El libre comercio empieza en casa

No podemos más que coincidir con el presidente Luis Lacalle Pou, que, en la reciente cumbre del Mercosur, dijo que “la mejor manera de proteger a mi nación, a mi pueblo, es abriéndome al mundo", lo que va más allá de un eventual TLC con China. 

Acuerdos de esa naturaleza son siempre una máxima de libre cambio, muy favorable a países con las características de Uruguay, que podríamos empujar con un conjunto de disposiciones a favor del comercio y que suponen mejores prácticas de globalización. 

Se trata de políticas unilaterales que no dependen de las decisiones de terceros, y que reforzarían la buena imagen internacional de nuestro país. Mostrarían un compromiso serio con el libre comercio sin necesidad de pedir permiso a nadie.

Los economistas Isidoro Hodara y Marcel Vaillant plantearon puntos de vista coincidentes en este aspecto: se requieren acciones independientes de Uruguay que dan “a entender que nuestro país está abierto a los negocios”, como dijo el primero de ellos, miembro de la Academia Nacional de Economía, en una columna en El Observador, el jueves 14 de julio. 

Chile es un ejemplo de ello, con su “desmantelamiento autónomo de su progresividad arancelaria y de su arancel máximo”, al pasar de 11% al 6% mientras negociaba acuerdos comerciales.

Corea del Sur es un ejemplo, más reciente, de eliminación de aranceles a las importaciones de Uruguay de leche en polvo, así como de carnes de cerdo y vacuna, para beneplácito de estos sectores agroexportadores y del propio gobierno uruguayo.

No solamente una baja de aranceles refleja una vocación por la apertura.

El economista Vaillant, en una entrevista en una publicación del Partido Independiente, se refirió a varios “instrumentos anacrónicos”, que contradicen el camino del libre comercio, que deberían desmantelarse. 

Uno de ellos es la tasa consular, un gravamen a los bienes importados, excepto el petróleo crudo, las compras bajo el régimen de admisión temporaria o los activos destinados a la producción agropecuaria, industrial y pesquera. 

En realidad, se trata de un impuesto encubierto: no hay una prestación a cambio y los recursos recaudados no tienen como objetivo la financiación de servicios a los importadores. 

Es notorio que contraviene principios filosóficos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) –para algunos incluso viola normativas del sistema multilateral de comercio– e infringe leyes del Mercosur, algo que no llama tanto la atención porque es la moneda común del bloque regional. 

Solicitudes de autorización fitosanitarias para el ingreso de productos vegetales, criterios de cobro de servicios de la Administración Nacional de Puertos o del LATU y regulaciones excesivas son también barreras no arancelarias que ponen en entredicho el ánimo aperturista.
Remover esas restricciones equivale a una verdad de Perogrullo: el ejemplo empieza en la propia casa.