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Nueva ley de medios: cuáles temas tienen acuerdo en el oficialismo y qué puntos falta definir
Una de las prioridades legislativas del Poder Ejecutivo para 2020 era la nueva ley de medios y por eso en abril del año pasado envió al Parlamento un proyecto de ley para comenzar a discutir el tema. Sin embargo, un año después todavía quedan algunos asuntos por negociar aunque en las últimas semanas los socios del oficialismo lograron avances en puntos que hasta el momento estaban trancados.
A lo largo de la discusión parlamentaria, tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado plantearon diversas diferencias y propusieron alternativas al proyecto enviado por el gobierno. Algunas de esas discrepancias se convirtieron en nuevas redacciones mientras que otras no se han logrado saldar y, ante eso, una posibilidad es que algunos pasajes sean eliminados del proyecto.
Los legisladores oficialistas se volverán a reunir este miércoles con representantes del Ministerio de Industria para definir detalles e intentar cerrar las negociaciones pero todavía no hay una fecha para votar el tema en la comisión de Industria de Diputados. El oficialismo ya se puso dos fechas límites en 2020 para aprobar el texto en la cámara baja que luego no pudo cumplir por falta de acuerdo.
Lo acordado
Uno de los puntos definidos es que la cantidad de licencias que puede tener una persona física o juridica de radio (de AM y FM) o televisión abierta quedará en 4 para Montevideo y 6 para el interior, según informó El País este domingo.
La normativa actual, impulsada durante los gobiernos del Frente Amplio, establece un máximo de tres licencias de cualquier tipo. El proyecto original del Poder Ejecutivo proponía aumentar ese número a ocho pero tanto cabildantes como colorados se opusieron desde un inicio. En las últimas reuniones se manejaba la posibilidad de establecer en 5 el máximo de licencias.
Tras las negociaciones, los socios de la coalición decidieron dejar reflejada en la normativa una diferencia entre la capital y el resto del país porque “no es lo mismo” tener una radio o un canal en Montevideo que en otro punto del territorio, según dijeron distintos legisladores consultados por El Observador.
El otro tema que había generado diferencias y que está muy cerca de cerrarse es el vinculado a la obligación de Antel de arrendar su infraestructura (artículo 48) para que los cableoperadores puedan prestar servicios de internet a los hogares.
Tal como informó El Observador a mediados de marzo, Cabildo Abierto y el Partido Colorado no estaban dispuestos a que la ley obligue a la empresa telefónica estatal a arrendar su infraestructura. El diputado cabildante Sebastián Cal presentó una alternativa que mantiene la habilitación para las empresas de cable pero no obliga a la empresa estatal. Fuentes del Ministerio de Industria dijeron a El Observador que están de dispuestos a modificar el texto con esa propuesta.
El tema generó diferencias desde el principio . En la versión original del gobierno, el proyecto obligaba a Antel a arrendarle su infraestructura (la fibra óptica) a los cableoperadores. Una segunda versión, comprendía a todas las empresas de telecomunicaciones –no solo a Antel–.
Finalmente, las empresas de cable podrán brindar internet pero lo tendrán que hacer con infraestructura propia o negociando con las que ya tienen, pero sin que estas empresas estén obligadas a prestar sus instalaciones.
Lo que falta acordar
Uno de los puntos que queda por negociar está vinculado al artículo 14 que refiere a la venta de licencias a empresas extranjeras.
El texto original habilitaba a una empresa extranjera a comprar uno de los cableoperadores con licencia para ofrecer internet a los hogares y competir de esa forma con Antel.
Es decir, lo que inicialmente se preveía para “ayudar” a las empresas de cable, según lo definió el ministro de Industria, Omar Paganini, podía transformarse en que grandes multinacionales terminaran compitiendo con la empresa telefónica estatal.
Ante eso, nuevamente los socios de la coalición plantearon sus reparos y todavía se continúa negociando, según dijeron a El Observador fuentes parlamentarias.
Los legisladores oficialistas que no estaban de acuerdo con este tema plantearon restringir la posibilidad de vender a extranjeros una empresa de cable que tenga licencia de internet pero el Poder Ejecutivo lo rechazó.
Una de las posibilidades negociadas por estas horas es que se le dé al Poder Ejecutivo la potestad de habilitar o no la transferencia de licencias a empresas extranjeras. Esto implica que sea el gobierno el que tenga la potestad de habilitar la venta de una empresa de este tipo caso a caso. En el Partido Colorado también manejan la idea de que sea obligatorio dar cuenta a la Asamblea General cuando se realicen este tipo de operaciones.
El asunto será uno de los que volverá a estar sobre la mesa en la reunión de este miércoles.
El otro tema en el que no hay acuerdo es sobre eliminar la obligatoriedad que tienen los canales de aire de darle su servicio a los cables. Se trata del artículo 40 que el Partido Colorado ya adelantó su rechazo a votarlo en caso de mantenerse la redacción tal como vino del Ejecutivo. “No hay marcha atrás, mi posición está tomada”, dijo en marzo a El Observador el diputado colorado Martín Melazzi.
Si bien son pocas las posibilidades de llegar a un acuerdo todavía hay legisladores del oficialismo que mantienen la esperanza. La intención en la coalición es no llegar a votar divididos.
El Partido Colorado planteó el año pasado que la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) pueda interceder si no hay acuerdo entre los canales de aire de Montevideo y los cableoperadores del interior. “Si mañana los canales de aire deciden no dar su señal, que la Ursec pueda garantizar ese servicio. Siempre a cambio de un monto”, explicó Melazzi en su momento.
El legislador argumentó que el 80% del tiempo que las personas del interior miran televisión ven los canales de aire de Montevideo y, por tanto que los cables del interior no tengan los canales de aire de la capital pone en riesgo puestos laborales, según la visión del diputado. Pero su propuesta no fue acompañada por el Ejecutivo.
