Fotos que tomó Bustos cuando compró el terreno fiscal, hace poco más de dos años

Sociedad > Declaró ante la justicia

El dueño del terreno de la masacre de La Matanza rompió el silencio: "No tenía idea dónde me metí"

Esteban Bustos adquirió, hace dos años, 90 hectáreas de terreno fiscal en la región donde recientemente se registraron los trágicos asesinatos de cinco personas. Alega haber cedido una porción de la propiedad a Juana Correa, una de las prófugas buscadas por las autoridades, para evitar la ocupación ilegal de sus tierras
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18 de enero de 2024 a las 12:43

Aunque le cuesta relatar los acontecimientos, finalmente Esteban Alejandro Bustos expone la pesadilla que, según él, comenzó cuando adquirió, por algo más de 20 mil dólares, un terreno fiscal de 90 hectáreas en González Catán, La Matanza, bajo la creencia de hallar una oportunidad para un negocio inmobiliario.

Dos años después, su vida tomó un rumbo desgarrador: inicialmente, un grupo se apropió de parte de su tierra, seguido por decenas y luego cientos de familias que conformaron el barrio conocido como "8 de Diciembre" alrededor de una tosquera. Surgieron "delegados" que afirmaban representar a los habitantes de la toma, y desconocidos amenazaron al casero contratado por Bustos, quien presentó una denuncia ante la Policía, desencadenando la apertura de un expediente judicial.

Como poseedor de la tierra, Bustos se vio obligado a negociar y vender una parte a los recién llegados. Sin embargo, lo que comenzó como la pérdida de una porción de terreno se transformó en una tragedia, con el reciente episodio donde perdieron la vida cinco personas.

“Estoy aturdido y con miedo”, afirma el residente de Haedo y propietario de una agencia de automóviles. Ayer miércoles, ofreció su testimonio durante varias horas ante el fiscal Adrián Arribas, quien lidera la investigación del caso y tiene bajo detención a dos sospechosos vinculados a los crímenes. Bustos confía en que la gravedad del asunto, al menos, inste a la Justicia a intervenir para recuperar lo que considera su legítimo espacio.

“Estoy desconcertado por la situación. En algún momento pensé en abandonar todo, se estaba poniendo demasiado denso el tema”, explica. Según su relato, adquirió las propiedades en 2021 y formalizó un contrato de cesión de tierras a una familia que las habitaba desde hace 17 años en 2023. La demora, explica, se atribuye al fallecimiento de la persona con la cual cerró el acuerdo y a quien abonó la suma de 20 mil dólares.

El 14 de enero asesinaron a cinco personas en una asamblea entre personas que tomaron terrenos fiscales en González Catán

"Al poco tiempo de comprar empezó a venir gente a usurpar el lugar. Los hemos podido sacar casi cuatro o cinco veces. La última vez, que había un comisario de vacaciones, vino esta gente, que ya había intentado entrar al lugar y no salieron más. En ese momento entraron 50 personas, después empezaron a sumarse. Fueron 70, 80, 100 y llegaron a ser 700 familias”, cuenta.

El terreno, sostiene, abarca 90 hectáreas y se encuentra dividido en tres fracciones. "Donde más está concentrada la toma es un terreno de 40 hectáreas propiedad de otra familia. Ellos eran dueños de todo el campo. Después lo compró un hombre que explotaba la tosquera, que luego falleció. Quedaron las hijas y le vendieron el campo a la persona que yo se lo compré", dice Bustos.

Esteban afirma que llegó al terreno en un día cualquiera, explorando propiedades en Mercado Libre. Le pareció una oportunidad debido a su ubicación estratégica cerca de la futura salida hacia el centro de González Catán desde la autopista Presidente Perón (también conocida como Camino del Buen Ayre). En ese momento, reunió a algunos socios con la intención de, eventualmente, desarrollar un espacio recreativo con canchas de fútbol y piscinas.

“Me pareció un buen lugar por la cercanía en la autopista, pero en una zona complicada. Quien me vendió me dijo que habían tenido un solo problema con un casero pero que no pasaba nada”, dice. La familia Di Francesco firmó la cesión de derechos del lugar en marzo del año pasado pero ya desde antes Bustos tenía problemas. “Donde poníamos alambrados, los tiraban. Es un lugar grande, hay que dejar mucho capital”, especifica.

Tres meses después de adquirir la propiedad, Bustos procedió a contratar a un encargado de mantenimiento que residía en un contenedor: “Se fue a vivir un viernes y el lunes apareció gente por todos lados. Me llamó y me dijo que había gente marcando los terrenos, que eran como 400. Aparecieron por todos lados. Esa noche voy a la comisaría y cuando llego había un tipo de nacionalidad boliviana queriendo hacer una denuncia por algo que había pasado en mi lugar”.

