Indiferente al pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA) de una tregua política de cien días y un diálogo entre las máximas jefaturas institucionales del Perú, el Congreso aprobó un nuevo trámite para destituir al presidente Pedro Castillo.
El pedido de vacancia (destitución) aprobado por mayoría fijo la fecha del 7 de diciembre para que se vote la remoción de Castillo. Se trata de la tercera vez en que el mandatario, un ex sindicalista elegido por un partido de izquierda, afronta el mismo intento desde que asumió, el 28 de julio de 2021.
La moción fue presentada por el legislador independiente Edward Málaga, que pidió que Castillo sea destituido por una supuesta "permanente incapacidad moral" para seguir en el cargo. El trámite fue admitido con el voto a favor de 73 legisladores, 32 en contra y 6 abstenciones.
"Resulta inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos", dice la moción aprobada. Según la constitución peruana, si la votación en el Congreso es aprobada el próximo miércoles, debería convocarse a elecciones anticipadas.
El trámite contó con el impulso de los partidos opositores derechistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú.
Este es el tercer proceso de este tipo al que se someterá a Castillo, quien pasó airoso un primer pedido de destitución en diciembre de 2021, cuando la moción no fue admitida, y un segundo proceso en marzo pasado, cuando recibió solo 55 votos a favor.
Castillo ya fue notificado que el 7 de diciembre deberá concurrir al Congreso para ejercer su defensa. Para ser aprobada la destitución requiere el voto de al menos 87 de los 130 parlamentarios peruanos.
En coincidencia con el nuevo intento de destitución del presidente, el grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó Perú la semana pasada pidió una tregua política de 100 días y convocar a un diálogo e iniciar una tregua política para superar la crisis de gobernabilidad que atraviesa la nación.
El informe preliminar divulgado el jueves asegura que “la institucionalidad democrática en Perú está en riesgo debido a la inestabilidad, un ambiente altamente polarizado, acoso permanente y confrontación entre poderes o el uso excesivo de herramientas de control político, entre otros factores.
"Entre los poderes del Estado existen acusaciones y señalamiento de que el riesgo de gobernabilidad reside en el otro poder, y no en ellos mismos", dice el documento.
"La democracia en Perú está en cuidados intensivos", dice el documento leído por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga como resultado de la visita de alto nivel que realizaron varios cancilleres de la región con casi treinta entrevistas con los liderazgos políticos peruanos.
(Con información de DW y agencias internacionales)
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