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El opositor departamento de Santa Cruz de Bolivia declara un paro general por 48 horas
El departamento de Santa Cruz, en el este boliviano, comenzó este lunes desde las cero horas una huelga general de 48 horas para exigirle al gobierno de Luis Arce que disponga la realización del censo nacional, suspendido este año debido a los problemas ocasionados por la pandemia.
El paro es convocado por el gobernador Luis Fernando Camacho, un comité cívico empresarial y la universidad estatal Gabriel Moreno en rechazo a la postergación del censo que -por ley- debía realizarse este año y el gobierno postergó para 2024.
Camacho se identifica con la oposición de derecha al gobierno socialista del MAS y tuvo una destacada actuación en los eventos que culminaron con el derrocamiento del presidente Evo Morales.
Según los convocantes, la razón de la medida es la ausencia de datos actualizados sobre la realidad demográfica y social de la región, ya que los existentes datan del censo anterior de 2021. Eso, de acuerdo a quienes convocan a un paro, impide una asignación equitativa de los recursos públicos a la región, por lo que se reclama que el censo se anticipe por lo menos para 2023.
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento, Johnny Fernández, perteneciente al oficialismo, no adhiere a la huelga y ha tomado distintas medidas respecto al transporte público para garantizar que la gente que quiera ir a trabajar tenga los medios para hacerlo.
En varios puntos de la ciudad y en algunas rutas, manifestantes pro-huelga han armado barricadas para impedir el tránsito de vehículos particulares y de transporte.
En algunos de esos puntos de bloqueo se han podido verificar enfrentamientos entre quienes adhieren al paro y grupos de militantes del oficialismo que intentan liberar las calles y rutas removiendo los obstáculos.
En algunos choques se ha registrado un número de lesionados no precisado aún que son motivo de acusaciones cruzadas entre el convocante comité pro Santa Cruz y los funcionarios municipales.
El centro de la ciudad de Santa Cruz se mostraba con escaso movimiento comercial y vehicular, mientras que hacia los cordones periféricos que la rodean y en los municipios del interior, donde viven los sectores de menores ingresos y predominan los partidarios del gobierno nacional, la medida tuvo índices muy menores de acatamientos, que en algunos casos fue prácticamente inexistente.
