El acuerdo con Katoen Natie: los relatos y las dos bibliotecas

La política judicializada

La judicialización de la política es un fenómeno al que estamos acostumbrados. Desde la vuelta de la dictadura, en cada período de gobierno hemos visto a políticos de la oposición denunciando a los gobernantes de turno –¡cómo olvidar el día de las gabardinas, cuando los multicolores denunciaron la gestión de Ancap, que derivó en el procesamiento del exvicepresidente Raúl Sendic por la Justicia!– con el claro objetivo, más allá de denunciar hechos de corrupción, de generar un efecto político.

El peso de la foto del jerarca entrando al juzgado –desde 2017 entran a la Fiscalía que es la que lleva adelante las investigaciones penales– puede ser capitalizado aunque luego la denuncia quede en nada. De todos modos, es difícil de evaluar cuánto pesa esa imagen en el electorado y cuánto incide en el votante una denuncia penal que cuestione la honestidad del político al que apoya. Probablemente la incidencia sea nula.

En el caso de la denuncia por el acuerdo de Katoen Natie se suma además un componente no menor: es un tema muy complejo y difícil de entender para los simples mortales, por lo que juega mucho el discurso político que se construya en torno al tema. Por eso el Frente Amplio ha convertido en caballito de batalla la frase de “la entrega” del puerto y el monopolio a una empresa privada. En el gobierno se pone énfasis en que el acuerdo permitió evitar un juicio de US$ 1.500 millones cien por ciento perdible y enmendar una situación ilegal avalada justamente por los gobiernos de izquierda.

¿Qué denuncia el FA concretamente y qué responde el gobierno?

1 El Frente Amplio dice que el acuerdo genera un monopolio privado por 60 años, lo que viola la ley de Puertos; el gobierno sostiene que no hay un monopolio

En el texto de la denuncia penal plantea que ese monopolio que se genera hasta 2081, “sin ley que lo habilite, violando la Constitución de la República, que en el artículo 85 numeral 17) establece que se requiere ley formal aprobada por dos tercios del total de componentes de cada cámara para crear monopolios privados. Es el Parlamento y no el Poder Ejecutivo, que tiene potestades para crear monopolios y bajo ciertas condiciones, dependiendo si es privado o público”. 

Según el FA ese monopolio se otorga a través de “la exclusión de la competencia con los muelles públicos” (al otorgar prioridad de atraque de barcos de carga en Terminal Cuenca del Plata, propiedad mayoritaria de Katoen Natie) y acusa al gobierno de “conceder beneficios ilegales” a la empresa belga. 

El gobierno responde que acá no hay un monopolio. El prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, dijo en entrevista con El Observador que ese argumento “jurídicamente es un disparate, desde el punto de vista constitucional y administrativo” y añadió: “Acá no estamos en ningún tipo de monopolio… Lo que hay es una preferencia de atraque, porque así lo dice el artículo 72 del decreto de 1994 y la normativa. Lo que se dice de que debió ir al Parlamento es un disparate jurídico”.

2 El FA dice que el gobierno mintió u ocultó asesoramiento jurídico; Ferrés dice que él fue el asesor y que como profesor de Derecho el tema era clarísimo.

Hacen hincapié en que el gobierno no tuvo asesoramiento jurídico documentado que respalde las decisiones. La denuncia del FA dice que “con el material obrante sólo es posible concluir que, o bien las autoridades contaban con informes jurídicos que evidenciaban la ilegalidad del acuerdo y decidieron ocultarlos para intentar salvar su responsabilidad, o tenían la convicción plena de la ilegalidad de los beneficios que se aprestaban a conceder y por tal razón decidieron deliberadamente omitir los asesoramientos que cualquier gestor mínimamente diligente sabría que se requerían”.

En la entrevista de la semana pasada, Ferrés dijo: “Acá el que asesoró fui yo. Y yo realicé un informe jurídico interno que fue una hoja de ruta de trabajo que después se la entregamos en la comisión  de transporte del Senado. Allí explico toda la legitimidad del acuerdo, desde la extensión del plazo, las normas que se violentaron. Era una hoja de ruta de lo jurídico. Lo hice leyendo los libros que tengo ahí pero nada más. Para mí era clarísimo, era mi especialidad adentro del derecho. Me dedico a esto”.

3 La oposición plantea que, al tratarse de una modificación a la normativa portuaria, debió contar con el aval de toda la ANP. 

“… el marco legal exige el asesoramiento previo y preceptivo de la ANP, tanto para prorrogar concesiones por decisión del Poder Ejecutivo como para modificar las normas reglamentarias que rigen el ámbito portuario… estas decisiones debían ser necesariamente tomadas por el Directorio de la ANP, y, sin embargo, su Presidente Juan Curbelo las adoptó en solitario, sin dar siquiera noticia en forma previa o posterior a los demás miembros del Directorio”, sostiene la denuncia.

El gobierno respondió que para este caso concreto la ley de Presupuesto en el artículo 377 dice que es el Ejecutivo que prorroga con asesoramiento de la ANP. Ferrés precisó: “Como abogado puedo decir que lo único que tiene que pasar por el Directorio sí o sí son aquellas cuestiones que se tienen que votar y que determinan una resolución. Los asesoramientos no necesariamente”.

Por todo ello el FA pide que se investiguen los delitos de usurpación de funciones, falsificación ideológica por un funcionario público, conjunción del interés personal y del público y abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley, el delito hiperusado para estos casos porque en él puede entrar cualquier conducta desviada. 

¿Qué se puede esperar de este caso?

Es imposible aventurar en este momento del proceso qué resolverá el fiscal Rodríguez, pero sí es claro que es un tema que requerirá de asesoramiento para tomar una posición porque, como se empezó a ver, hay dos bibliotecas que siempre aparecen cuando hay temas jurídicos o de interpretaciones de leyes.

Tampoco hay que olvidar que para que se pruebe un delito debe quedar acreditada la intención de cometerlo o al menos el perjuicio para la administración.

Lo que es seguro es que será uno de esos casos que se alargarán en su resolución y es probable que se mezcle con la próxima campaña electoral, que está a la vuelta de la esquina.

También puede darse una vuelta de tuerca y el gobierno, que ya anunció que está considerando denunciar la actuación de los gobiernos anteriores, podría presentar pruebas a la Fiscalía para que también se indague lo actuado anteriormente. Ferrés señaló: “Quienes tienen que responder –porque en definitiva son representantes de administraciones anteriores– de cómo se permitió y consintió que durante más de 10 años se constituyera una terminal de contenedores de hecho (refiriéndose a Montecon y su operativa en las áreas públicas del puerto), por fuera de la ley, de forma irregular, lo cual es vergonzoso”.

El fiscal Rodríguez tendrá el peso de decidir cuál de las dos bibliotecas tiene asidero. Los relatos seguirán jugando el juego político.