El sueño petrolero, la velita al socialismo y el tren que se fue: los paquetitos problemáticos del FA

Pero lejos del éxito que proyectaron inicialmente, varios de ellos tuvieron problemas, se frustraron a los pocos meses de empezar y provocaron pérdidas millonarias para el país, entre los que están el desarrollo de la minera Aratirí, la exploración de petróleo, la revitalización del tren, la creación de una planta regasificadora o el desmadre de Ancap.

Aratirí, el juicio millonario y el puerto de aguas profundas

De origen indio, el grupo económico Zamin Ferrous presentó en 2011 un proyecto para extraer en promedio unas 18 millones de toneladas de hierro anuales durante 30 años en la zona de Valentines, en el límite entre Treinta y Tres, Durazno y Florida.

A pesar de que José Mujica dijo que el proyecto estaba “atado”, luego de varias negociaciones con la empresa y una caída importante del precio del hierro a nivel mundial, su gobierno descartó el negocio.

Aratirí nunca logró que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) le otorgara la habilitación ambiental y en 2018 presentó una demanda contra el Estado uruguayo por US$ 3.536 millones ante la Comisión de Arbitraje Permanente de La Haya que se encuentra en la etapa final.

La demanda es por un presunto incumplimiento del tratado de protección y promoción de inversiones entre Reino Unido y Uruguay debido a la aprobación de la ley de Minería de Gran Porte en el año 2013. Los socios de la empresa alegaron que hubo “cambios a las reglas de juego” que afectaron específicamente el proyecto, y de forma retroactiva".

La defensa de Uruguay está basada en la “doctrina de los actos propios” y se centra en demostrar que la minera continuó negociando con el gobierno cuando se aprobó la ley y cuando se modificó la ubicación del puerto de aguas profundas. 

El proyecto de Aratirí estaba atado a la creación en Rocha de un puerto de aguas profundas por donde se iba a sacar el hierro extraído, una iniciativa que tampoco prosperó. 

Originalmente, la minera pretendía construirlo en La Angostura y así lo proyectó en su estudio de impacto ambiental, pero luego aceptó que su producción saliera desde El Palenque, el lugar que había elegido el gobierno.

La primera propuesta para desarrollar un puerto en esta zona ocurrió en el año 2010, cuando un grupo de empresarios españoles se reunieron con José Mujica y le manifestaron su interés por invertir US$ 8.000 millones en una iniciativa que también contenía un aeropuerto, el desarrollo del tren y un proyecto turístico con canchas de golf.

El tren de los pueblos libres

Con un acto en Salto, el 29 de agosto de 2011 José Mujica y Cristina Fernández inauguraron el “tren de los pueblos libres”, un servicio ferroviario que había operado entre 1982 y 1985 y cuyo objetivo era unir Uruguay con Argentina a través del transporte de pasajeros desde Paso de los Toros hasta la estación Pilar en la provincia de Buenos Aires.

Mujica definió la iniciativa como parte de la “gigantesca batalla” de unificar ambos países, pero el proyecto fracasó antes de cumplir un año en mayo de 2012. En total hizo solo cinco viajes hasta Paso de los Toros; fue cortado primero hasta Paysandú y luego Salto.

La recuperación del ferrocarril fue una de las obsesiones de toda su presidencia y el tupamaro ensayó varias alternativas para reactivarlo, aunque nunca pudo enfilar a toda la izquierda detrás de su proyecto. 

El segundo gobierno de Vázquez logró reactivar la línea entre Tacuarembó y Rivera para el transporte de pasajeros y atado a UPM concretó la obra del Ferrocarril Central, a cargo del consorcio Vía Central compuesto por las empresas uruguayas Saceem y Berkes, la española Sacyr y la francesa NGE. La inversión ascenderá a US$ 1.000 millones y está previsto que el tren que unirá Montevideo con Paso de los Toros esté operativo en 2022.

La planta regasificadora

Jorge Zabalza pasó uno de sus brazos por los hombros de Daniel Martínez, señaló el horizonte y largó: “Me levanto todas las mañanas y lo primero que veo es aquello allá”. El ingeniero no vio los pilotes y entró como por un tubo: “Sí, qué hermosura”, le contestó.  Y el tupamaro remató: “150 millones de dólares”. 

El candidato presidencial del Frente Amplio acababa de caer en una broma pesada que había quedado registrada por todas las cámaras de televisión. 

La obra que se ve desde la casa de Zabalza en Santa Catalina fue otro de los proyectos frustrados de los últimos 15 años y –según cálculos del diputado blanco Pablo Abdala, que llevó el tema a la Justicia en 2019– comprometió recursos del Estado por US$ 177 millones –el gasoducto terrestre que construyó la brasileña OAS costó US$ 70 millones y los procesos judiciales en su contra ascienden a US$ 86 millones–.

El proyecto se inició en 2011 a través de la constitución de la empresa Gas Sayago, propiedad de UTE y Ancap, pero sufrió todo tipo de inconvenientes ya desde las licitaciones y la decisión del gobierno argentino de desistir en la importación de gas hizo que fuera dejado por el camino en la segunda administración de Vázquez. 

