El vicepresidente salvadoreño reconoció “errores” en la guerra contra las pandillas

Félix Ulloa, que tiene una licencia temporal como vicepresidente de su país mientras se postula para la reelección junto con Nayib Bukele, defendió la controvertida ofensiva de su gobierno en una entrevista con la agencia The Associated Press (AP) días antes de una elección presidencial que, se espera, ganarán fácilmente.

Ulloa reconoció que, en la detención masiva de ciudadanos, realizada por su gobierno, se encarcelaron a miles de personas inocentes, algo que, afirmó, están corrigiendo, pero justificó las duras acciones diciendo que son muy populares y completamente “legales”.

Desde la declaración del estado de emergencia en marzo de 2022, después de un aumento en la violencia de pandillas, el gobierno ha detenido a 76.000 personas, más de 1% de la población, en esta pequeña nación centroamericana. Desde entonces, la declaración, que suspendió algunos derechos fundamentales como el acceso a un abogado y conocer el motivo de la detención, ha sido renovada cada mes por el Congreso.

“No hay ninguna obra humana perfecta”, dijo Ulloa. Según el funcionario, hay que entender “qué es lo que se está logrando en este país cuando hemos salido en defensa de la población, de los derechos humanos, de los millones de salvadoreños que estaban siendo violados por las estructuras criminales”.

Desde entonces se han liberado a unas 7.000 personas de las prisiones donde las autoridades han sido acusadas de tortura y de cometer abusos sistemáticos y generalizados contra los derechos humanos.

Ulloa señaló que, en algunos casos, las autoridades pudieron haber pedido a las fuerzas de seguridad que cumplieran con ciertas cuotas de detenciones, arrestando a un número predeterminado de personas, pero “no era una instrucción del superior ni una política de gobierno”.

Grupos de derechos humanos afirman que más de 150 personas han muerto en custodia desde el inicio de la ofensiva.

Hay informes que revelan que los detenidos son sometidos a audiencias masivas de hasta 300 acusados a la vez. Pocas veces tienen acceso a abogados. La gran mayoría de los arrestados en la declaración de emergencia siguen en prisión sin haber sido juzgados.

“No hay un estado policial”, remarcó Ulloa. “No existe la suspensión de ninguna garantía en El Salvador. Ninguna libertad pública ha sido suspendida jamás por el régimen de excepción”, dijo, antes de señalar un par de derechos que han sido suspendidos, pero aclaró que no afectan a la gente “honrada” de El Salvador.

“Nosotros cuando declaremos libre al país de pandillas, de criminales, de estructuras criminales, pues ya no tendrá sentido tener el régimen de excepción”, agregó.

Tras la ofensiva, los índices de violencia se redujeron drásticamente, y los índices de homicidios se encuentran entre los más bajos del continente, mientras el gobierno continúa gozando de altos índices de aprobación.

Ulloa negó firmemente las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de que su gobierno había negociado con las pandillas antes del aumento de la violencia y del estado de emergencia que le siguió.

También negó que su gobierno haya atacado a la prensa, a pesar de que periodistas, activistas, líderes sindicales y políticos de oposición han dicho que son acosados, espiados e incluso detenidos por el gobierno. Acusó a los críticos de su gobierno de trabajar con los partidos de oposición del país, y a las personas que afirman que sus derechos han sido violados durante la ofensiva, de “tener vínculos con las pandillas”.

(Con información de agencias)