Estrasburgo acepta estudiar los recursos contra las condenas del procés

El tribunal acordó remitir un listado de preguntas al Gobierno referidas a las alegaciones de los demandantes de que se vulneraron varios artículos del Convenio Europeo.

Este paso se considera una admisión a trámite de facto, aunque formalmente esta se produzca más adelante. Sea cual sea el resultado final del procedimiento -estimación, desestimación o incluso inadmisión- habrá llegado tras estudiar el fondo del asunto.

Las preguntas al Ejecutivo forman parte del procedimiento habitual del TEDH y el Gobierno tiene de plazo hasta el próximo 12 de enero para responder. Los demandantes tendrán entonces oportunidad de replicar al Ejecutivo y a partir de allí el tribunal resolverá si hubo violación de derechos por parte de España.

Hasta ahora, el TEDH rechazó todas las pretensiones presentadas contra España vinculadas al procés.

En la línea de lo sostenido en los recursos, el TEDH pide al Gobierno que explique, por ejemplo, si considera que las condenas impuestas por el Tribunal Supremo no eran previsibles conforme a la ley vigente o si hubo una interpretación extensiva de los delitos de sedición y malversación.

También solicita respuesta a la afirmación de que se condenó por el mero ejercicio del derecho de asociación y de libertad de expresión, lo que para los demandantes tendría un efecto disuasorio para el ejercicio de esos derechos. Este argumento fue empleado en varias ocasiones por el TEDH para dictar condenas.

A través de la Abogacía del Estado, el Gobierno de España deberá rebatir igualmente que se condenó pese a la falta de pruebas o que se impidió el acceso a material de defensa, como alega alguno de los condenados.

Las preguntas de Estrasburgo afectan a media docena de derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero no todas las alegaciones de los nueve recursos son iguales y no todas, según el magistrado que examinó los escritos, tienen base suficiente para estudiarlas.

Los nueve demandantes son el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, al igual que la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell y los exexpresidentes de la ANC, Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

En el caso de que se estimaran los recursos -y de que no se hubiera aplicado ya una amnistía-, una sentencia del TEDH indicando la violación de derechos desembocaría en la desactivación de las condenas de inhabilitación, que no fueron indultadas y que varios de los condenados siguen cumpliendo.