Exoneración de impuestos e intervenciones: el plan para erradicar asentamientos

Según supo El Observador a partir de fuentes de Presidencia y el Ministerio de Vivienda, el objetivo del plan denominado “Operación entre todos” es orientar los esfuerzos en un territorio específico durante un tiempo determinado para mejorar la situación y luego redirigirlos hacia otro punto. 

El proyecto, que estará dirigido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), prevé la intervención estatal de varios ministerios y exoneraciones impositivas para lograr que los privados inviertan en la zona. 

El vocero de la Presidencia, Aparicio Ponce de León, había dicho semanas atrás que la erradicación de los asentamientos y el acceso a la vivienda de la clase media serían las prioridades del gobierno en el Presupuesto, que está siendo elaborado por el equipo económico e ingresará al Parlamento el 31 de agosto.

De acuerdo con un borrador del texto al que accedió El Observador, la intención es declarar de “interés nacional” las intervenciones para mejorar las condiciones de vida en los asentamientos irregulares en todo el país. La intervención consistirá en la realización de obras de infraestructura, mejoras edilicias, regulación de la titularidad de las tierras y suspensión de la ley de ordenamiento territorial.

El trabajo interinstitucional tendrá a la OPP en la coordinación y dirección, y una comisión conformada por delegados de los ministerios de Vivienda, Desarrollo Social, Defensa, las intendencias y alcaldías.

El Poder Ejecutivo será quien delimite el "espacio y tiempo" de la intervención y deberá comunicarlo a la Asamblea General y el Congreso de Intendentes. Las intervenciones tendrán un plazo máximo de dos años con una prórroga única de un año. 

Todas las obras de infraestructura, servicios y de cualquier otro tipo que se realicen estarán exentas del pago de impuestos, incluso aquellos en que por ley se requiera exoneración específica, señala el documento.

La ministra de Vivienda, Irene Moreira, dijo el fin de semana que están pensando en un programa “para todo el país” en el que también participarán UTE y OSE. En el Compromiso por el País, firmado en noviembre por los cinco partidos que integran la coalición de gobierno, se habla de una política activa de “regularización de asentamientos y de creación de Unidades Barriales Sostenibles”.

El subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, había dicho en una entrevista con El Observador que la respuesta del gobierno a la pandemia por el coronavirus era un buen ejemplo de la coordinación que se necesita para poner fin a los asentamientos. "Se puso toda la fuerza del Estado en la resolución de un problema, que era parar la pandemia. Fuimos ejemplo, esto es lo mismo, va a tener todo el peso del Estado y la interinstitucionalidad dependiendo de un organismo. Y todo el Estado en determinado tiempo, en determinadas zonas, va a estar concentrado en la regularización (del asentamiento)”.

De acuerdo a los números de Vivienda, a la salida de la dictadura en 1985 había entre 100 y 150 asentamientos y hoy llegan a 650. “Todos los gobiernos, de cualquier color, pusieron cientos de millones de dólares, en ese proceso se regularizaron entre 70 y 100”, apuntó. 

Preocupación municipal

El intendente de Montevideo, Christian di Candia expresó su preocupación por los recortes anunciados por el Poder Ejecutivo al Ministerio de Vivienda y su impacto en los programas de realojo de asentamientos.

En una entrevista con radio Universal, Di Candia expresó que su administración no iba a cumplir con el decreto de austeridad y que así se lo habían manifestado a Vivienda. “Nosotros contestamos en el momento: de ninguna manera, nosotros no vamos a recortar nada, será decisión del gobierno nacional. Entendemos que el recorte debería ir por otro lado, recortá jubilaciones militares, hacé dos rutas menos”, opinó el jerarca.

El lunes, el exintendente y candidato a la reelección en Montevideo, Daniel Martínez, dijo que no busca "tirar piedras" sino encontrarle una solución a los problemas pero que el recorte anunciado tiene "un impacto que uno conoce muy bien".

"Habíamos jerarquizado una serie de asentamientos y que en definitiva importaba mucho, sea por tema de plombemia o inundaciones, que no tenían solución si no los realojabas. En otros 40 barrios hicimos calles de asfalto, iluminación, mejoras en las casas de peor estado. Se necesita realojar, lo que nos interesa no es pasar facturas sino que se solucione", dijo.

Fuentes de Vivienda aseguraron a El Observador que la OPP ya los excluyó de cumplir con el decreto de austeridad que los obliga a recortar un 15% de los gastos durante 2020 y que esperarán ser contemplados en el Presupuesto.