Detrás de la discusión sobre los cambios a la ley de medios hay un debate filosófico sobre el rol de las empresas públicas y la intervención del Estado en un mercado particular que no es posible saldar en una nota. Pero el nuevo proyecto sobre la comunicación audiovisual por medios tradicionales plantea algunos cambios que tendrán consecuencias concretas en el corto plazo en el caso de ser aprobado tal y como está redactado.
Ese debate ideológico quedó claro en la defensa del proyecto que la semana pasada realizó el ministro de Industria, Omar Paganini. El jerarca aseguró que en el gobierno discrepan con la "filosofía de mucha reglamentación y mucho control" y recordó los problemas de inconstitucionalidad que tuvo la ley. Pero, además, defendió la necesidad de "flexibilizar la ley" para que los medios tradicionales tengan “viabilidad” ante una transformación digital que es “imparable”.
“Nos parece bueno ayudar a ampliar el negocio de los cableoperadores que hace tiempo vienen reclamando, potenciar algunas capacidades comerciales mayoristas que tiene Antel y aprovechar una infraestructura que no está 100% utilizada”, dijo Paganini consultado por El Observador.
Es claro que el nuevo proyecto viene a modificar una ley que lejos está de haber funcionado a la perfección. Con varias declaraciones de inconstitucionalidad en diversos artículos y con normativas que nunca fueron fiscalizadas, el anterior Poder Ejecutivo había impulsado cambios que no se concretaron a nivel legislativo.
Inicialmente, el borrador del proyecto de ley de urgente consideración planteaba derogar o modificar esos artículos que tenían sentencias contrarias. Sin embargo, finalmente el gobierno decidió recorrer un camino distinto y presentó un nuevo proyecto para regular el sector, que tiene una menor intervención en el mercado que la ley actual y que recoge las principales demandas de los cableoperadores (que son los mismos grupos que los canales de televisión abierta).
La principal polémica
El artículo 48 del nuevo proyecto es el que ha generado mayor atención. Es el que habilita la propiedad cruzada de licencias para televisión por cable y servicios de internet, pero ha sufrido hasta tres modificaciones presentadas por el Ejecutivo.
En el primer borrador de la ley de urgente consideración, presentado en enero, abría el mercado a que cualquier actor, nacional o internacional, ingresara en el negocio de transmisión de datos a los hogares, que actualmente Antel tiene en monopolio. En ese entonces, el director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) por el Frente Amplio, Nicolás Cendoya, aseguraba que la “gente no ve” el “potencial concentrador” de ese artículo y advertía que podían llegar “empresas gigantes a nivel mundial” como Claro y Movistar y adueñarse del mercado.
Vale aclarar que el pasaje de la actual ley de medios que prohíbe la propiedad cruzada ya no regía para canal 4, Montecable, canal 12 y Nuevo Siglo porque la Suprema Corte de Justicia les había dado la razón en los recursos de inconstitucionalidad presentados contra ese artículo.
Un par de meses después, el proyecto definitivo presentado por el gobierno le daba una vuelta a este tema y obligaba a Antel a prestar “servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de telecomunicaciones interesados en el acceso o uso para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes”.
Sin embargo, Paganini adelantó la semana pasada en El Espectador que ese artículo quedará por el camino y que el tema se reduce al artículo 48 del proyecto sobre la comunicación audiovisual que fue presentado aparte.
¿Qué establece ese artículo? Algo muy similar a lo que plantea el artículo 268 de la LUC, pero lo limita solo a aquellos que tienen licencia de televisión por cable. Es decir, quienes van a poder ofrecer servicios de internet al hogar alquilando la infraestructura de Antel serán quienes ya ofrecen televisión para abonados. De esta forma quedan por fuera las grandes multinacionales como Claro y Movistar. Los cableoperadores también tendrán la posibilidad de ofrecer servicios de internet mediante sus propias redes.
