Mientras una investigación administrativa ampliada en el Ministerio de Defensa procura “investigar las contradicciones” en “los testimonios” del excomandante de la Armada, Jorge Wilson y el entonces encargado del proyecto de las OPV, el contralmirante José Ruiz, referido a los pormenores del segundo pago de US$ 8 millones a Cardama a comienzos del 2025 por la construcción de dos patrullas oceánicas, el almirante retirado comparecerá este lunes ante la comisión investigadora del Parlamento para dar su versión de los hechos.
Wilson, designado por el gobierno de Luis Lacalle Pou para comandar la Armada Nacional, pasó a retiro el 4 de marzo de 2025 tras la asunción de Yamandú Orsi en el poder. El excomandante tendría su primer encontronazo con la nueva administración dos meses después, cuando la ministra Sandra Lazo resolvió aplicarle una sanción disciplinaria calificada como “muy grave” con 30 días de arresto a rigor por brindar “información falsa al superior”.
Meses más tarde, el Ministerio de Defensa resolvió no hacer lugar a recursos de revocación y jerárquicos interpuestos por Wilson. Del expediente, al que accedió El Observador, surgen detalles de las conversaciones que llevaron a la sanción y apreciaciones del excomandante respecto a que Lazo “decidió primero que quería castigarlo” y “luego buscó una idea que se adaptase en mejor o peor medida a su voluntad”.
La reunión de Castaingdebat, Lazo y Wilson
El 27 de febrero de 2025, dos días antes de la asunción del nuevo gobierno, el ministro saliente Armando Castaingdebat y la ministra entrante mantuvieron una reunión con el comandante de la Armada.
La nueva administración reprocharía poco después que Wilson no informara ese día a Lazo respecto a que había validado los planos de cuaderna maestra entregados por Cardama y por tanto autorizaba a librar el pago del segundo hito equivalente al 10% del valor del primer buque a construir.
Sandra Lazo
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Los adscriptos de la ministra, Damián Rojas y Daniel Marsiglia, relataron en un informe que el 27 de marzo mantuvieron con el comandante retirado una reunión “por mandato verbal” de Lazo para recabar información sobre el contrato con Cardama. Los adscriptos reportaron que Wilson les confirmó que “él había elaborado una nota enviada a la empresa” el 27 de febrero de 2025, por lo que recordaron que ese mismo día el propio almirante había estado reunido con Lazo.
“Le consultamos por tanto porque en ese intercambio del 27 de febrero había omitido informarle sobre que esa nota había sido elaborada y enviada”, a lo que Wilson “respondió que al momento de la reunión no había todavía elaborado ni enviado la nota”, relataron los adscriptos.
A raíz de eso, Rojas y Marsiglia llamaron a quien fungía como encargado de despacho de la Armada –el ahora comandante José Luis Elizondo– para corroborar la fecha y la hora en que se había remitido la nota a Cardama. El oficial respondió que había sido ese 27 de febrero a las 13:26, casi tres horas antes de que la ministra entrante se reuniera con el entonces comandante.
“Le consultamos nuevamente al almirante Wilson por esto y le demostramos que la información planteada por él era incongruente”, reportaron Rojas y Marsiglia a la ministra. A su vez, contaron que le consultaron sobre cómo había comunicado sobre el hecho al Ministerio de Defensa, a lo que el excomandante respondió que había sido mediante oficio del Comando de la Armada. Otra vez contrastaron la versión con Elizondo y este les informó que “no se había ni ordenado, confeccionado ni enviado al ministerio un oficio” sobre el tema.
A raíz de eso, Lazo entendió que “quedó evidenciado que el almirante Wilson aportó información falsa al superior”, por lo que debía cumplir arresto a rigor desde el 12 de mayo hasta el 10 de junio en el Comando de Infantería a la altura del Cerro.
Sin embargo, Wilson brindó una versión diferente en su fundamentación de los recursos. El excomandante relató que en la reunión del 27 de febrero con Castaingdebat y Lazo se hablaron de cuatro temas y que “en ninguna oportunidad fue hablado directa o indirectamente relativo a Cardama”. Contó incluso que uno de los principales temas fue una solicitud del embajador de Italia para ser conducido al sitio en que fue hundido el Graff Spee y para visitar el Comando de Infantería Naval en que está bajo custodia el águila del buque de guerra nazi. Según Wilson, también conversaron sobre el aporte de la Armada al dispositivo de seguridad para el acto de asunción de Lazo en el ministerio.
