El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dio luz verde al aumento del gasto social que impulsa el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva por encima del tope constitucional, iniciativa que había sido aprobada por el Senado, pero que está trabada en Diputados.
Un juez del máximo tribunal del país autorizó al próximo gobierno, que asumirá el 1 de enero, a financiar sus programas sociales por fuera del tope previsto en la Constitución, desbloqueando así el impasse que se registra en el Congreso.
El magistrado del STF Gilmar Mendes consideró "jurídicamente posible" que "el eventual desembolso adicional de recursos con el objetivo de costear en 2023 el programa Auxilio Brasil puede ser viable mediante la apertura de crédito extraordinario".
"Esos gastos no están incluidos en la base de cálculo y en los límites establecidos en el tope", señaló el magistrado con relación a la principal promesa de campaña realizada por Lula da Silva: mantener el plan Auxilio Brasil -antes llamado Bolsa Familia-, una asistencia de 600 reales (US$ 114 dólares) para las familias más necesitadas, y 150 reales adicionales por niños y niñas menores de seis años.
En la práctica, la decisión de Mendes ofrece una salida a Lula da Silva para cumplir con esas ayudas sociales sin recurrir a cambios en la Constitución, alternativa esta última que se viene discutiendo en el Congreso. En la práctica, el Senado dio luz verde a una enmienda constitucional (PEC) que libera 145.000 millones de reales (US$ 28.000 millones de dólares) fuera del tope de gastos en los próximos dos años para ambas erogaciones.
El acceso a los recursos para Auxilio Brasil es visto con una prioridad por el gobierno entrante para atender los principales desafíos sociales de un país en el que, según estimó la Red Brasileña de Soberanía y Seguridad Alimentaria en base a datos oficiales, 33,1 millones de personas sobre una población total de 215 millones sufre hambre.
