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Bianchi y Asian fueron las legisladoras que se opusieron inicialmente

Nacional > Cambio de posición

Senadores blancos dan marcha atrás y respaldan proyecto que creían contrario a la política del gobierno

Se trata de la creación de un delito que castiga a quienes incumplan las normas sanitarias. Las legisladoras Graciela Bianchi y Carmen Asiain habían planteado “serios cuestionamientos” al texto

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21 de abril de 2021 a las 05:01

La bancada de legisladores del Partido Nacional decidió votar e impulsar el proyecto de ley que crea el “delito de peligro” por incumplir normas sanitarias y que permite castigar con hasta dos años de prisión a quienes pongan en riesgo la salud humana. 

Sin embargo, cuando este proyecto llegó a la Cámara de Senadores, en octubre de 2020, fueron las legisladoras blancas Graciela Bianchi y Carmen Asiaín, las que plantearon reparos. El texto fue una iniciativa de los diputados blancos Mario Colman y Javier Radiccioni y fue aprobado con el respaldo de todo el oficialismo en la Cámara de Diputados. 

“No es iniciativa del Poder Ejecutivo y a nosotros, los legisladores del gobierno –en general, de la coalición, pero la presidente y yo somos de la misma lista, la 404–, ya cuando conocimos el proyecto, usamos la misma palabra que usa el doctor: nos hacen ruido algunas cosas”, dijo la senadora Bianchi en la sesión de la comisión de Constitución y Legislación, La presidenta de esa comisión en ese entonces era Carmen Asiaín.

Bianchi fue un poco más allá y dijo que este proyecto no era “coherente” con la “base del funcionamiento que han tenido las políticas que se han aplicado” durante la emergencia sanitaria y, por eso, dijo que iba a buscar la “posición del Poder Ejecutivo”.

En el mismo sentido se expresó la senadora Asiaín. “Nosotros –y hablo exclusivamente en nombre de la bancada del Partido Nacional; no voy a involucrar a los demás– tenemos serios cuestionamientos con respecto a este proyecto de ley”, aseguró en esa misma sesión. Esa sesión de la comisión fue realizada en octubre de 2020 y recién esta semana la bancada oficialista avanzó en este tema. 

Pero esos “serios cuestionamientos” quedaron por el camino y el texto cuenta ahora con el respaldo de toda la bancada del Partido Nacional. El 15 de abril el texto fue aprobado en comisión solo con los votos del oficialismo. 

“Yo al principio no lo quería votar pero cambié de posición”, reconoció Bianchi en diálogo con El Observador. La legisladora aseguró que al estudiar el tema en profundidad se dio cuenta que tal como está redactado ahora este artículo del Código Penal es “abstracto” y que con este proyecto se lo “baja” a algo “concreto”. 

Bianchi asegura que estudió en profundidad el tema y cambió de postura

El proyecto modifica el artículo 224 del Código Penal referido a las violaciones de “disposiciones sanitarias” para “impedir la introducción o propagación” de enfermedades “epidémicas o contagiosas”. Ese artículo establece que aquel que “causare daño a la salud humana o animal” será castigado con penas de tres a 24 meses de prisión. 

Es decir, es necesario comprobar que se causó un daño a la salud. Ahora, el nuevo proyecto pretende cambiar eso y que no sea necesario comprobar el daño a la salud sino que alcance simplemente con ponerla en riesgo. Es por eso que se lo llama “delito de peligro”. 

Bianchi consultó con fiscales y llegó a la conclusión de que actualmente es imposible procesar a alguien por incumplir las normas sanitarias excepto que se compruebe que contagió a alguien y dijo que es “muy difícil” probar el daño.

Lo asimilo a una situación de dolo eventual. Yo no tenía intención pero no medí que mis conductas podían provocar el resultado que provocaron por el incumplimiento de las normas vigentes”, explicó Bianchi para justificar su cambio de postura. El dolo eventual se aplica cuando una persona genera algún tipo de daño sin intención directa de hacerlo pero sabiendo que sus acciones lo podían generar.  

Consultada sobre sobre su postura de que no era coherente con el concepto de “libertad responsable”, defendido por el Poder Ejecutivo, la senadora aseguró que este proyecto permite “hacer responsable” a la gente que está incumpliendo y es darle “otra herramienta” al Poder Ejecutivo para disuadir las aglomeraciones. 

