El Estado del siglo XXI

El decreto N° 195/022, promulgado el pasado 14 de junio, establece principios orientadores y criterios técnicos para llevar a cabo reestructuras administrativas en la Administración Central (ministerios y servicios descentralizados como ASSE y algunas empresas públicas).

Los incisos tendrán 12 meses para plantear sus propuestas, aunque lamentablemente esta semana perdió su carácter obligatorio, en el marco de una negociación con el sindicato de la COFE, lo que notoriamente golpea la efectividad del plan. 

Si buena parte de la Administración Central se aviniera a la reforma, al final del periodo de gobierno, el corazón del Estado estará en condiciones de optimizar las atribuciones asignadas, tener más capacidad en el diseño de las políticas públicas, además de contribuir a una baja estructural del gasto público.

No es un proyecto “neoliberal” ni supone una “motosierra” con el objetivo de disminuir el gasto al barrer, sino que se trata de promover una revisión  ajustada a las competencias de cada una de las reparticiones involucradas en el plan reformista.

En ese sentido, la reorganización incluye incorporar una planificación estratégica, nuevos procesos de trabajo -acorde a las competencias atribuidas- y recursos humanos en consonancia al cumplimiento de objetivos transparentes, respetuosa de la regla fiscal y comprometida con una baja de funcionarios.

El gobierno de Luis Lacalle Pou no está inventando la pólvora, sino adecuando el Estado a buenas prácticas de la administración pública con el objetivo de mejorar la capacidad institucional y asegurar la aplicación rigurosa de las leyes.

La optimización de procesos que generen valor público a la ciudadanía, las mediciones de resultados, evaluaciones tanto de costos como de oportunidades, son todos parámetros incluidos en el mencionado decreto que contribuyen a un mejor uso de los recursos públicos que, en definitiva,  pertenecen al conjunto de los ciudadanos.

Y ello se complementa con una visión innovadora de la organización laboral, más flexible, con nuevas oportunidades en la carrera funcional  y recuperando el concepto de funcionario público como servidor público.

La evidencia empírica de la ola de liberalización de la década de 1990, demuestra que se equivocaron quienes aplicaron una tabla rasa en el aparato estatal para poner fin al despilfarro fiscal de gobiernos estatistas.

Era importante tomar medidas para frenar un gasto público desbocado, pero en una intervención de precisión para no afectar áreas del Estado que hoy nadie pone entredicho.

Francis Fukuyama, en su libro La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI, de 2005, se hace eco de este inconveniente, planteando  la necesidad de “desglosar los diferentes elementos constitutivos de estatalidad y comprender la relación que guardaban con el desarrollo económico”.

Y eso es justamente lo que parece animar al gobierno multicolor que, además de colocar otro mojón en el camino  de control del gasto público, da pasos para que  el sector privado no siga pagando los platos rotos de un Estado adiposo.