Escapadas al aislamiento y resistencia al teletrabajo: Argentina con problemas culturales para pelear con el coronavirus

Y el problema no se limita a la extendida costumbre argentina de saludarse con un beso, incluso entre hombres e incluso en el ámbito laboral.

La gran dificultad en este momento es que aquellos que deben respetar el aislamiento preventivo lo hagan efectivamente, sin tomarse recreos ni escapadas. Y que la población en su conjunto interprete que la cuarentena no es un sinónimo de vacaciones.

Ya el primer día en que empezó a regir la licencia especial para empleados estatales y grupos de riesgo, se verificó una caravana de automóviles que se desplazó desde Buenos Aires hacia localidades turísticas de la costa.

La imagen de colas de hasta tres kilómetros en balnearios como Monte Hermoso circuló masivamente en las redes de internet, para desesperación de quienes vieron símiles con el éxodo desde Milán al sur de Italia, que generó que la enfermedad dejara de ser un problema acotado a una región y se diseminara por todo el país.

El gobierno argentino tuvo que prohibir el tránsito público de media y larga distancia, para evitar que el próximo fin de semana la situación se pudiera agravar. Implica que no se venderán pasajes de avión, trenes ni ómnibus desde el viernes.

Y el temor está justificado: el próximo fin de semana es un feriado largo de cuatro días, dado que el martes se conmemora la fecha del golpe de Estado militar de 1976, un feriado instituido bajo la presidencia de Néstor Kirchner con la denominación oficial de Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,  y además se decretó que el lunes anterior sea también un “feriado puente”.

Naturalmente, miles de argentinos, como todos los años, habían hecho sus planes para unas mini vacaciones. Un efecto que, lejos de ser accidental, fue buscado por los gobiernos, que siempre defendieron estos feriados como una forma de promover el turismo interno y de redistribuir renta hacia regiones menos pobladas del territorio nacional.

Ocurre que ahora esa política se transformó en un efecto boomerang. Cuesta retener a los argentinos ya no sólo en sus casas, sino hasta en sus ciudades, al punto que los intendentes de los principales centros turísticos de la costa atlántica, como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar iniciaron la campaña “No vengan”.

Y desde los medios se empieza a escuchar voces que reclaman que haya prohibiciones de tránsito de vehículos privados en las rutas, algo a lo que el gobierno todavía no se animó.

En cambio, sí empezaron a proliferar las denuncias privadas contra vecinos, compañeros de trabajo o familiares que no respetan el aislamiento obligatorio y ponen en riesgo al resto de la población. Los canales de televisión hasta facilitan teléfonos para hacer esas denuncias de forma anónima.

Y el propio presidente Alberto Fernández prometió sanciones severas contra los “imbéciles” que con su conducta irresponsable podían ayudar a propagar la epidemia. Pero nada parece ser suficiente: se supo de fiestas clandestinas, se ven personas socializando en clubes, parques y plazas. Y hubo conflictos entre vecinos de consorcio, que incluyeron violentas escenas de pugilato, porque alguien quería salir de su departamento quebrantando el aislamiento.

Por otra parte, en contra de todas las recomendaciones, los argentinos se volcaron en masa a los comercios, olvidando todo tipo de distanciamiento social, y formaron largas colas para arrasar con productos de higiene y alimentos enlatados.

Por eso se avanzó en medidas que restringieran aún más la posibilidad de reunión en lugares públicos y se enfatizó en que a quienes infringieran las prohibiciones le podría corresponder multas y hasta sanciones penales.

Los límites del teletrabajo

Las dos grandes medidas de aislamiento con las que se espera contener la propagación del virus son la licencia especial para empleados estatales y la suspensión de las clases, una medida en la que el gobierno “corrió de atrás” porque muchas escuelas habían empezado a suspender clases por su propia cuenta.

En el caso de los empleados públicos, se debió implementar un sistema de fichaje geo referenciado para garantizar que las personas efectivamente se queden en sus casas y no anden circulando por la calle.

Pero el gran problema sin solución a la vista no es solo de índole cultural sino social y económica: en el empleo privado hay una fuerte reticencia a la implementación del teletrabajo desde los domicilios. Y la situación se ve agravada por el alto índice de informalidad en la economía, que hace que uno de cada tres trabajadores no tenga un sueldo fijo en una relación de dependencia legal.

El propio Alberto Fernández reconoció su dificultad para imponerles el aislamiento a trabajadores del sector privado. Reconoció que la paralización total de actividades al estilo europeo “tiene consecuencias económicas”. Y de hecho ya se teme por una ruptura en la cadena de pagos que afecte a las pequeñas empresas.

Y, al referirse al teletrabajo, reconoció que sólo pueden faltar y permanecer en su casa “si en el trabajo toleran su ausencia”. La frase tenía implícita la aceptación de que muchos empresarios, aun teniendo la posibilidad técnica, no confían en que con el trabajo domiciliario puedan sostener la productividad.

Pero además, ¿cómo plantear la semana de paralización preventiva a un monotributista, o a un empleado de comercio o a quien tiene un oficio y se queda sin ingreso la semana que no trabaja?

Es imposible y el gobierno lo sabe. Con un desempleo en 10 por ciento, aunque la cifra real es mucho mayor porque la estadística oficial no cuenta a quienes reciben planes sociales ni a los “independientes” con empleos precarios,  la implementación del trabajo a distancia se hace impracticable.

El índice de pobreza, que en su última medición llegó a 35 por ciento y en la próxima publicación este mes posiblemente se acercará a 40,  es por demás elocuente.

Quienes están en la franja con menores recursos se desempeñan en “changas” o servicio doméstico. Y allí la recomendación sanitaria oficial de aislamiento social choca con el problema social: si masivamente la clase media deja de contratar servicios o envía a sus casas a las empleadas domésticas, se puede estar ante un problema de dimensiones graves.

Por eso se intenta congeniar la recomendación de evitar el contacto pero sin dejar de pagar sueldos, algo difícil de implementar. Las medidas de suba en la asignación universal por hijo y las líneas de crédito para las pyme van en el sentido de evitar ese empeoramiento.

En todo caso, Alberto Fernández, que mira todo el tiempo lo que hacen sus colegas europeos, ya se dio cuenta que tiene margen como para cambiar de prioridades sin que ello implique un costo político: dijo que, siguiendo el ejemplo de Angela Merkel, ya no pondrá como meta principal el equilibrio fiscal sino el freno a la recesión.

En otras palabras, se inyectará dinero a la economía, se prolongarán los congelamientos de tarifas y hasta se empezó a especular si se imitarían las medidas del francés Emmanuel Macron, que decidió subsidiar los alquileres y los servicios públicos a todas las empresas.