Leonardo Carreño

El "bono social" que UTE piensa para consumidores vulnerables y por qué puede revisar la tarifa básica

El ente continuará trabajando en 2021 en el rediseño de su estructura tarifaria, informó su presidenta

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26 de enero de 2021 a las 05:00

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En su primer año de gestión, el nuevo Directorio de UTE comenzó a rediseñar la estructura de tarifas que la empresa hoy tiene disponible, con el objetivo de optimizar el uso de la energía y de flexibilizar la demanda en base a la oferta disponible.

Hace pocos meses se implementaron cambios en las tarifas del plan Inteligente que buscan favorecer su utilización en los hogares, con una reducción de la cantidad de horas que se facturan al precio de punta (el más caro).

Otra de las líneas de trabajo que la empresa tiene en marcha desde hace varios años son los planes de inclusión social para regularizar suministros en hogares de contexto crítico. Para que esas familias permanezcan dentro del sistema formal y no lo abandonen reciben descuentos, que luego se van eliminando progresivamente hasta que se pasa a pagar la tarifa que corresponda.

Ahora UTE trabaja en conjunto con el Ministerio de Industria y Energía, para la implementación de un bono social de energía, dirigido a consumidores vulnerables por su situación socioeconómica.

Se trata de un mecanismo que ya existe en varios países de Europa, y que consiste en un descuento en la factura de luz para que estas personas puedan pagar por el servicio. Ese tipo de bonos abarca a familias, además de jubilados y pensionistas, por ejemplo. Para poder hacer uso es necesario tener un servicio regularizado con ciertas características técnicas, y cumplir algunos requisitos de ingresos anuales. En función de diferentes tipos de consumidor vulnerable que se definen previamente se otorga un porcentaje mayor o menor de descuento.

En Uruguay no está definido cómo se va implementar ese bono y el tema recién está a estudio. Las características se van a resolver en el correr de 2021, y su entrada en vigencia implicaría una modificación del pliego tarifario vigente. Pero lo que sí está claro es el objetivo de ese nuevo mecanismo.

“Es tener bien identificados aquellos clientes de zonas vulnerables o carenciados que tienen que tener una tarifa especial y consideraciones especiales. Esto es, determinados sectores carenciados, jubilados, familias con muchos niños que están en seguro de paro. (…) Vamos a generar un bono social para aquellos que efectivamente necesitan disponer de energía y que hoy no tienen los mecanismos para poder pagarla”, dijo a El Observador la presidenta de UTE, Silvia Emaldi.

Una revisión en carpeta

Una vez se defina la creación del bono social de electricidad, se pondrá a consideración un segundo tema, que es la posible revisión de la Tarifa de Consumo Básico Residencial (CBR). Esta tarifa tiene algo más de 330 mil clientes –algo así como uno de cada cuatro clientes residenciales– y está dirigida a hogares con consumos mensuales de 230 KWh o menos. Es una opción ventajosa para hogares con equipamiento eléctrico básico, como termotanque, heladera, iluminación, y equipos de entretenimiento como PC, TV, radio, entre otros.

Bajo esta modalidad se factura un único cargo mensual de $ 374,4, que no está gravado con IVA y que incluye un consumo de hasta 100 kWh, el cargo fijo y el cargo por potencia contratada. Si se pasa ese nivel de consumo se cobra un cargo por energía de acuerdo a una escala de precios, que varía en función de lo que se consuma por arriba de esa cantidad. Cuanto más bajo es el consumo más se ahorra en comparación al importe de una tarifa residencial simple.

El único requisito para tener esta tarifa más barata es consumir poca electricidad, pero no se establece previamente un requisito de nivel ingresos económicos. Así puede darse, por ejemplo, que haya hogares que acceden a la tarifa porque consumen poca electricidad, pero que no necesariamente son de bajos ingresos; y familias de bajos ingresos con muchos hijos que difícilmente consuman tan poca energía como para poder tener acceso a esta tarifa subsidiada.

Según supo El Observador, la idea de fondo de las autoridades es ir “adecuando” el esquema tarifario para que exista “equidad” en los precios, y que, por ejemplo, los usuarios que hoy tienen residencial simple no terminen subvencionando a los que están en la CBR, y no lo necesitan.

También se considera que a la larga las personas que tienen esta tarifa básica terminan restringiendo su consumo para no pasarse del tope establecido en el plan, cuando dada la disponibilidad de energía con la que cuenta el país podrían tener más confort en sus hogares.

Cualquier modificación en la CBR no implicaría que el conjunto de sus clientes tengan que migrar de un día para otro a la tarifa residencial, y podrían implementarse soluciones intermedias asociadas a las tarifas inteligentes que se están desarrollando de manera gradual, según se explicó.

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