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Escándalo electoral argentino
Los escandalosos comicios en la provincia de Tucumán, génesis de violentos disturbios callejeros en los últimos días, ejemplifican el quebrado sistema electoral argentino, víctima asidua de trapisondas fraudulentas. Los sucesos en esa provincia ensombrecieron la campaña para la elección presidencial de octubre, por lógicos temores de la oposición de que el kirchnerismo utilice su control de la maquinaria del Estado para asegurarse un resultado favorable con manejo irregular de las urnas, como en Tucumán. El candidato kirchnerista a gobernador Juan Manzur fue declarado ganador con amplia ventaja sobre José Cano, postulante de una alianza opositora respaldada por el centrista Mauricio Macri y el peronista disidente Sergio Massa, los dos principales rivales del oficialista Daniel Scioli en la puja presidencial.
Macri y Massa, así como otros líderes opositores, han exigido un nuevo recuento voto a voto de todos los circuitos, luego de fundamentadas denuncias de irregularidades de todo tipo en muchos circuitos. Incluyeron el hecho inconcebible de que 42 urnas, que son de cartón, fueron incendiadas antes de su apertura, agravado por el fallo de un juez amigo del gobierno de que la quema no constituía fraude. Un popular comediante de la televisión argentina ironizó con que, como a los peronistas les gustan los asados, utilizaron las cajas para empezar el fuego sin darse cuenta de que adentro había votos. Miles de opositores se lanzaron a las calles a protestar contra el oscuro manejo de los comicios y fueron brutalmente reprimidos por la Policía, lo que causó decenas de heridos.
El caso tucumano, que repite aumentadas las irregularidades en otros comicios provinciales recientes, ha replanteado la fragilidad del sistema electoral argentino por falta de garantías y controles adecuados. Ya en las primarias del 9 de agosto complicó la votación, además de las inundaciones que afectaban vastas zonas, el uso de inmanejables boletas de hasta 1,2 metros de largo, cada una con cientos de opciones por distintos partidos y cargos. Pero lo peor fueron denuncias fundadas de fraude en el escrutinio por falta de fiscalización y de destrucción masiva de boletas opositoras en los cuartos secretos.
La pesadez e inseguridad del sistema, reflotadas en la votación en Tucumán para gobernador y otros cargos provinciales, han generado exigencias de todos los candidatos presidenciales de la oposición de que, para la elección del 25 de octubre, se adopte a nivel nacional el voto electrónico, que funcionó bien en los recientes comicios en la ciudad de Buenos Aires. Pero los menos de dos meses que faltan para elegir al sucesor de Cristina Fernández de Kirchner son un plazo exiguo para la modificación legal del sistema electoral y el complejo armado técnico de poner en práctica el voto electrónico en un país de la vastedad de Argentina. El caos electoral argentino es difícil de entender en Uruguay, donde nuestro lento y engorroso sistema de votación es rescatado por las garantías que ofrece contra cualquier manipulación indebida. Pero en la desordenada Argentina de la dinastía Kirchner las cosas son diferentes, realidad que la oposición buscará cambiar antes de la elección presidencial para evitar que la distorsionen las notorias irregularidades de todo tipo que genera el oficialismo para aferrarse al poder.