El 27 de marzo, con él ya retirado, Wilson narró que los adscriptos de la flamante ministra le consultaron “por qué no se había informado” en aquel encuentro de febrero “que se había procedido al pago correspondiente al segundo hito del contrato” con Cardama. “Manifesté que dicho tema no se tocó en el transcurso de la reunión con la senadora. Cabe aclarar en este sentido que, incluso si la senadora hubiera traído el tema a la mesa”, no hubiera podido “informarle, por cuanto había recibido el mandato por las entonces autoridades del ministerio respecto a que el tema de las OPV tenía connotaciones políticas y por tanto solo dichas autoridades estaban capacitadas para comunicarse con las autoridades entrantes al respecto”, sostuvo Wilson.
El excomandante insistió en que si brindaba información que “además” no había sido “requerida” por la “entonces senadora” hubiera cometido “una grave infracción a sus obligaciones funcionales, por cuanto no habría respetado una orden directa del entonces ministro” Castaingdebat.
Respecto a su posterior reunión con los adscriptos de Lazo, Wilson les señaló –siempre según su versión– que “no recordaba con exactitud la hora en que se había realizado” la nota a Cardama, “pero que posiblemente se hubiera firmado con el correo administrativo, el cual era habitualmente traído” por la secretaría del Comando. “Ha de mencionarse que se notifica al ministerio mediante oficio y/o telefónicamente por WhatsApp, esto último profusamente utilizado por la administración saliente. Es de señalar que luego verificado este tema, la nota a Cardama S.A. salió en horas del mediodía, extremo que en el momento no recordaba”, repasó Wilson.
Ante la llamada de los adscriptos a Elizondo para corroborar los datos, el excomandante anotó que “si se firmó fuera del horario habitual, seguramente” su jefe de gabinete, el capitán de navío Marcelo Da Silva, “lo hubiera presentado en persona”, al tiempo que sí se habían comunicado por teléfono con el entonces director financiero de Defensa, Damián Galó, “indicando que se había verificado la documentación (de Cardama) y se procedía con el pago”.
Las “filtraciones” y la “investigación”
En un largo escrito en que presentó varios reparos a su sanción, el excomandante acusó a Lazo de “alterar el camino normal bajo el cual se debe arribar” a una sanción”, en que “ante una conducta X, una determinada sanción”.
Comando General de la Armada
Wilson recriminó que pese a que la resolución fue firmada el 30 de abril, se enteró “por medio de la prensa” nueve días antes, “particularmente” por “el Sr. (Eduardo) Preve” respecto a la intención de Defensa de sancionarlo.
El excomandante también acusó que “es lisa y llanamente inadmisible plantear que” los adscriptos de la ministra “constituían en el acto ‘superiores’”. Con citas a varias declaraciones públicas, Wilson apuntó que Lazo se había referido a ellos como “un grupo de trabajo” que estaba realizando “una investigación exhaustiva” sobre el contrato con Cardama, pero que “luego se aprecia que advertida evidentemente por alguien de que se habían vulnerado todas las formalidades y garantías que toda investigación exige”, “se cambia de expresión en las entrevistas radiales” para “evadir la verdadera naturaleza del grupo” y referir a él como “un grupo de trabajo que recopila información, y no de investigación”.
“Se trata de personas que no estaban insertas en el organigrama institucional. Más aún, la presencia de estos no estaba en consonancia con los requisitos dispuestos por el Decreto 500/991. Los mismos, en caso de ser designados, debían estar nombrados mediante acto administrativo, el cual vendría además acompañado de las respectivas notificaciones, lo que en el caso no existe (al menos hasta la fecha de mi sanción)”, alegó Wilson, un planteo que los otros oficiales sancionados –el capitán de navío Da Silva y los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz– también objetaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El excomandante apuntó en sus descargos que “la motivación cambió” y que llega “a la llana conclusión de que la intención de la Administración fue sancionar” para lo que “cualquier motivo resultaba válido". Wilson cuestionó que ni la propia Lazo “sabe por qué” lo sancionó. “¿Es porque falté a la verdad? ¿Es porque se enteró por medio de la prensa de que se había realizado un pago y el Sr. Wilson no le avisó, cuando no era ministra y no debía avisarle? ¿Es porque no hizo seguimiento de la información? ¿O es simplemente un abuso de autoridad sin ningún fundamento jurídico ni fáctico que la acompañase?”.
