Pancho Perrier

El Mides y un ensayo sobre la pobreza

Los programas sociales han sido más un paliativo que un mecanismo de reinserción

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08 de mayo de 2021 a las 05:01

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Las refriegas que desde 2005 se libran en torno al Ministerio de Desarrollo Social —la última: la destitución este lunes del ministro Pablo Bartol— suelen omitir discusiones esenciales. Por ejemplo, si la gran extensión del Ministerio ayuda a sacar personas de la pobreza, una tarea que va mucho más allá del mero asistencialismo; o si contribuye a mantenerlas en ella, como sustituto mejorado de la caridad y del clientelismo.

Y también devela una crucial interrogante política: ¿El Estado central, que la izquierda controló durante 15 años, hizo entrismo con el Mides en los santuarios blancos del interior, al crear una estructura paralela y competitiva con los municipios?

Esos asuntos decisivos están detrás del golpe de timón de la última semana. Y también otras urgencias más prosaicas: la insatisfacción del presidente Luis Lacalle Pou por cómo se está usado una de las más poderosas herramientas políticas del Estado uruguayo.

La designación al frente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) del expresidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema (38 años), y de la exintendenta de Florida, Andrea Brugman (46), significó un claro giro político, y el fin del ciclo de 14 meses de Pablo Bartol, un hombre sin experiencia partidaria. 

Bartol (55), master en gobierno de empresas y organizaciones, es numerario del Opus Dei (Obra de Dios), una entidad católica conservadora, cuyos miembros procuran la santidad en la vida común y corriente.

Su antecedente más notable fue en el centro Los Pinos, un núcleo de enseñanza, deportes y formación laboral para niños y adolescentes que dirigió por dos décadas en Casavalle, un barrio particularmente pobre y violento de Montevideo.

Poco afecto a la publicidad, trabajó muy duro en el Mides pero chocó contra las rocas a flor de agua. Fue más un autista esforzado en su burbuja que un líder político y burocrático. 

No fue el fracaso político de Bartol sino de un equipo, incluidos su subsecretario, Armando Castaingdebat, y el exdirector general de Secretaría del Ministerio, Nicolás Martinelli, un allegado a Lacalle que se fue en enero. 

El ciclo Bartol rememora, en parte, el pasaje en 2008 del sacerdote salesiano Mateo Méndez al frente del Instituto de Rehabilitación del INAU, cuya cabeza rodó a los pies de los funcionarios.

El Ministerio de Desarrollo Social fue creado en 2005, en los inicios del primer gobierno del Frente Amplio. Quedó en el área de influencia del Partido Comunista, salvo el interregno del socialista Daniel Olesker entre 2011 y 2015. Rápidamente alistó una gran estructura burocrática, en general con militantes frenteamplistas, y una constelación de ONG afines. 

El Mides ejecutó nuevos programas para capear los resultados de la crisis de 2002, como el Plan de Emergencia y el Plan de Equidad, y los ensambló con las antiguas Asignaciones Familiares y otros planes muy diversos, para asistir hasta medio millón de personas.

La mole reúne al menos 1.800 funcionarios, públicos y no públicos; muchas direcciones nacionales y departamentales, regularmente partidas en feudos; decenas de programas, en ocasiones superpuestos y de eficacia desigual; y organismos muy complejos que también están en su jurisdicción, desde el Inda al INAU, que tienen su propia estructura y miles de funcionarios.

Hay tal proliferación de secciones de prensa y propaganda que, en conjunto, compiten con el tamaño de las redacciones de los principales periódicos uruguayos.

El Mides contó con la decidida asistencia de muchos académicos y expertos, que de buena fe pusieron a prueba sus conocimientos y teorías; y trazó un gran mapa de las capas socioeconómicas más bajas de Uruguay. Pero el triunfo de Luis Lacalle Pou en noviembre de 2019 significó un grave traspié para la izquierda y la entrega de tan preciado botín.

La resistencia burocrática a la nueva administración es perceptible en el edificio de 18 de Julio y Barrios Amorín, la vieja sede central del desaparecido Banco de Crédito, donde a veces el aire se corta con cuchillo.

En noviembre de 2020 el senador blanco Sergio Botana, exintendente de Cerro Largo, hizo una descripción desalentadora en Montevideo Portal. “El 70% del gasto del Mides se va en sueldos y transferencias fijas a ONGs. Las políticas no han cambiado. En todo caso, se han reforzado transferencias. La dirección del Ministerio tiene que negociar cada cambio con funcionarios que responden a otra concepción y se dedican a impedir la llegada de nuevas políticas (…). Se llenaron las estructuras duplicadas en cada lugar”.

El nuevo gobierno procura favorecer el protagonismo de las Intendencias, mayoritariamente del Partido Nacional, como sustitutas de una estructura que parte de la capital del país, cual caballo de Troya. El impacto de las Intendencias sobre las personas en el interior, por cercanía y conocimiento, es mucho más importante que en Montevideo y Canelones, donde la relación es más genérica e impersonal. 

Lo que se denomina genéricamente “políticas sociales” no fueron creadas por el Mides. Son una construcción histórica, gradual y creciente, que hunde sus raíces en tiempos de la independencia, hace dos siglos. Las Asignaciones Familiares, una prestación para los hogares con hijos, se crearon en 1943. Los “comedores populares”, antecedentes del Inda, datan de 1934.

En todo caso el Mides centralizó y amplió ese tipo de prestaciones.

Históricamente la pobreza en Uruguay —que suele medirse sólo por ingreso, un indicador harto insuficiente— sube y baja según el estado de la economía y del empleo. 

La pobreza cayó con fuerza entre 1986 y 1998, tras superarse la crisis de 1981-1982; volvió a crecer entre 1999 y 2003, debido a una nueva gran crisis; se redujo de manera sostenida entre 2004 y 2016; repuntó desde entonces, por un mayor desempleo, y a partir de 2020, por la pandemia.

El auge económico entre 2003 y 2014 no redujo la fractura de la sociedad, como muestran el persistente abandono de la enseñanza secundaria, el empleo informal de uno de cada cuatro trabajadores, y la cantidad de gente que vive en asentamientos y viviendas precarias.

Los programas sociales han sido más un paliativo que un mecanismo de reinserción.

En agosto de 2018 el expresidente José Mujica dijo que el grave aumento del delito se debía a que las políticas sociales “no han dado resultado”, pues “asistir no equivale a convencer”.

Los núcleos duros de pobreza, que representan entre 10% y 15% de la población de Uruguay, según se midan, no se hunden durante las crisis, porque ya están muy abajo, ni mejoran mucho durante los períodos de auge, por falta de herramientas intelectuales y de un contexto social y material favorable.

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