El largo y sinuoso camino hacia el equilibrio fiscal: propuestas de política pública (Parte I)

Durante el pasado mes de agosto del presente año, la Academia Nacional de Economía realizó un ciclo de charlas destinado a analizar y elaborar recomendaciones de la política pública al actual gobierno. El tema para el último de esos encuentros consistió en buscar respuestas a la siguiente interrogante: ¿Podemos mejorar el desempeño fiscal y al mismo tiempo la calidad de vida de los contribuyentes? Los oradores en esa ocasión fuimos Alberto Sayagués, Julián Barquín y quien escribe. Lo que nos va a ocupar a continuación, es una somera descripción de algunas las conclusiones y propuestas de política pública que surgieron del encuentro.

El Cr. Sayagués, se encargó de formular cambios en materia de reforma administrativa, destacando, entre otros elementos, que el país se debe una auditoria destinada a determinar con mayor precisión cuántas personas existen en el Uruguay cuyo empleo depende del decisor político. Según los datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, hay 301.000 funcionarios públicos. Si a esto sumamos “Vínculos de no funcionarios”, organismos paraestatales, sociedades anónimas estatales, cooperativas del Mides, empresas de personal, asociaciones, fundaciones y otras cooperativas, el número se eleva a casi 400.000 personas. Por ende, urge la creación de una base de datos en la ONSC con información de todos estos empleados.

Este “estado paralelo” implica un menor control por parte de quienes deben supervisar el uso de los fondos públicos. Por ello, las posibilidades de corrupción, duplicación de honorarios, etc. son mucho mayores. Por esto es necesario, entre otras medidas, emparejar cédulas del BPS y Cajas, incluyendo el pago de honorarios, para evitar el mal uso de los recursos públicos.

En los rubros educación y salud existen enormes problemas de ausentismo laboral. A modo de ejemplo, en ASSE el ausentismo es el doble que en las mutualistas privadas (20% anual contra 9% anual). En educación sucede lo mismo: según datos de un reciente informe de Ceres, en Uruguay el 61% de los establecimientos educativos tienen problemas de ausentismo, cuando la cifra para América Latina es del 35%, y para las economías desarrolladas es del 17%. De ahí que durante el 2019 el gasto en suplencias representó un 9% del presupuesto de la ANEP (US$ 140 millones). Es prioritaria la formulación de medidas de política destinadas a combatir y penalizar el ausentismo (auditorias en materia de certificaciones médicas, descuentos salariales, etcétera).

Si bien el estimado del BID en materia de malgasto en compras públicas en Uruguay es inferior al 0,5% del PIB, son recursos cuantiosos los que se desperdician. Citaré solo algunos. La Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE, ex ACCE) carece de información completa en materia de precios y catálogos y no capacita como es debido a los funcionarios en la tarea de saber comprar y gestionar compras de insumos para instituciones públicas.

Algunas otras medidas de política pública que se consideraron dentro del grupo de trabajo fueron, entre otras, sancionar una ley que impida al Legislativo aumentar el gasto total propuesto por el Ejecutivo en Presupuesto y Rendiciones, pudiendo solo redistribuirlo entre rubros, en consonancia con el artículo 215 de la Constitución.

Es necesario legislar con el objetivo de no reponer vacantes en las distintas reparticiones del Estado, así como compensar y reasignar funcionarios de diferentes ministerios, con la única excepción de cargos que requieran título habilitante y en tales casos, con dictamen favorable del TCR. En este sentido, el gobierno actual ha tomado varias medidas para fomentar la reasignación de cargos dentro del Estado. Según datos de la ONSC, en el Estado uruguayo durante 2019, ya sea por terminación de contrato, jubilación o renuncia, etcétera se dieron unas 30.000 bajas. Su no reposición, aunque sea parcial, tendrá efectos significativos en la reducción del gasto público.

En el corto plazo, hay que actuar sobre los salarios del sector público. Estos son generalmente más altos que en el sector privado (la brecha salarial a favor del empleo público en América Latina es de las más altas del mundo y ronda entre el 20% y el 30%). Por ende, relación a la rebaja salarial que plantea el gobierno para 2021, sería conveniente sumarle una reestructura de salarios en el sector público que permita, no solo, reducir las brechas existentes entre distintas reparticiones del estado, sino también iniciar una convergencia de las remuneraciones de los funcionarios hacia valores de mercado.

Estas fueron algunas de las conclusiones y recomendaciones de política pública que surgieron de parte de los tres panelistas del seminario de la Academia Nacional de Economía, no obstante lo cual, existen varias propuestas adicionales que debemos considerar y que abordaremos en un próximo artículo.

*Miembro de la Academia Nacional de Economía. Disertó junto a Alberto Sayagués y Julián Barquín sobre ¿Podemos mejorar el desempeño fiscal y al mismo tiempo la calidad de vida de los contribuyentes? el pasado 21 de agosto.