El directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) redactó un documento con cuestionamientos al personal de dragado y luego lo envió a todos los funcionarios. El texto contó con el aval de los tres integrantes, pero un comunicado de prensa posterior generó un choque político en el órgano de conducción del organismo.
¿Cómo es posible que la draga 7 permanezca sin trabajar cuando está en condiciones de hacerlo? Esa pregunta fue la que encabezó la comunicación interna.
La ANP tiene tres dragas (D7, D9 y D11) que son operadas por tripulación pública y que desde fines del año pasado han tenido problemas de funcionamiento por roturas o medidas sindicales.
El texto planteó que la respuesta está en el convenio laboral que la pasada administración acordó con el sindicato. Ese convenio abarca a las tripulaciones de las dragas de succión embarcadas en régimen semanal y obliga a continuar pagando partidas por encima del salario regular aun cuando los barcos no estén operativos, en caso de varada, rotura o cualquier otra causa.
El documento señaló que, en promedio, se trata de partidas por encima del salario que se ubican en el entorno de $ 100.000 mensuales nominales. Añadió que en el caso de personal jerárquico ascienden hasta $ 250.000.
Uno de los capítulos se refirió a la draga D7 que en los últimos meses ha detenido la actividad por medidas sindicales. Allí mencionó que las faltas de un cocinero y ayudante de cocina fueron utilizadas como un pretexto para que un turno se negara a trabajar. Sin embargo, como resultado del convenio toda la tripulación continuó recibiendo el salario base y las partidas especiales.
“El convenio vigente, que está siendo renegociado a solicitud de la actual dirección de la ANP, permite que toda la tripulación siga cobrando su salario regular y también las partidas sin necesidad de dragar”, expresó.
Ante eso, la intención de la actual administración es sustituir ese modelo por un sistema de incentivos reales vinculados al cumplimiento de metas y objetivos.
“No es justo tomar de rehén al país para cobrar sobresueldos”, afirmó el texto. “No es lógico apelar a la defensa del dragado nacional y al mismo tiempo negarse a dragar con pretextos menores, sabiendo que los ingresos salariales, y por encima del salario regular, están asegurados”, agregó.
Hasta ese momento la postura en el directorio de la ANP era clara y apuntaba directamente a los funcionarios de dragado.
Pero posteriormente se emitió un comunicado de prensa que ya no contó con la unanimidad de los tres directores.
En ese texto se expuso que el anterior quinquenio (gobierno de Lacalle Pou) estuvo marcado por la falta de mantenimiento de la flota de dragado, ausencia de inversiones y problemas de gestión. Añadió que al inicio de la actual administración el 70% de las embarcaciones propias estaba fuera de servicio y que entre 2021 y 2024 los volúmenes de extracción de sedimentos fueron inferiores a los requeridos para mantener las profundidades.
El choque político
La redacción fue reprobada por el director por la oposición, Jorge Gandini. En una carta al directorio y a los funcionarios rechazó lo expuesto en el comunicado de prensa, que no reconoció “responsabilidades y falencias de esta administración”.
“Se trata de una expresión tendenciosa, sesgada y política que, en los hechos, parece tener como único objetivo cargar la responsabilidad exclusivamente en la administración anterior”, escribió.
Expuso que además de no resumir la visión del directorio sobre el dragado tampoco “se ajusta a la verdad cuando pretende responsabilizar a la gestión por falta de inversión en equipos y obras”.
Desde su visión el texto expresó una visión diferente a la que comparte el directorio con la intención de dividirlo y cambiando el foco del comunicado que se envió a los funcionarios.
“Debería suponer que el presidente del directorio (Pablo Genta) fue quien avaló ese comunicado y autorizó su difusión pública. De ser así, debo manifestar mi desacuerdo con el procedimiento y mi rechazo”, dijo. Complementó que si eso no había ocurrido se deberá investigar la autoría del texto y la responsabilidad de su difusión.
Gandini mencionó que este miércoles participó de un evento logístico en el que la ANP había sido un auspiciante calificado y que tuvo para la apertura a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry. Contó que durante la inauguración de ese evento no estuvieron los restantes integrantes del directorio, ni tampoco representantes de las gerencias del organismo.
“El vaciamiento del respaldo a la ministra por parte de la ANP es una omisión que debo rechazar, porque es una omisión institucional que no tiene explicación”, concluyó.
