En el ala sur del mayestático Palacio de Versalles ocurrió esta semana una nueva “revolución francesa”. Ocho de cada diez senadores y diputados —incluyendo a derechistas como Marine Le Pen— blindaron al aborto en la Constitución. En parte de Europa y América Latina, el gesto del Parlamento francés es visto como una “oportunidad” para que se expanda por occidente el “derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos”, sin que un gobierno de turno pueda torcer ese derecho, como otrora se divulgaron los valores de libertad, igualdad y fraternidad.
En el salón de actos del colegio Cardenal Copello, el presidente argentino Javier Milei dijo esta misma semana: “el aborto es un asesinato agravado por el vínculo”. Su frase fue criticada incluso dentro del oficialismo, donde un proyecto de ley que vuelve a penalizar la interrupción voluntaria del embarazo no consigue quórum.
Esta misma semana, también, una nueva encuesta de la consultora Gallup mostró que “cada vez más estadounidenses” están insatisfechos con la desprotección legal del aborto a escala federal, escenario al que llegó ese país hace dos años cuando el Tribunal Supremo derogó la sentencia de Roe contra Wade y dejó la despenalización de la interrupción del embarazo librado al albedrío de cada Estado.
Esta misma semana, a su vez, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, el principal nucleamiento de organizaciones feministas en República Dominicana, exigió a los parlamentarios que despenalicen “cuando antes” el aborto por “tres causales”. Es una petición que llega tras la muerte a fines de este febrero de la asistente legislativa Adilka Féliz, a quien se le prohibió abortar en un embarazo que ponía en riesgo su vida en uno de los únicos cinco países de la región donde la práctica sigue estando prohibida sin importar la razón.
Y esta misma semana, en Uruguay se anunció el inicio de un estudio sobre cómo el aborto sigue estando criminalizado aun cuando existe una ley de despenalización vigente. Una uruguaya fue condenada a 12 años de prisión por haber parido un feto muerto. Una adolescente del área rural fue obligada a continuar su embarazo no deseado porque en su prestador de salud demoraron la atención al aborto y excedió el límite de 12 semanas de gestación que exige la ley.
“El cambio que hizo Francia, como reacción al retroceso observado en Estados Unidos en 2022, va a causar un efecto dominó muy importante para América Latina: ya no solo despenalizar, sino garantizar el aborto como servicio esencial de salud sexual y reproductiva”, explicó a El Observador la abogada colombiana Ximena Casas, quien lidera la investigación regional sobre criminalización del aborto y por estos días está de visita en Montevideo.
Si la reivindicación histórica, desde comienzos de la década de 1990, de los movimientos feministas de América Latina se centraba en la despenalización del aborto —quitar del código penal la interrupción del embarazo—, la reciente enmienda francesa agita una nueva bandera: garantizar el acceso universal al aborto, como quien tiene derecho a un medicamento cuando se está enfermo o a comida cuando se pasa hambre.
Y en esa línea, estima Casas como su colega uruguaya Lilián Abracinskas, es esperable un cambio también en Uruguay. La abogada colombiana lo encuadró: “Uruguay fue uno de los países que ayudó a marcar el paso en América Latina. Pero la evidencia ha demostrado que los modelos de regulación del aborto en América Latina están basados en los códigos penales. El aborto es el único servicio de salud que lo regula el código penal y no el derecho humano a la salud como tal. Estas regulaciones no son suficientes (porque acotan el derecho), y son ineficientes (porque incentivan que muchas mujeres fuera de la regulación recaigan en prácticas ilegales). Eso, a fin de cuentas, genera criminalización que es lo que ya se viene observando en Uruguay”.
De hecho, Uruguay quedó rezagado frente a otros países de la región en la cantidad de semanas de gestación límite en que se permite el aborto por la sola voluntad de la mujer: 12 semanas frente a las 14 de Argentina o las 24 de Colombia.
Según Cecilia Stapff, de la ONG Iniciativas Sanitarias, “las 12 semanas es una barrera de la ley vigente, porque muchos diagnósticos se dan un poco más tarde que eso”. Pero, dice la activista, no es el único obstáculo de la normativa vigente: “La ley uruguaya ha sido buena. Un montón de mujeres pudieron acceder a un aborto seguro. Pero en la marcha hemos visto como barrera los cinco días de reflexión obligatorio, la obligatoriedad de un equipo disciplinario o que las migrantes sin un año de residencia quedan excluidas”.
En Uruguay la marcha de los abortos viene en una penillanura levemente ondulada: cada año hay unas 10.000 interrupciones del embarazo siguiendo la ley. Esa inmovilidad de la cifra de abortos explica, según la ginecóloga Mónica Gorgoroso, la referente técnica de Salud Sexual y Reproductiva de ASSE, que “los abortos no son la principal causa de la caída de nacimientos en la país: si fuera así, la notable baja de la natalidad a partir del año 2016 tuvo que haberse acompañado con un aumento significativo de los abortos… eso no ocurrió”.
Gorgoroso había dicho a El Observador que, tras más de diez años del aborto despenalizado en Uruguay, existe la madurez para rever aquellas falencias del sistema que coartan derechos. La referente técnica de ASSE menciona dos: por un lado, la necesidad de que las inmigrantes recientes no tengan que esperar más de un año de residencia para acceder al aborto seguro. “Es probable que los legisladores del momento hayan tenido sus argumentos (por ejemplo evitar el turismo abortivo), pero ahora, con la despenalización en Argentina y en cada vez más países no tiene sentido seguir limitando a una población, de hecho ya no se limita para casos de violencia”. Lo otro, dice, es “rever la edad gestacional hasta la que se puede abortar”. Para los casos generales, Uruguay permite la interrupción hasta la semana 12, mientras que se admite hasta la 14 para las víctimas de violencia. Dado que muchas mujeres se enteran que están embarazadas muy cerca de la fecha en que acceden al servicio de salud, dado que varios países como Argentina permiten hasta la semana 14 para todos los casos y para no diferenciar entre víctimas de violencia y no, la ginecóloga ve con buenos ojos que se eleve el límite a 14 o más semanas.
Stapff coincide en la madurez del sistema para avanzar, pero, por el momento, no ve "un buen clima político" como para dar el paso.
