El papel del Estado

Es un debate que en Uruguay ha estado subordinado a una dinámica de ideas binarias y al enorme peso cultural que tiene la figura del Estado en el imaginario colectivo de la sociedad.

Una discusión del Estado sobre su razón de ser, independiente del simultáneo problema histórico del déficit fiscal, tan inadecuado como indecoroso.

Las reformas del Estado desde el reinicio de la democracia en 1985 en general fueron perjudicadas por la carga peyorativa en la discusión pública.

Proyectos de reestructura administrativa, planes de desburocratización, la eliminación de trabas a actividades que los agentes económicos deberían poder realizar libremente o propuestas para que áreas productivas o comerciales salieran de la órbita del Estado o actuaran en régimen de competencia sufrieron de una ejecución por lo menos engorrosa.

Pese a todo, las AFAP en la seguridad social, la reforma portuaria, la participación de privados en la producción de energía, la competencia en la telefonía móvil nos hablan a la vez de cambios importantes en beneficio de todos los uruguayos.

Con la nueva administración de Luis Lacalle Pou el Estado vuelve a estar en el tapete.

Por un lado, por un conjunto de reformas estructurales que impulsa la coalición multicolor o por lo menos una parte de ella. Regla fiscal, medidas para proyectar un Estado “más eficiente” y transparente, mejora de la gobernanza de las empresas públicas, liberalización del petróleo crudo y derivados en régimen monopólico de la estatal Ancap, propuestas de desregulación de la economía, la transformación de la seguridad social y el fortalecimiento de las agencias reguladoras forman parte de los planes innovadores del presidente Lacalle Pou. Son iniciativas que están contenidas en el proyecto de ley de urgente consideración o se plasmarán en otras propuestas legales durante el período de gobierno.

Por otro lado, la gestión del Estado se instaló en la discusión política debido a eventuales irregularidades o disfunciones en organismos del Estado.

El Poder Ejecutivo ordenó la realización de auditorías en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, donde hay sospechas de un muy mal manejo de los recursos públicos y deficiencias en funciones de control. Se trata de dos instituciones que juegan un papel central en las políticas sociales para amortiguar el golpe de la desigualdad que perjudica el punto de partida de las familias más desfavorecidas.

La polémica sobre la desmonopolización de ANCAP –incluso en los partidos coaligados– y la inversión millonaria de Antel en el Antel Arena también ha puesto sobre la mesa la gestión de los entes industriales o comerciales.

Es un contexto oportuno para revisar el papel del Estado con toda la profundidad del caso, lo que supone dejar a un lado las visiones maniqueas sobre el tema.

El bienestar depende del funcionamiento sano del mercado y de un Estado con políticas públicas de calidad. Ese debería ser el telón de fondo de la agenda reformista que será clave para la recuperación de la crisis provocada por el covid-19.