La exploración de petróleo

La presunción de que Uruguay podía tener petróleo entre sus recursos naturales hizo que en 2016 Tabaré Vázquez sentara en una misma mesa a Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, Jorge Batlle y José Mujica, los otros cuatro inquilinos de la Residencia de Suárez y Reyes desde el retorno de la democracia, para analizar cómo se debería implementar esa política de Estado.

Incluso, el presidente elaboró un proyecto de ley que creaba una nueva empresa para administrar el petróleo, pero las expectativas fueron decayendo una vez que se conocieron los resultados de las primeras exploraciones.

En agosto de ese año, la empresa francesa Total informó que la prospección realizada en un pozo del denominado bloque 14 de la plataforma marítima uruguaya (offshore) había sido negativa. 

La búsqueda se reactivó en 2009 cuando Ancap lanzó su primera Ronda Uruguay aunque el salto ocurrió dos años después en una segunda ronda en la que participaron empresas grandes como British Gas, British Petroleum, Tullow Oil y Total. En 2018, la empresa estatal declaró desierta la tercera ronda y en 2019 lanzó la Ronda Uruguay Abierta, en la que se presentó Kosmos, una empresa norteamericana, para las áreas 2 y 3 de la plataforma marítima.

En tanto, en octubre de 2017 el gobierno anunció que había descubierto hidrocarburos en Paysandú durante las exploraciones de Petrel y Schuepbach Energy, aunque meses después anunció que se movía a Salto, lo que fue considerado que no había posibilidades. 

En 2011 y 2013 también había habido anuncios similares y luego se supo que no eran explotaciones comercializables. 

Las velitas al socialismo

El Fondo para el Desarrollo, creado en 2012 como una herramienta de impulso a la autogestión de los trabajadores para recuperar empresas fundidas, sufrió un radical cambio entre la administración de José Mujica y la segunda de Tabaré Vázquez, que la pasó de Presidencia al Ministerio de Vivienda. 

El Fondes fue definido por Mujica como una “velita prendida al socialismo” y tuvo como buque insignia el Plan Juntos. En su gobierno apoyó a 28 empresas con préstamos por casi U$S 70 millones, entre las que se encuentran Envidrio y Alas Uruguay, dos experiencias fallidas.

En 2019, el fiscal de crimen organizado Luis Pacheco pidió el procesamiento por conjunción de intereses para el diputado del MPP Daniel Placeres –considerado hijo político de Mujica– por su actuación parlamentaria en temas vinculados a Envidrio, cooperativa a la que estaba vinculado y que recibió préstamos por hasta US$ 11,5 millones. 

En tanto, Alas Uruguay surgió a partir del cierre de Pluna, empezó a volar en enero de 2016 y suspendió sus vuelos en octubre de ese mismo año debido a problemas financieros. El préstamo fue de US$ 15 millones de los que el Fondes no recuperó nada.

En el segundo gobierno de Vázquez, el Fondes pasó a ser administrado por el Instituto Nacional del Cooperativismo. En 2017 logró dar ganancias por más de US$ 150.000 y las duplicó en 2018. 

Ancap, la “chamboneada” y los US$ 900 millones

El diputado socialista Enzo Malán recién acababa de llegar a Santa Clara, la tierra donde descansan los restos del Che Guevara en Cuba, cuando una llamada truncó sus planes. Era su compañero Gonzalo Civila, que a miles de kilómetros le decía que tenía que volver urgente, porque debía llegar al Parlamento para levantar la mano y capitalizar a Ancap con US$ 900 millones.

El agujero en la gestión de la petrolera se produjo con Raúl Sendic al frente, que después fue compañero de fórmula de Tabaré Vázquez hasta que renunció luego de que El Observador informara que no era licenciado en genética humana como había expresado en su CV y en entrevistas periodísticas, y se supiera que había realizado gastos que no podía justificar con la tarjeta corporativa de la empresa.

Sendic fue el único procesado en la megacausa Ancap por peculado y abuso de funciones. La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu entendió que durante su presidencia de Ancap se "apropió" de "importantes sumas, que empleó en gastos personales" a través de la tarjeta corporativa. 

La magistrada resaltó que quedaba probado que de los montos gastados ($ 550 mil y US$ 38 mil) solamente devolvió US$ 130. El procesamiento por abuso de funciones obedeció a la participación que tuvo Sendic en el acuerdo para pagar la deuda que ANCAP mantenía con Pdvsa y que en un principio iba a hacerse a través de una ingeniería financiera que estaría a cargo de Exor.

Por este caso, que surgió de una comisión investigadora del Parlamento, el fiscal Luis Pacheco pidió procesar al expresidente de ANCAP, José Coya, los exdirectores Germán Riet, Juan Gómez y el colorado Juan Justo Amaro. A su vez, a los gerentes Manuel González (de ALUR), Luis Romero, quien fue el gerente de la división Portland, Eduardo Goldsztejn, jefe de Mantenimiento de la División Marítima y Ricardo Lemes, integrante de la jefatura de Operaciones Marítimas.