El agravamiento de la pobreza exacerba la crisis interna del gobierno argentino

No por esperado, el número dejó de causar impacto: la Argentina ya tiene 19 millones de pobres. El dato publicado en los últimos días marca un inédito 42% de pobreza, lo que incluye 10% de indigencia. Cuando se focaliza entre los menores de edad, el alcance de la pobreza es de 59%.

Son datos tan graves que hacen aparecer como menores las cifras que había dejado el gobierno macrista (una pobreza de 35%, con 8% de indigentes).

Para peor, esto ocurre en un año electoral. Y para más preocupación, cuando el agravamiento de la pandemia está poniendo en duda la continuidad de la recuperación de la economía. El gobierno intentó en los últimos días transmitir optimismo al corregir al alza su pronóstico de crecimiento del PBI, que pasó de 5,5 al 7%.

Pero lo cierto es que para que eso ocurra, tienen que darse condiciones que hoy están en duda, como la posibilidad de que la industria y el comercio funcionen a full y no deban volver a sufrir restricciones.

Un impacto en el discurso oficial

Lo cierto es que el dato pega en la línea de flotación del gobierno, que intenta compensar la mala noticia con una serie de iniciativas en el sentido de fomento a la actividad industrial y a la construcción, así como una batería de medidas de control y sanciones para tratar de contener el precio de los alimentos.

Hasta ahora, todo con escaso éxito. Todo indica que para fines de abril la inflación acumulada ya estará en 16%, lo cual deja prácticamente sin credibilidad alguna el pronóstico oficial de 29% para todo el año. Pero, para peor, la inflación de la canasta básica está evolucionando a un ritmo más rápido.

El gobierno acusó el impacto ante la difusión del dato de pobreza. Pocos funcionarios salieron a hablar públicamente del tema. La persona designada a tal efecto fue el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien cargó las tintas sobre el efecto de la pandemia. Y dijo que, si no hubiera sido por las medidas de emergencia que se adoptaron el año pasado, el índice podría haberse ubicado en 51%.

Por otra parte, dijo que había un detalle que mejoraba la situación a futuro, porque señaló que, a diferencia de lo que ocurría hace un año, el motivo central de la pobreza ya no es la pérdida masiva de empleo –un rubro en el que se viene mejorando, más que nada en la economía informal– sino en el excesivo precio de los alimentos.

El contraataque del macrismo

Tratándose de Argentina, es inevitable que un dato sobre pobreza se transforme en motivo de discusión política. Y la oposición no desaprovechó para plantear críticas y “chicanas” varias.

Muchos dirigentes recordaron que, al inicio de la cuarentena, Alberto Fernández había planteado que tenía una dicotomía que lo obligaba a elegir entre salud y economía, y que las cifras muestran que hubo retrocesos en los dos rubros.

Por caso, el diputado Luciano Laspina afirmó: “Con datos en la mano, podemos afirmar que la estrategia económico-sanitaria del gobierno estuvo entre las peores del planeta: 10% de caída del PBI; 42% de pobreza y 10,5% de indigencia; 15% de desempleo efectivo; un millón de empleos perdidos; tasa de mortalidad en el top 20 con 125 muertos cada 100.000 habitantes”.

Y, por otra parte, en las redes sociales proliferan las ironías y sarcasmos sobre iniciativas como “La Mesa Nacional contra el Hambre”, que se había fijado un plan urgente para llevar al hambre al nivel cero, en un grupo multidisciplinario que incluía desde chefs famosos de la TV hasta dirigentes piqueteros y Marcelo Tinelli.

También hubo recordatorios para todos los personajes públicos que durante el gobierno macrista se mostraban compungidos –periodistas que lloraban ante las cámaras de TV, activistas sociales que acondicionaban estadios de fútbol para dar cobijo en el invierno a quienes estaban en situación de calle– y que ahora no muestran la misma actitud.

Y, en una clara muestra de que ya está en modo electoral, el propio Mauricio Macri en sus recientes reapariciones mediáticas, se refirió al tema, transformando lo que había sido una de las principales frustraciones de su gobierno en un argumento de ataque al gobierno.

Dejó frases como: “Esta versión del peronismo se ha transformado en representante de los que no trabajan; y nosotros representamos a los que quieren trabajar”, o “El statu quo ha sido una fábrica de pobres”.

Además, claro, de su chicana preferida, en respuesta a las promesas de campaña de Alberto Fernández: “Les prometieron asado y la heladera llena pero hoy el asado no existe y la heladera la están empeñando”.

Los fríos números no le dejan al gobierno mucha posibilidad de respuesta: en el país de la carne, el consumo per capita cayó a un mínimo histórico de 50 kilos anuales por habitante, lo cual resulta inferior aun al momento más crítico del colapso económico del 2002.