Diego Battiste
Fuentes del Ministerio de Industria reconocieron que “sería complejo” dejar ingresar a grandes multinacionales al mercado por su poder económico y por eso decidieron restringirlo a los cabeloperadores.
Para Cendoya, ese artículo es el más importante de la ley y se trata de un mecanismo para “consolidar el poder mediático de los grandes grupos que están detrás de los tres canales abiertos (12, 10 y 4)”. Sin embargo, va un poco más allá y asegura que “no se está advirtiendo” que algunos de esos canales están en venta y pueden ser adquiridos por grandes multinacionales.
Los canales abiertos se ven beneficiados porque cada uno es dueño de una empresa de televisión por cable. Canal 12 de Nuevo Siglo, canal 10 de TCC y canal 4 de Montecable.
El otro debate
El artículo 48 también abrió otro frente respecto al rol de Antel. Mientras que desde la oposición aseguran que se va a “desguazar” a la empresa pública, en el Poder Ejecutivo entienden que se puede rentabilizar partes del negocio del ente que hoy no están siendo del todo aprovechadas.
Antel, en caso de que se apruebe el proyecto tal y como está, deberá alquilar su infraestructura a los cableoperadores que pretendan prestar servicios de internet. Si bien la reglamentación deberá definir algunas cosas, el monto de ese arrendamiento será acordado a “precios de mercado” y podrá intervenir la Ursec en caso de que no haya acuerdo.
“Hay que crear un sistema de telecomunicaciones en torno de Antel y no sistemas de monopolio”, aseguró Paganini, y destacó la inversión en infraestructura que se ha realizado. El ministro planteó que se van a “rentabilizar activos” que hoy no lo están y que es algo que en el mundo “sucede por todos lados”.
Sin embargo, para la exministra de Industria y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, no hay una “necesidad objetiva” de abrir el mercado ya que la cobertura de la empresa estatal es muy amplia. “Se está forzando a Antel a vender su infraestructura para que le compitan. ¿Dónde está el estímulo a la inversión privada? Es un disparate”, dijo en El Espectador.
Cendoya (propuesto por el FA para ser director en Antel), en tanto, aseguró que en Ursec tienen una serie de denuncias de vecinos de centros urbanos donde todavía no ha llegado la fibra óptica y asegura que con estos cambios, la fibra nunca llegará.
“Nadie va a ir a tirar fibra a Salinas Norte (de donde recibieron denuncias) porque no es negocio. La única forma de que le llegue es defender la inversión pública”, apuntó.
Otros cambios
El nuevo proyecto de ley de medios amplía los límites para la publicidad en radio de 15 a 20 minutos por hora y mantiene el de la TV en 15. Sin embargo, permite una tolerancia de un minuto más para ambos casos. Además, establece algunas excepciones que permiten ampliar ese límite en cinco minutos por hora tanto en radio como en TV para momentos de “incremento del movimiento comercial”. Las excepciones, que ya existían, deberán ser habilitadas por la Ursec.
También queda por el camino el espacio gratuito para publicidad electoral que los canales debían otorgar a los partidos políticos durante las campañas.
Diego Battiste
La posibilidad de concentrar licencias de radio y televisión –que hoy está limitada en un máximo de tres y solo dos en la misma frecuencia de radio– se amplía a ocho y a cuatro por frecuencia. Sin embargo, en la actualidad hay grupos de medios que incumplen esta normativa y no han sido sancionados, según denunció en reiteradas ocasiones el director de Observacom, Gustavo Gómez.
Los intérpretes de señas, que en la actualidad debían ser integrados en una serie de programas de forma gradual, quedan reducidos a los “programas informativos”, según dice el proyecto.
También se deroga el capítulo referido a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y solo se establecen regulaciones respecto al horario de protección al menor y a la participación de los niños en publicidades. Al derogarse varios artículos también queda por el camino la forma en la que se financiaba el Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual creado por la ley de medios actual.
