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En El Salvador, el aborto está prohibido en cualquier circunstancia desde 1998

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El Salvador: 50 años de cárcel a una joven que perdió su bebé y fue condenada por “homicidio agravado”

Es la mayor condena a una mujer desde que en 1998 se estableció la prohibición del aborto bajo cualquier circunstancia

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05 de julio de 2022 a las 11:57

Una joven de 23 años que hace cuatro años enfrentó una emergencia obstétrica en la que murió su bebé fue condenada a 50 años de cárcel, en el primer fallo en que la justicia de El Salvador impone la pena máxima desde que el aborto se penalizó en forma absoluta.

La condena por “homicidio agravado” fue impuesta por un tribunal de San Miguel, a unos 130 kilómetros de la capital salvadoreña, a Lesli Ramírez, una joven que alegó que se trató de un aborto natural. Se trata de la mayor condena aplicada hasta ahora en casos similares.

Desde 1998, en esa república centroamericana el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, incluso en los casos en que la vida de la madre corra peligro o de violación de menores o discapacitadas.  En la mayoría de los países donde la interrupción del embarazo no está permitida, esas circunstancias lo habilitan legalmente como práctica médica.

El Código Penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta 8 años, pero ha sido frecuente que fiscales y jueces tipifiquen los casos, incluso los involuntarios, como "homicidio agravado", delito penado hasta con penas mayores.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto difundió y rechazó la decisión judicial y anunció que apelará el fallo, dictado la semana pasada pero conocido en las últimas horas.

"El Estado salvadoreño una vez más continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derecho ni condiciones para defenderse", señaló en un comunicado la organización, con la firma de su titular, Morena Herrera, una defensora de los derechos civiles de las mujeres reconocida internacionalmente.

El Ministerio Público informó que la condena a Lesli Ramírez se basó en las pruebas presentadas en el juicio por los fiscales del caso y un dictamen forense que determinó como causa del fallecimiento de la bebé "degüello por herida tipo contuso-cortante producido con arma blanca".

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la joven, que residía en una zona rural del oriente del país, "ocultó su embarazo a los familiares y tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña que nació con vida y que, a través del reconocimiento forense, se estimó que tenía entre las 37 y 40 semanas de gestación", reportó el sitio del diario La Prensa Gráfica.

El colectivo feminista sostiene, en cambio, que la joven que entonces tenía 19 años, un nivel de educación escolar bajo y sin educación sexual integral, "desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo y el 17 de junio de 2020, a las 9.30 de la noche, tuvo una emergencia obstétrica en su casa, sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto". La joven fue al baño y tuvo un parto precipitado, y los familiares llamaron a emergencias de la policía para que la llevaran a un hospital, adonde fue detenida y acusada inicialmente de aborto.

"La familia de Lesli vive en situación de pobreza extrema, no tiene acceso a agua potable ni electricidad y no cuenta con una vivienda digna. En la vida de ella y su familia el Estado siempre ha permanecido ausente", señaló la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Para la organización, el juez condenó a Ramírez "basando su decisión en meros prejuicios de género, lo cual quedó claro en las palabras con la que justificó la pena: `las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue`".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha intervenido en casos como este y condenó al Estado salvadoreño ordenándole “no perseguir y criminalizar a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas".

El antecedente más cercano fue el fallo del 30 de noviembre de 2021, en el caso conocido como “Manuela vs El Salvador”, en que tribunal interamericano condenó a Estado salvadoreño por violar los derechos de una mujer que murió en prisión mientras cumplía una pena a 30 años de cárcel por un aborto extrahospitalario tipificado como homicidio agravado.

Según datos de la ONG consignados por la cadena alemana DW, en las últimas dos décadas se penalizó en el país centroamericano a 181 mujeres que sufrieron un aborto espontáneo.

En lo que va del año 2022, ya han sido liberadas cinco de esas mujeres que al demandar auxilio médico en un hospital por un aborto espontáneo fueron detenidas como sospechosas del asesinato de su bebé y luego condenadas.

La base legal es una reforma constitucional de 1998, que puso bajo protección "la vida humana desde la concepción", lo que luego fue codificado prohibiendo por ley y sin excepción alguna el aborto.

Con este marco legal, las mujeres que sufren complicaciones durante el embarazo que provocan abortos involuntarios o muerte fetal caen a menudo bajo sospecha de haberse practicado un aborto.

Para no enfrentar cargos de homicidio agravado, que conllevan una pena de prisión de 30 años, las mujeres violadas y aun las menores o discapacitadas deben continuar el embarazo. Debido a la magnitud de las penas incluso por no denunciar el caso, los mismos agentes del sistema sanitario denuncian a la mujer como sospechosa.

En casos en los que un aborto está médicamente indicado para no poner en peligro la vida de una mujer, el personal médico suele retrasar el procedimiento por un tiempo peligrosamente largo para no ser objeto de persecución judicial.

La violencia sexual y las violaciones de menores son frecuentes en El Salvador. "Pero la ley tampoco contempla excepciones para menores violadas”, explica la activista Herrera. "Actualmente estamos cuidando a una niña ciega de 12 años que fue violada y obligada legalmente a continuar con la gestación", le dijo a DW.

Amnistía Internacional ha respaldado el reclamo de la ONG, y exigió medidas concretas para no criminalizar a las mujeres. Será difícil: el actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tiene una postura extrema con la interrupción del embarazo. En una entrevista de Instagram de marzo de 2020 con el rapero portorriqueño Residente expresó: "No estoy a favor del aborto y creo que algún día nos daremos cuenta de que el aborto es un gran genocidio".

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