El Supremo Tribunal Federal de Brasil emerge como el último bastión de la democracia

Para uno de los principales jueces de Brasil, una ola de manifestaciones, cada vez más agresivas, por parte de los partidarios del presidente Jair Bolsonaro exigiendo que los militares clausuren el Congreso fue la gota que derramó el vaso. Él advirtió que el país corría el riesgo de convertirse en una "dictadura abyecta" bajo el liderazgo del populista de derecha.

"Debemos resistir la destrucción del orden democrático para evitar lo que sucedió en la República de Weimar cuando Hitler, después de ser elegido por votación popular, no dudó en anular la constitución e imponer un sistema totalitario en 1933", señaló el juez Celso de Mello, a fines de la semana pasada, en un mensaje de WhatsApp filtrado a los medios.

La severa advertencia del juez del Supremo Tribunal Federal en cuanto a la amenaza percibida que Bolsonaro representa ha subrayado no sólo los retos que enfrenta la política brasileña bajo el presidente –un ex capitán del ejército que ha expresado su afecto por la era del gobierno militar de 1964-85–, sino también el creciente papel del Supremo Tribunal en contrarrestar los excesos del gobierno.

Desde su toma de posesión en enero del año pasado, Bolsonaro ha avivado los temores en cuanto al futuro de la democracia en su país con constantes ataques en contra del Congreso, de los tribunales, de la prensa y de la sociedad civil.

Él también está enfrentando investigaciones judiciales después de que el Supremo Tribunal Federal comenzara investigaciones paralelas del presidente y de algunos de sus más cercanos aliados.

La investigación más notoria, lanzada en abril, está explorando las acusaciones de que Bolsonaro interfirió con las operaciones de la policía federal para proteger los intereses personales de su familia. La otra, la cual comenzó en marzo, está examinando las afirmaciones de que algunos de sus aliados, incluyendo ciertos empresarios prominentes, condujeron una operación de noticias falsas para garantizar su elección en 2018. Ambas investigaciones pudieran resultar en su destitución.

Las investigaciones han provocado una violenta reacción por parte de Bolsonaro, quien niega haber cometido delito alguno. El domingo él apareció, montado a caballo, en un mitin organizado por sus partidarios pidiendo la intervención militar con el fin de cerrar el Supremo Tribunal Federal de 11 integrantes y el Congreso.

Las marchas semanales de los partidarios de extrema derecha del presidente se han vuelto más agresivas, y algunos parecen estar formando milicias. A fines del mes pasado, un grupo se puso máscaras faciales y portó antorchas encendidas durante una protesta nocturna que, según los observadores, evocó el movimiento supremacista blanco en EEUU. El ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, fue captado en vídeo a fines del mes pasado diciendo que los jueces del Supremo Tribunal deberían ser encarcelados.

Algunos observadores han advertido que Brasil corre el riesgo de seguir el camino de Perú en 1992 cuando Alberto Fujimori, también un populista de derecha, envió tanques y tropas para disolver el Congreso y el poder judicial en un "autogolpe" conocido como el Fujimorazo.

"Nos estamos acercando mucho a un dilema: o el presidente se convierte en dictador o es destituido de su cargo. Esto tendrá que suceder en algún momento muy pronto", indicó Davi Tangerino, un abogado criminalista.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil durante mucho tiempo ha mantenido una posición de prominencia, en parte debido al vasto alcance de la constitución, la cual les ofrece a los jueces amplias oportunidades para la interpretación legal.

Tras los escándalos de corrupción de los últimos años, incluyendo la extensa investigación de Lava Jato que involucró a decenas de empresarios y políticos, los jueces comenzaron a adoptar un enfoque más activista. Actualmente, los jueces –quienes son nombrados por el presidente y prestan servicio hasta los 75 años– son celebridades que aparecen regularmente en su propio canal de televisión, TV Justiça.

"Los escándalos conllevaron nuevas responsabilidades para los jueces. Ya no sólo dictaminan en importantes casos constitucionales, sino que también actúan en primera instancia en denuncias contra políticos criminales", explicó Raquel Pimenta, una investigadora de la facultad de derecho de la Fundación Getúlio Vargas en São Paulo.

Según los analistas, el fracaso del Congreso en obligar al gobierno a rendir cuentas –por ejemplo iniciando procedimientos de juicio político contra el presidente– también ha reforzado la posición del Supremo Tribunal Federal como el último bastión de la democracia.

Por su parte, Bolsonaro ha tratado de reforzar el apoyo de los legisladores dándoles codiciados trabajos gubernamentales a las figuras en el Centrão, un bloque dispuesto a hacer tratos a cambio de su respaldo.

El activismo de los jueces surgió de un "sentimiento generalizado de que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo son corruptos, están deteriorados y carecen de confiabilidad", explicó Tangerino.

"Nos tomó 30 años construir instituciones que promueven la rendición de cuentas. Ahora estamos viendo esfuerzos para debilitar o cambiar el sistema de una manera que sea más favorable a los intereses personales del presidente", apuntó Pimenta.

Oscar Vilhena, decano de derecho de la Fundación Getúlio Vargas, agregó: "La constitución funciona sólo si las figuras públicas tienen un sólido compromiso con ella. Brasil actualmente tiene un problema porque tiene un presidente hostil a la constitución".

Conforme aumentan las tensiones entre Bolsonaro y el Supremo Tribunal Federal, el enfoque se está desplazando hacia los militares y cómo responderán.

Hamilton Mourão, el vicepresidente y un general del ejército, dijo esta semana que un golpe militar estaba "totalmente descartado". Sin embargo, Augusto Heleno, el asesor de seguridad nacional y también un general, advirtió a fines del mes pasado acerca de las "consecuencias impredecibles" generadas por los intentos de investigar a Bolsonaro.

"Las fuerzas armadas no son un monopolio del presidente", comentó Diego Werneck, un profesor de derecho constitucional en la Escuela de Negocios Insper en São Paulo. "Si el presidente se niega a obedecer una decisión del Supremo Tribunal, sería hora de que las fuerzas armadas se hicieran cargo de defender el orden constitucional".