La senadora Asiaín también reconoció que inicialmente estaba “en contra totalmente” de este proyecto y dijo que “en abstracto y fuera de una emergencia sanitaria” mantiene esa misma posición. Sin embargo, en el contexto de la epidemia entiende que si el derecho penal precisa comprobar el daño “llega tarde”

Al mismo tiempo aseguró que en comisión planteó que se estableciera un tiempo para el delito, vinculado con la emergencia sanitaria, pero no tuvo eco en sus colegas. De todos modos, entiende que todavía hay margen para introducir cambios. 

La senadora recordó que en octubre del año pasado dialogó sobre este tema con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, a quien le planteó las dudas que, según Asiaín, fueron compartidas por el jerarca. Sin embargo, aseguró que ahora no se volvió a comunicar con el Poder Ejecutivo por este proyecto. 

Asiaín asegura que "en abstracto" sigue en contra del proyecto

En esa sesión de octubre, el abogado penalista y director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), Germán Aller, aseguró que existían otros delitos, como el desacato o el de lesiones, para castigar a las personas que incumplían las normas sanitarias. 

Además, Aller cuestionó que este cambio quede permanente y se transforme en “derecho penal de enemigo”. “El proyecto de ley no solo habla de pandemias sino también de enfermedades contagiosas en situaciones especiales. En situaciones especiales, una enfermedad contagiosa sería un clásico resfrío y no solo el covid-19, es decir, cualquier otra patología. No soy médico; cualquiera puede imaginar mucho más que yo. Es así que esto quedaría como una herramienta de verdadero derecho penal de autor, derecho penal de enemigo”, aseguró según consta en la versión taquigráfica. 

El primero en poner este tema sobre la mesa fue el fiscal de Corte, Jorge Díaz. En una reunión en marzo de 2020 cuando el gobierno evaluaba las medidas que tenía al alcance para reducir la movilidad, Díaz fue consultado sobre el tema y mencionó en una reunión con la vicepresidenta Beatriz Argimón la posibilidad de modificar este artículo. 

Finalmente fueron los diputados blancos Colman y Radiccioni que llevaron este tema a un proyecto de ley. 

Díaz dijo este martes que de aprobarse la modificación legal que busca castigar a quienes con su conducta pongan en riesgo la salud de los demás en el marco de la pandemia, el gobierno deberá definir de forma "clara" cuáles son las normas sanitarias que deben respetarse.

Insistió en que deberá "estar claro qué es lo que está prohibido", de forma de facilitar el trabajo de los fiscales, si la norma termina promulgándose. "Si está prohibido organizar una fiesta clandestina, tiene que quedar claro. Si está prohibido circular en un ómnibus con más aforo del establecido, tiene que quedar claro", dijo el fiscal de Corte.

Colorados respaldan y Cabildo evalúa

En comisión tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto acompañaron la iniciativa pero los votos de los cabildantes todavía no están seguros en el plenario. 

“Quiero decir que Cabildo Abierto también tiene fundadas dudas sobre la conveniencia de aprobar este proyecto de ley”, dijo el senador Guillermo Domenech en la mencionada sesión de la comisión de octubre. 

Domenech compartió en ese momento la postura de Bianchi respecto a que era contradictorio con “la política del Poder Ejecutivo de no penalizar”

En diálogo con El Observador, Domenech afirmó que Cabildo Abierto definirá su postura este miércoles en una reunión de la mesa política. Sin embargo, recordó que este delito como se lo quiere consagrar ahora estuvo vigente hasta el 2002 pero la doctrina tradicional siempre tuvo dudas sobre este delito. 

“Parafraseando al amigo (José) Mujica, como te digo una cosa te digo la otra. Este delito estuvo vigente muchos años, pero siempre hubo dudas sobre si era constitucional”, explicó. Es que el “delito de peligro” es para Domenech una “norma penal en blanco” porque es un tipo de delito que “se completa con resoluciones de tipo administrativo de la autoridad sanitaria”. “Eso generaba dudas de su era constitucional. Los delitos y las penas tienen que estar en una ley”, dijo. 

Consultado sobre el respaldo de Cabildo al proyecto en Diputados, Domenech dijo que “no consultaron” a los senadores en el momento que se votó.

Los colorados, por su parte, si bien todavía no tienen una postura oficial ya resolvieron que van a votar el texto al igual que lo hicieron en la cámara baja. “Es una herramienta disuasoria. Sirve para castigar a los irresponsables”, defendió el senador colorado Pablo Lanz. 
 

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