La bancada de diputados del Frente Amplio presentó en el Parlamento un proyecto de ley que plantea volver obligatorio que los productos de origen transgénico estén debidamente identificados. El texto, de 4 artículos, señala que los productos de consumo humano que “contengan Organismos Genéticamente Modificados (OGM)” deberán llevar una etiqueta para que el consumidor tenga la información a la hora de elegir.
Esa etiqueta, dice el texto, tendrá que ser un rectángulo de color amarillo con una T en rojo que no podrá ser “menor al 10% de la cara principal del envoltorio”. En Montevideo ya hay una regulación sobre este tema pero según los impulsores no se cumple a cabalidad.
“La idea es poner en discusión el etiquetado de estos productos y la necesidad de tener una normativa nacional”, dijo a El Observador el diputado del MPP y uno de los impulsores de la iniciativa William Martínez. El legislador aseguró que en Montevideo está regulado el tema desde hace tiempo pero que por la información que pudo recabar solo cumplen la normativa aquellos productos que son importados de países que tienen una normativa que lo exige.
El proyecto establece que quedan alcanzados por esta normativa todos los alimentos para consumo humano que contengan OGM, consistan en OGM o estén producidos a partir de OGM en una proporción superior al 1%.
Actualmente, casi la totalidad de la superficie sembrada de soja y maíz en Uruguay es genéticamente modificada, según datos de la Cámara Uruguaya de Semillas presentados en la exposición de motivos del proyecto de ley. Dichos alimentos, agrega el texto, forman parte de la dieta a nivel de todo el país ya sea por consumo directo o a través de sus derivados (aceites, harina, polenta, tofu, leche de soja, hamburguesas vegetales, jarabes).
“La presencia total o parcial de OGM en alimentos, es muy amplia y es por ello que, de no especificarse en una etiqueta, inferir sobre el origen OGM el maíz o la soja para el consumidor, representa una enorme dificultad más allá del nivel de instrucción que se tenga”, agrega el texto y apunta que a nivel científico hay quienes plantean que los OGM tienen efectos sobre las personas.
“A nivel de producción científica hay trabajos que defienden la inocuidad de estos alimentos, pero también hay otros trabajos publicados que reportan sobre efectos tanto a nivel toxicológico como alérgico”, dice y agrega que en algunas partes del mundo basados en el “principio de precaución” porque no hay certeza técnica sobre los efectos en el ambiente es que no se permite sembrar cultivos transgénicos. “Este principio precautorio, también es aplicable en cuando a la salud humana”, agrega el proyecto que lleva la firma de todos los diputados oficialistas.
El proyecto asegura que si bien el Sistema Nacional de Bioseguridad es el que lleva adelante las políticas relativas a este tema “no se puede dejar de reconocer que el uso de OGM en alimentos es de interés general y despierta en la sociedad ciertas interrogantes”. Además, menciona que en países europeos este tema también está regulado.
¿Quién será el encargado de controlar? El proyecto plantea en su artículo tres que el “órgano rector” que tendrá a cargo todas las acciones vinculadas a la vigilancia será la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
"En un país de derecho, se considera que es impostergable que el consumidor pueda conocer el origen de los alimentos que elige; y por ende, es necesario regular a nivel nacional la venta de todo alimento transgénico o que derive de un organismo genéticamente modificado especificando obligatoriamente en la etiqueta del envase su origen o a través del rotulado en el cartel de venta si se tratare de un alimento fresco”, cierra la exposición de motivos.
