El presidente Javier Milei logró que la Cámara de Diputados aprobara la declaración de emergencia en diversas áreas junto con la delegación de facultades legislativas por un período de un año. Sin embargo, las pretensiones originales del oficialismo fueron fuertemente recortadas debido a la presión de los bloques de la oposición dialoguista y de los gobernadores.
Tras múltiples rondas de negociaciones y revisiones de los dos artículos clave, finalmente se aprobaron seis emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Es importante destacar que se eliminaron las emergencias fiscal, social, previsional, sanitaria y en defensa. Además, estas medidas solo tendrán vigencia por un año, con la posibilidad de ser prorrogadas por otro año mediante la aprobación del Congreso.
Aunque la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa en su artículo 76, esta queda habilitada en casos de emergencia pública, siempre y cuando se aprueben sus bases y se establezca un plazo determinado. Esto permite al Presidente ejercer funciones legislativas a través de decretos, los cuales deben ser controlados por una Comisión Bicameral que aún no ha sido conformada.
Al inicio del debate particular sobre los artículos de la Ley de Bases, las emergencias fueron aprobadas con 140 votos a favor, contra 115 en contra. Junto a los libertarios, votaron casi todos los miembros de la UCR, Hacemos Coalición Federal, el PRO e Innovación Federal.
Sin embargo, el amplio consenso alcanzado por los libertarios para la declaración de emergencias no se extendió a la votación de las facultades delegadas. Durante la votación de las bases que regulaban estas delegaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, el radicalismo presentó una moción de orden para votar cada inciso por separado.
En particular, debido a la preocupación de los gobernadores, la oposición dialoguista buscaba evitar que el Gobierno tuviera facultades para modificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos que tienen un impacto directo en las provincias.
El diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, sugirió una solución intermedia: agregar al final del inciso H una exclusión que incluyera al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y al Fondo Fiduciario Regional de Infraestructura. Esta sugerencia fue aceptada por el miembro informante.
A la hora de la votación, se aprobaron los incisos A, B, C, D, F y G, que entre otras cosas estipulan que el Poder Ejecutivo buscará “promover la vigencia efectiva de un sistema económico basado en decisiones libres”, “establecer la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria”, “eliminar las restricciones a la competencia, la creación de empleo y la equiparación de las estructuras tributarias”, “reorganizar el Sector Público Nacional”, establecer “concursos abiertos integrados con jurados jerarquizados” para la Administración Pública nacional, “desburocratizar y simplificar la normativa que rige a la Administración Pública” y “ordenar y regular el Sistema de Contrataciones Públicas en un único cuerpo normativo”.
Fueron rechazados los incisos H, que permitía transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios; el I, que habilitaba a regular y reordenar el sector energético; y el J, que apuntaba a fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad.
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