de Constitución volverá a sesionar y votará formalmente para que el proyecto retorne a ese ámbito legislativo.