Economistas ven posible bajar el gasoil

La proclama leída por el periodista Jorge Landi este martes 23 de enero en Durazno dejó atrás las especulaciones acerca de cuáles serían las reivindicaciones de los productores rurales autoconvocados, y puso sobre la mesa una batería de medidas que, en comparación con algunos de los reclamos que se anticipaban en días anteriores –como el pedido de un dólar a $ 36 o el recorte de políticas sociales–, sonaron mesuradas y llevaron al gobierno a sentarse a escuchar a las gremiales.

Ahora que la pelota está en los pies de las autoridades, el debate pasa a ser cuáles de esas medidas son viables a corto plazo y cuál sería su impacto en los números de la economía uruguaya.

El economista y socio de CPA Ferrere, Alfonso Capurro, dijo que no comparte que el valor del dólar pueda ser corregido a través de la política monetaria –como lo sugirió la proclama de los productores–. En cambio, aseguró que "la herramienta al alcance del gobierno tiene más que ver con la política fiscal como estabilizadora del ciclo económico". En concreto, Capurro dice que una válvula de escape al bajo precio del dólar sería "llevar la política fiscal hacia un superávit primario y utilizar eso para comprar dólares en el mercado cambiario".

Según Capurro, "hasta ahora no ha habido voluntad política" para utilizar la política fiscal como estabilizadora de la macroeconomía, sino que ha estado enfocada en objetivos "de carácter social", como la reducción de la pobreza y la desigualdad. En ese sentido, manifestó: "Tenemos el dólar que nos merecemos en términos de nuestros factores macroeconómicos".

Esa misma voluntad política necesaria para balancear el tipo de cambio es la que no ha existido a la hora de generar condiciones para una rebaja del precio de los combustibles. "Llevar el gasoil al precio de paridad de importación ($ 31) parece justo y razonable, pero si lo único que vas a hacer es bajar las tarifas es una política muy costosa", aseguró Capurro.

A juicio del economista, la contracara de esa rebaja debería ser una "revisión" de los negocios deficitarios de ANCAP, como el cemento y los biocombustibles.

Según un estudio de CPA Ferrere presentado en 2017, el sobrecosto de los combustibles es de casi US$ 400 millones. El hecho de que ANCAP haya ganado solo US$ 77 millones en el primer semestre de 2017 refleja la presencia de unidades de negocios que "son perdidosas", explicó Capurro. "No tengo claro que el sector productivo tenga que subvencionar este tipo de proyectos a cualquier costo", agregó.

Por otra parte, según coinciden los analistas, la inclusión de reclamos como la reducción de los funcionarios públicos o el quite de las partidas de prensa son "señales simbólicas" de "austeridad", pero de impacto reducido en los números globales. "Nadie piensa que van a reducir el gasto público por quitar la partida de prensa", afirmó Pablo Moya, economista de la consultora Oikos.

Además, el aumento de los funcionarios en el último año se concentró en su mayoría en áreas prioritarias como la educación y la salud, por lo que no se desvía del pedido de los productores.

A diciembre de 2016, el último dato oficial disponible, había 293.585 funcionarios públicos, un aumento de 0,7% respecto al año anterior. Del saldo total de 2.252 nuevos funcionarios públicos, ANEP aportó 2.642, mientras que ASSE incorporó 801 trabajadores. El Poder Ejecutivo, en tanto, tuvo una reducción de 1.730 funcionarios públicos.