Mal pronóstico para sueldos y jubilaciones

Pero, sobre todo, si hay un efecto político es el exacerbamiento de la interna en el peronismo. Cada vez se escuchan con más fuerza las voces que cuestionan las políticas “ortodoxas” del ministro Martín Guzmán, que trata de contener el gasto público y presentar un programa sustentable que pueda ser aprobado por el Fondo Monetario Internacional.

Pero Guzmán, a esta altura, ya tiene serias dificultades de credibilidad: prometió que en el año habría una recuperación de salarios y jubilaciones, porque la inflación se mantendría en un 29% mientras los sindicatos están firmando acuerdos en torno al 33%.

La verdad es que se presume que para fines de abril la inflación acumulada ya será de 16%, lo que implica que hacia mediados de año se habrá cumplido la meta que Guzmán tenía para todo el año.

Es por eso que las consultoras económicas creen que, justo en el momento previo a las elecciones legislativas, se dará la peor combinación posible: precios en alza con salarios que todavía no tuvieron una revisión.

“Los salarios de los trabajadores registrados podrían estar creciendo 5 puntos por debajo de la inflación en los meses cercanos a las elecciones. Aunque es verdad que muchos acuerdos salariales tienen cláusula de revisión, también es cierto que la mayoría de ellos son a partir de septiembre”, destaca la firma Consultatio.

Y la cosa puede ser peor para los jubilados, dado el cambio de la fórmula indexatoria, que ahora ya no sigue a la inflación sino que incorpora como factor de cálculo la recaudación tributaria.

Un informe de la Fundación Mediterránea prevé que si, como la mayoría del mercado cree, la inflación se ubica cerca del 50%, el resultado será que las jubilaciones podrían tener una pérdida real que podría superar los 10 puntos.

Plan oficial en revisión

Ante esa situación, ya se está viendo recrudecer un debate interno en el gobierno, donde el ala más radical, ligada a Cristina Kirchner, plantea una redefinición de las prioridades. Esto pone en peligro el objetivo del ministro Guzmán de mantener los subsidios energéticos en 1,7% del PBI, para lo cual habría que descongelar las tarifas y aceptar subas acorde con los mayores costos.

Mientras las empresas piden subas tarifarias en torno al 30%, en el kirchnerismo piensan en topear las subas en menos de la mitad de esa cifra.

Pero, sobre todo, lo que está en cuestionamiento es la sustitución de los planes de asistencia monetaria directa que se había implementado en 2020 por nuevos tipos de planes que exigen una contrapartida de servicio laboral. Desde el punto de vista fiscal, supone un ahorro de dos puntos del PBI, pero también supuso que nueve millones de personas dejaran de recibir la ayuda.

Todo esto lleva a que los economistas ligados al oficialismo están planteando que el gobierno, en algún momento, tendrá que decidir si mantener el relativo orden fiscal que le ha permitido mantener la paz financiera y negociar con el FMI, o si deberá volver a usar sin timideces las herramientas “keynesianas” para fomentar el consumo. Lo cual incluye la emisión monetaria y también una mayor presión impositiva sobre el sector productivo –que ya soporta un nivel récord de 30% sobre el PBI–.

Las mayores broncas dentro del oficialismo están vinculadas con ciertas medidas que alivian la situación de la clase media –como la disminución del impuesto a las ganancias, que pagan los asalariados de mayor ingreso– mientras que no se ven medidas del mismo tenor para el segmento de ingresos bajos, donde está la base electoral del kirchnerismo.

Esto se hace más evidente cuando se analiza el impacto de la pobreza en el conurbano de Buenos Aires, donde residen unos 10 millones de personas, y en el que la estadística marcó un pavoroso índice de 51%, un agravamiento de 10 puntos porcentuales en un año.

Las principales críticas internas coinciden, curiosamente, con las que se hacen desde el sector más liberal: que los sistemas de precios máximos y los controles a la cadena comercial se han revelado ineficientes ante la inflación.

Claro que las soluciones difieren. Mientras los ortodoxos ponen el foco en bajar el déficit fiscal, desde el kirchnerismo se cree que el problema principal es cómo lograr el “desacople” entre el precio interno de los alimentos y el precio internacional, donde se vive un boom de materias primas agrícolas.

Esto, traducido a medidas concretas, puede implicar aumentos de retenciones a la exportación, el establecimiento de cupos, la implantación de subsidios cruzados desde los exportadores a la industria local y una larga serie de medidas, muchas probadas con éxito discutible.

La próxima medición de pobreza –que corresponderá al primer semestre de este año– se dará a conocer en septiembre, justo antes de la elección legislativa. Y el gobierno sabe que no puede permitirse otro impacto negativo en la opinión pública.