27 de agosto de 2011 22:06 hs

El cinturón de seguridad lo delató. Y el aliento a alcohol. Era una noche de invierno como cualquier otra en Dallas, Texas. Pablo –un uruguayo de 24 años– volvía de un boliche en su auto cuando la Policía lo detuvo. En los diez años que llevaba viviendo como ilegal en Estados Unidos, ya lo habían parado en alguna otra ocasión, pero nunca pasó nada. Esa noche de sábado fue distinta.

La Policía lo detuvo al ver que no tenía puesto el cinturón. Le hicieron tres pruebas de alcoholemia y dio negativo, pero como no tenían un espirómetro, lo llevaron a la cárcel para hacerle ese examen. Era enero de 2011. Dio positivo. Lo arrestaron.

“Tuve mala suerte. Si hubiera sido una cárcel de distrito estaba un día, pagaba una fianza y salía. Pero caí en una cárcel de condado y ahí te chequean y saltan tus datos”, recuerda en la casa de su abuela, en Montevideo, el joven que se hace llamar Pablo para proteger su identidad. Allí vive temporalmente mientras se prepara para intentar regresar a Estados Unidos por tercera vez.

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En el año 2001, cansados de no poder llegar a fin de mes en Uruguay, sus padres eligieron sumarse al exilio económico. Pablo y su hermana asistieron a la secundaria. Al momento de su detención, el joven tenía una novia argentina y trabajaba como camarero en un restaurante con un sueldo de US$ 1.700 por mes. “Estábamos sin papeles, como casi todo el mundo. La idea era conseguirlos, pero no hay muchas formas. La mejor es casarte con una persona estadounidense. Al mes te dan un permiso de trabajo, a los seis meses la residencia y a los cuatro años la ciudadanía. La otra opción es esperar que se haga una amnistía, pero por ahora no la han hecho”, explica Pablo.

La vía mexicana
Estuvo dos semanas en la cárcel del condado y 25 días en la de inmigración hasta que lo deportaron. “En la cárcel me metieron con gente que estaba presa por abuso infantil, drogas y alcohol. Las primeras dos noches no dormí”, comenta. La de inmigración se llamaba Centro de Detención, pero adentro era como cualquier otra cárcel. “Si viene una pelea, no te queda otra que pelearte”, señala. Pablo solo consiguió ver a su hermana en la primera prisión. En la segunda, no lo pudo visitar nadie.

A fines de febrero llegó a Montevideo. Su primera idea fue concertar un matrimonio con una estadounidense para “arreglar los papeles”. Un casamiento vale entre US$ 5 mil y US$ 10 mil. Pero demora casi dos años, por lo que Pablo decidió irse vía México.

Por medio de amigos mexicanos obtuvo teléfonos de coyotes y empezó a llamar. “Hasta que di con uno en el que confié. Pero nadie te garantiza que sea 100% seguro. Me la jugué”.

Jugársela significó volar a México y de ahí comenzar la peregrinación hacia la ribera norte del río Bravo, al igual que miles de inmigrantes latinoamericanos. Primero fue un avión a Monterrey, con escala en Ciudad de México, valor US$ 1.500.

Desde Monterrey se tomó un ómnibus hasta Reynosa. Tres horas de ruta hasta esta ciudad casi pegada a la frontera con Texas. “En la terminal de ómnibus me bajé y había al menos 20 coyotes esperando gente. Llegué y me tomé un taxi al hotel que me habían indicado”.

Para atravesar Reynosa, Pablo tuvo que abonar un peaje de US$ 200 a los narcotraficantes. “Cada zona es de un cartel. Los coyotes son los que te llevan, pero necesitan el permiso de los narcotraficantes. No se puede ir hasta ahí sin tener un contacto. Ir solo sin conocer es como ir con media bala en la cabeza”, explica.

Del hotel en Reynosa lo llevaron al galpón de una casa donde convivió tres días con otros inmigrantes que iban camino a Estados Unidos. Eran cinco hombres y tres mujeres de nacionalidad mexicana y guatemalteca.

No podían salir del galpón porque los militares recorren la zona en busca de inmigrantes ilegales –incluso en helicópteros– y si ven mucha gente junta en una casa, intuyen el motivo. “En la frontera hay mucha corrupción, pero a los militares no los compran con nada”, comenta Pablo mientras enciende un nuevo cigarro en la estufa a gas. Al tercer día los coyotes los fueron a buscar.

El cruce del río Bravo
Era pleno día. Pablo y otras 10 personas subieron a una lancha, cruzaron el río y corrieron una hora por el bosque, ya en suelo estadounidense. Luego se mantuvieron escondidos. “Cuando cruzamos el río, los que nos tenían que ir a buscar no fueron porque pensaron que nos habían agarrado. Estaba todo patrullado por policías de Inmigración. No podíamos movernos. Estuvimos tirados en el pasto, escondidos en el medio del monte desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. En la oscuridad tuve un policía a 15 metros y no me vio. ¡Cómo me latía el corazón!”, rememora emocionado. Pero el plan siguió su marcha. La Policía se fue y en la noche otros mexicanos pasaron a recogerlos por el monte.

