La comisión de Salud de la Cámara de Diputados fijó como una prioridad para este 2026 aprobar el proyecto de ley que regula los denominados servicios VIP de las mutualistas. Se trata de una iniciativa que busca prohibir que las instituciones puedan ofrecer una atención preferencial para usuarios que paguen un diferencial en los servicios básicos que se ofrecen en el marco de lo establecido en el Plan Integral de Atención a la Salud.
Si bien es un debate que viene desde 2022 y cuenta con respaldo de los principales partidos, todavía quedan asuntos por definir –como qué hacer con los socios que ya tienen ese servicio–que se debatirán en el primer semestre de este año.
Sin embargo, el diputado oficialista Federico Preve ya está pensando en el siguiente paso. En la comisión de Salud del martes 10 planteó la necesidad de, luego de aprobar el proyecto sobre los servicios VIP, avanzar con otro complementario para regular los seguros privados de salud.
Preve entiende que “hay una competencia” por los usuarios y que la regulación de esos servicios diferenciales en las mutualistas va a tener “alguna repercusión” en los seguros privados. Si bien entiende que se podría tratar todo junto, decidió dejarlo para después para no “dilatar” la aprobación del proyecto vinculado a las mutualistas.
“Para no introducir nuevos temas vinculados con los seguros privados en este proyecto, pero sí creyendo que hay una relación directa de competencia entre los usuarios, quizá luego se tenga que priorizar la evaluación de un proyecto sobre el Fondo Nacional de Salud y los seguros privados, vinculado con la competencia y lo que terminemos de votar con los servicios VIP”, dijo en la comisión según consta en la versión taquigráfica.
¿Cuál es la idea de regulación? Preve dijo a El Observador que se trata de “equilibrar la competencia” y para eso es necesario que los seguros privados no puedan “seleccionar o excluir por enfermedad” a los usuarios. Hoy un seguro privado puede rechazar a un usuario algo que no pueden hacer las mutualistas
El otro camino es disminuir o eliminar el aporte que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) hace a los seguros privados a través de las cápitas. “Considerando que sus balances operativos son superavitarios y la idea es evitar el lucro en salud con dineros públicos”, dijo Preve e insistió en que hay que regular el derecho a la salud. “No vale todo, el derecho está por encima del lucro”, remató.
Si bien se trata de una iniciativa personal del legislador, es un tema que ha sido conversado con la bancada oficialista y también con distintos representantes del Ministerio de Salud Pública, donde hay sintonía. Incluso, la directora general de Salud, Fernanda Nozar, se expresó en el mismo sentido.
Consultada por El Observador a mediados de enero sobre la posibilidad de cortar las cápitas del Fonasa (el dinero que las instituciones reciben por usuario) a los seguros privados dijo que es una “discusión muy fuerte que hay que dar”. “¿Cómo se da la distribución de los recursos que salen de las arcas del Estado? ¿Tiene que ser tan homogénea hacia seguros privados? Lo otro es cambiar la reflexión y exigir a todos los prestadores las mismas condiciones de auditoría, de ejercicio sanitario, que las otras instituciones”, aseguró.
Para la directora de Salud existe hasta una “competencia que en determinadas circunstancias es desleal” entre los seguros privados y el sistema mutual porque los primeros se pueden llevar “los mejores recursos” tanto humanos como tecnológicos.
Nozar cuestionó directamente el “filtro” que tienen los seguros al seleccionar o prohibir el ingreso de algunos usuarios por antecedentes médicos o de edad. “Es uno de los principales filtros que hacen los seguros privados y que no corre para el resto de las instituciones. Eso no se debería poder hacer”, aseguró.
Los seguros privados tenían a diciembre de 2025 unos 126.534 afiliados de los que casi 90 mil (71%) son socios a través del Fonasa (sobre lo que pagan una cuota aparte), según datos del Ministerio de Salud Pública procesados por El Observador. El Hospital Británico, Medicina Personalizada y Bule Cross & Blue Shield concentran el 70% de los afiliados.
Al desagregar por edad, mientras que en el sistema mutual casi 1 de cada cinco socios (18,7%) supera los 65 años, en los seguros privados es poco más de uno de cada diez (11,5%) los que superan esa edad. El sistema mutual tiene más de dos millones de usuarios.
El reclamo de las mutualistas
Durante el tratamiento del proyecto de servicios VIP de las mutualistas la comisión de Salud recibió a Asamblea Montevideo, una organización que nuclea a las mutualistas de la capital excepto la Asociación Española.
En ese marco, el gerente general de la Médica Uruguaya, José Bonanata, reclamó que se incluya en la regulación a los seguros privados porque “hacen lo que quieren y no tienen ningún tipo de control”.
“Eligen qué socio entra y qué socio no entra; después que eligieron, le cobran la tasa moderadora que le quieren cobrar; después de eso, se la suben cuando se la quieren subir, y cuando se pasa a una etapa en la que el socio no puede pagar porque cada escala no tiene relación con un precio, a los cincuenta y pico de años vuelven a las IAMC porque no pueden pagar el seguro privado”, apuntó según consta en la versión taquigráfica.
Servicios VIP
La comisión de Salud se fijó como prioridad para este 2026 aprobar el proyecto en el que avanzó a lo largo de todo 2025.
La iniciativa, que consta de cinco artículos, establece que los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud “no podrán implementar acuerdo o convenios de carácter oneroso con sus usuarios que otorguen condiciones de acceso preferenciales en cuanto a los tiempos de espera u oportunidad de brindar las prestaciones obligatorias” establecidas en la normativa.
El texto agrega que el Ministerio de Salud Pública podrá aplicar sanciones –que van desde el apercibimiento hasta la clausura, pasando por multas de hasta $ 92 millones– a los prestadores que incumplan esta norma.
El tema se trató por primera vez en 2022 cuando el Ministerio de Salud Pública de entonces, encabezado por Daniel Salinas y José Luis Satdjian, introdujo un artículo en la Rendición de Cuentas que iba en el mismo sentido. Los distintos actores del sistema aseguran que este fenómeno de diferenciación se acentuó durante la pandemia.
Sin embargo, ese artículo terminó sacándose de la rendición y el Frente Amplio, por ese entonces en la oposición, presentó un proyecto de ley que no llegó a aprobarse. Al empezar la nueva legislatura el asunto tuvo un nuevo impulso y tiene el respaldo de frenteamplistas, blancos y colorados.
