El plan del gobierno electo para atraer argentinos a que vengan a vivir a Uruguay

El sábado 4 el presidente electo, Luis Lacalle, se reunió con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), en el marco de la Expo Real Estate de Punta del Este, y les informó que pretendía flexibilizar algunas regulaciones respecto a la residencia legal y fiscal para que 100 mil personas, principalmente argentinos, vengan a vivir a Uruguay en los próximos 5 años, según contó a El Observador el gerente ejecutivo de la organización, Aníbal Durán. 

“Estamos seguros que nuestro país se va a convertir en un destino no solo para invertir sino también para que familias vengan a vivir y disfrutar de nuestras playas”, dijo Lacalle en rueda de prensa tras la reunión. 

Una de las flexibilizaciones, según trasladó el presidente electo a Appcu, será reducir los montos que se exigen de patrimonio en bienes inmuebles o en inversiones para facilitar la obtención de la residencia fiscal. Con este tipo de residencia la persona extranjera pasa a tributar en Uruguay y le sirve para dar de baja su residencia fiscal en su país de origen. Además, quienes configuran la residencia fiscal por primera vez, pueden realizar la opción de no pagar IRPF por sus rendimientos del exterior, según explicó a El Observador el socio de FBM, Fabian Birnbaum. Esto último fue promovido durante el gobierno de José Mujica (2010-2015).

“Estamos seguros que nuestro país se va a convertir en un destino no solo para invertir sino también para que familias vengan a vivir y disfrutar de nuestras playas”, dijo Lacalle Pou.

Es una idea que también maneja el futuro ministro de Turismo, Germán Cardoso. “Son lo que se llaman altos consumidores o contribuyentes de alta calidad”, explicó a El Observador. De todos modos, Cardoso aseguró que todavía no habló del tema con Lacalle y que le “sorprendió” que lo mencionara, pero aseguró que es necesario “analizar incentivos” para atraer a ese perfil de inmigrante. 

Actualmente existe una diferenciación para obtener la residencia legal (que permite tener la cédula de identidad) entre los ciudadanos de países del Mercosur y Estados asociados y el resto del mundo. Mientras que los primeros solo tienen que demostrar el ánimo de permanecer y residir en Uruguay, los segundos deben además acreditar medios de vida. Para la residencia fiscal no existe ningún tipo de diferencia, según explicó a El Observador el socio del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brasue, Nicolás Herrera. 

La residencia fiscal se puede obtener de varias formas: residir más de 183 días del año en el país, tener intereses vitales (familiares cercanos) en Uruguay, demostrar que más del 50% de tus ingresos se generan en territorio nacional o tener un patrimonio en inmuebles de 15 millones de Unidades Indexadas (unos US$ 1,7 millones de dólares). Además, si una persona tiene una inversión, directa o indirecta, en una empresa por valor superior a 45 millones de UI (US$ 5,3 millones) o proyectos declarados de interés nacional en virtud de la Ley 16.906 también puede tramitar la residencia fiscal. 

A modo de ejemplo, Cardoso mencionó que en España te dan la residencia por la compra de bienes inmuebles por el valor de € 500 mil (US$ 550 mil ), un tercio de lo que exige Uruguay.  

Lacalle recibirá a las autoridades designadas del Ministerio de Turismo este jueves para definir los principales lineamientos de la cartera para los próximos cinco años. Las futuras autoridades de cancillería, en tanto, no estaban al tanto de este plan del presidente electo pero, según dijeron a El Observador, están de acuerdo con la idea. 

Una tradición

Que empresarios argentinos se instalen en el país, sobre todo en Maldonado, está lejos de ser una novedad y la asunción del peronista Alberto Fernández al frente de la Presidencia el pasado diciembre y el posterior anuncio de que las inversiones o bienes radicados en el exterior pagarán el doble del Impuesto a los Bienes Personales crearon un caldo de cultivo para que algunos argentinos empiecen a analizar cruzar el charco. 

Anteriormente pagaban este impuesto quienes tenían domicilio fijado en Argentina lo que permitía que un cambio de domicilio fuera suficiente para no pagar el impuesto. Ahora lo que se exige es la residencia, lo que genera una dificultad mayor para quienes pretendan perder la calidad de contribuyentes en la vecina orilla.

Entre agosto y diciembre de 2019 se dispararon las consultas en colegios de Punta del Este para la inscripción de los hijos de argentinos que pretendían instalarse en esa zona del país. En el International College de ese balneario hubo un aumento del 70% de consultas y entrevistas  en general, de las cuales el 60% corresponde a familias argentinas, según explicó a El Observador el gerente de marketing de la institución, Pedro Márquez.

En Argentina es un tema que está sobre la mesa. El diario La Nación publicó dos reportajes en la última semana que se refieren al tema. Por un lado, uno sobre las familias argentinas que eligen vivir en Punta del Este y otro sobre cómo Uruguay es un posible destino que manejan los empresarios para instalarse a raíz de lo anunciado sobre el Impuesto a los Bienes Personales.  

"Tras las PASO hubo un boom, y ello se acentuó después de las elecciones. Cuando hicieron el anuncio de alícuotas sobre Bienes Personales, fue un día en el que no pararon de sonar los teléfonos. Hay un cambio de clima. La búsqueda principal de quienes llaman es que no les graven la renta global, por lo cual tienen que dejar de tributar en la Argentina. Y por eso aparece Uruguay como opción”, dijo al matutino argentino el socio gerente del estudio jurídico y tributario Andersen Tax & Legal - Uruguay, Federico Fischer. Las consultas sobre posibles mudanzas pasaron de ser 10 por semana a 50 después de las elecciones primarias al otro lado del charco, aseguró. 

Potenciar la inversión

La idea de Lacalle es dinamizar la inversión para reactivar el sector de la construcción y para eso pretende reducir algunos costos, según le trasladó a la Asociación de Promotores Privados de la Construcción en la mencionada reunión. El presidente electo ya se comprometió a derogar dos decretos vinculados a la vivienda de interés social (ahora denominada promovida) que, según él, limitaron el crecimiento de la construcción.  

El primero, de junio de 2014, introdujo el tope sobre los precios del 25% de las unidades de este tipo. El otro, de febrero de 2017, establece que los inversores pueden exonerar el 100% del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) cuando los arrendamientos no superen "precios máximos" establecidos por el Ministerio de Vivienda. Si se superan esos valores tope la exoneración es del 40%. 

Pero desde la gremial de los promotores también le pidieron que aumente la cantidad de unidades de un solo dormitorio que pueden tener los edificios construidos bajo este régimen. Ahora solo pueden ser de un dormitorio el 50% de los apartamentos mientras que la APPCU pretende que sean el 75%. “Lo que la gente quiere es viviendas de un dormitorio”, dijo Durán a El Observador. 

Además, el gerente ejecutivo de la asociación aseguró que le pidieron al presidente electo que realice los cambios a través de decretos y que no lo incluya, tal como anunció, en la ley de urgente consideración. Si bien no hubo respuestas concretas, Durán aseguró que hubo “muy buen eco” sobre sus propuestas.