La situación en cuestión se refiere al descubrimiento de un cuerpo sin vida dentro de un tambor de 200 litros. La víctima, un jubilado, fue posteriormente identificada como la víctima de un homicidio perpetrado por su propio hijo, quien fue detenido, “Cuando sucedió eso nos vino el problema como anillo al dedo porque claro aparece el cadáver y va la Policía, justo cuando estaban usurpando y los saca, eran como 400″.

Sin embargo, aproximadamente un mes después de ese incidente, alrededor de unas 120 personas regresaron al lugar y lo ocuparon nuevamente. El hombre de 44 años, quien previamente había cercado y colocado letreros de "propiedad privada", entabló discusiones con ellos. Los "ocupantes" argumentaron que no podía ser el propietario porque se trataba de tierras fiscales. No obstante, le ofrecieron la posibilidad de adquirir una porción. Según el relato del individuo, la persona que hablaba y lideraba la situación era Juana Correa, la principal sospechosa de estar involucrada en el negocio que llevó a los crímenes del 14 de enero, actualmente prófuga y con orden de captura.

“Yo no entendía nada de esto, vino esta mujer junto a dos chicas y me ofrecen comprarme una fracción de seis hectáreas en una cantidad que eran más o menos 10 millones de pesos a pagar en cuotas”, precisa. Sin embargo, no se materializó ningún acuerdo debido a que Bustos indicaba a Correa que él cobraría a los vecinos interesados en adquirir las parcelas. Ante esta propuesta, la mujer se negó y abandonó la discusión.

En poco tiempo, observamos un retorno con un enfoque diferente, “de otra forma, ya con la idea de meterse, no de comprar”. En esta instancia, volvió a contactar a la Policía, quienes desalojaron a los ocupantes de la propiedad. Presentó nuevamente la denuncia, no obstante, la respuesta del sistema judicial fue aparentemente inactiva.

Una semana después, el escenario se repitió: aproximadamente 20 familias ingresaron, seguidas por muchas más, extendiéndose sobre el terreno perteneciente a la otra familia. Cerca de cuarenta hectáreas quedaron bajo ocupación. Enfrentando la inminencia de la situación, optó por retomar las negociaciones con los interesados.

Bustos se comunicó con una persona, a quien no mencionó, que mostró disposición para dialogar de manera constructiva. En esta instancia, acordó la venta de una fracción de dos hectáreas: “Ellos se pusieron al borde de la toma. Y con eso pudimos frenar que no siguieran avanzando. Empezamos a tratar de proteger lo que nos quedaba. Un día metimos una retroexcavadora y casi nos rompen toda la máquina porque ellos querían armar una calle. Tuve que llamar a un tipo complicado para que dejen de avanzar. Se puso jodida la mano. Al final terminaron hablando”.

Uno de los detenidos, sospechoso por el crimen en La Matanza

 

En ese momento, sostiene que Juana Correa se aproximó nuevamente para entablar una conversación con él.  “La mina tiene una soberbia encima que no lo podés creer. ‘Esto es nuestro, tenemos los papeles’, me dijo, no sé de dónde habrá sacado los papeles”, dice. Así todo, negoció. “Quedó así y nunca más me jodieron”, cuenta Bustos.

Transcurrieron cuatro meses desde entonces. En este lapso, él experimentó la pérdida de siete hectáreas, mientras que sus vecinos sufrieron la ocupación de más de 40. Respecto a la reciente tragedia, Bustos revela que en un principio se trataba de una disputa entre vecinos para crear una plaza y, además, imponer multas a aquellos que no mantenían limpios los terrenos tomados. "Yo no entiendo el grupo de gente que apareció y arrancó a los tiros. Para mí hay otro tema más de fondo", sostiene.

La propia Juana le proporcionó una explicación al respecto: trabajan para una figura "de alto rango", intervienen, ella defendería los intereses de su comunidad. Afirma que lo hace "por amor al arte", y ellos estaban vinculados a un partido político (si tan solo pudiera precisar cuál) que les indicó que se involucraran en ese sitio.

Informó al fiscal Arribas de todos los acontecimientos ya que veía qué se avecinaba, "Hace unos cinco o seis meses a una gente que está cuidaba el campo le entraron armados y empezaron a dispararle al contenedor donde dormían. A mí alguien me dijo que me metí en el negocio de otro. Yo no compré el terreno para vendérselo a esta gente. Era otra la idea. Vi la situación, el lugar era barato y agarré, le di para adelante, pensando que la zona era más tranquila. No tenía idea dónde me metí".

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