La aventura del inmigrante ilegal está dividida en etapas. La persona que llevó a Pablo a cruzar el río tiene contrato con el coyote, y no solo trabaja para uno, sino que puede hacerlo para 10 coyotes distintos. El precio del cruce es de US$ 1.500 por persona.
Ya en Estados Unidos, Pablo fue llevado a la ciudad de McAllen, lugar donde debía aguardar antes de pasar el último control. Allí estuvo una semana. “El único momento en que temí fue cuando llegué a esa casa”, explica Pablo. “Llegué solo y me recibió el dueño de casa con una pistola en la cintura y un rifle en la mano”.

En esa vivienda había tres inmigrantes más. Cerca de allí había otra casa en donde su anfitrión tenía más gente alojada en la misma situación.

El hombre que lo albergó manejaba todo tipo de negocios. “Hablaba por varios teléfonos y daba órdenes. Organizaba todo tipo de transa. Escuchábamos que pedía 200 kilos de esto, 200 kilos de aquello”, comenta. “Con él tomábamos cerveza. En la casa había una mesa de pool y una vez nos pusimos a jugar. Él con un caño en la cintura.

Estábamos jugando lo más bien, pero emboqué un par de bolas seguidas y me miró con mala cara. Pensé que podía pegarme un par de tiros y dejarme tirado por ahí sin que nadie se enterara, así que me hice el boludo”, relata el joven uruguayo.

Pablo reconoce que no lo trataron mal. Lo que no implica que los nervios sean muchos a la hora de ponerse en manos de gente que puede hacer lo que quiera con los inmigrantes que buscan el sueño americano. Luego de una semana en aquella casa llegó el momento de atravesar el escollo definitivo: un chequeo migratorio dentro de McAllen, que hay que pasar sí o sí. Se suponía que el río era la parte difícil y esta la fácil. Pero no fue así.

Era viernes. En principio iban a intentarlo el lunes, pero esa mañana el dueño del escondite les anunció que había conseguido gente para pasarlos al otro lado. “No eran de su confianza, sino unos americanos a los que les ofreció el laburo y aceptaron”, recuerda Pablo. “Venían sin preparación y nos metieron mal en el auto. Íbamos en el baúl de una camioneta, dos mexicanos y yo. Los tres acostados, tapados con una manta y con valijas vacías arriba”. Cuando llegaron al control, la Policía detuvo el vehículo y lo inspeccionó. Las valijas estaban mal acomodadas, entonces un inspector de Inmigración metió la mano debajo de ellas y tocó la espalda de Pablo.

Vuelta al casillero de salida
Primero les sacaron fotos de identificación. Después les dieron agua por si tenían sed. Pablo no se queja del trato. Ni de los que lo detuvieron, ni de los que lo intentaron colar a Estados Unidos.

La terrorífica odisea le significó al joven uruguayo un gasto de US$ 3.200, sumando pasaje aéreo de Montevideo a Monterrey (US$ 1.500), el peaje a los narcotraficantes (US$ 200) y el cruce del río Bravo (US$ 1.500). Pablo se quedó sin abonar los US$ 1.500 del último paso, que lo hubiera llevado de vuelta a Dallas.

Luego de ser capturado, lo trasladaron a la cárcel de Inmigración de San Antonio en espera de una nueva deportación. Estuvo tres días sin poder comunicarse con su familia, algo que venía haciendo a diario. “Por lo que me enteré después, la pasaron horrible, porque no sabían si me habían agarrado, si estaba muerto o qué”, señala.

Al tercer día le permitieron hacer una llamada y habló con su madre. “Para que se quedara más tranquila le dije, delante del oficial de Inmigración: ‘Mamá, no te preocupes que en dos meses vuelvo’. El oficial se rió y me dijo: ‘Bueno, entonces para la próxima tené más suerte’”.

Pablo volvió a Montevideo un mes y medio después de haber partido hacia México. De ese tiempo, tres semanas estuvo recluido esperando el vuelo de regreso.

Lo más común, indica, es que a los inmigrantes ilegales los deporten sin llevarlos ante un juez, que es el único que puede dictaminar pena de prisión. En la celda en la que estuvo había un mexicano que la Policía lo había detenido tratando de entrar a Estados Unidos 11 veces. Recién en la última lo mandaron al juez y este le dio dos días de cárcel porque ya llevaba dos semanas encerrado.

Después de una década en Estados Unidos, la vida de Pablo se encuentra en Dallas, estado de Texas. Su vida está allá, pero él está en Montevideo. Por eso volverá a aventurarse en la frontera una tercera vez. Y afirma: “Lo voy a intentar de nuevo, aunque no sé si usaré el mismo contacto. La familia me apoya, así que me la voy a jugar”.

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