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10 de junio 2022 - 15:19hs

El caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate solía advertir sobre la responsabilidad ética y ejecutiva de los políticos uruguayos con una frase lapidaria: “Si no somos capaces de asegurarles una vida digna y decorosa a tres millones de orientales, lo dije antes y lo repito ahora, somos unos criminales”. Las décadas han pasado y el crimen, al decir de Ferreira, se sigue cometiendo. Los sucesivos gobiernos no solo no han cumplido con la tarea de dignificar la vida de todos los uruguayos –una labor sin duda compleja por todo lo que implica eso de la “dignidad”- sino que no han respetado el mandato de la Constitución –más focalizado- de darles una vivienda decente a los habitantes del país.

A mediados de mayo el presidente Luis Lacalle Pou lanzó el plan Avanzar, un nuevo intento por erradicar esos cantegriles que empezaron a instalarse en las afueras de Montevideo en la ya lejana década del 50, y que crecieron sin solución de continuidad con el paso de los gobiernos, las crisis, las incompetencias y las desidias.

Hoy perviven más de 600 cantegriles en donde sufren unas 200 mil personas. El intento de Lacalle apunta a regularizar unos 120 asentamientos con un costo de US$240 millones de dólares. En la campaña de 2014, Lacalle proponía un plan de “asentamiento cero” pero sus pretensiones fueron menguando hasta llegar a esta realidad en la que el objetivo es muchos menos ambicioso que aquel planteado ocho años atrás.

El subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackembruch, había dicho a El Observador que la erradicación de los cantegriles costaría “más de US$2.000 millones y supera la posibilidad de cualquier gobierno”. La cifra abruma pero su inversión no luce descabellada cuando se la compara con algunos costos que tiene el Estado debido a decisiones fallidas. Por ejemplo, en estos días en que se discute una reforma del sistema de seguridad social volvió a ser recordado el déficit anual que tiene, por ejemplo, la caja militar: nada más ni nada menos que US$450 millones por año. O, sino, ahí están los US$ 137 mil por mes que cuesta la fracasada regasificadora.

Es claro que esos US$ 2.000 millones se le hacen cuesta arriba a cualquier administración, pero el esfuerzo se diluye si se lo divide por los ocho gobiernos que ha tenido el país desde el final de la dictadura.

Resulta descorazonador que administraciones de casi todos los colores y casi todas las sensibilidades no hayan podido, en casi cuarenta años, terminar con esta infamia. Ni blancos, ni colorados, ni aún los frenteamplistas que cargaban sobre su espalda la responsabilidad de responder a una población que señalan como la causa de sus principales desvelos.

Cuesta creer que los gestores del Estado, tan omnipotentes en otros aspectos de la vida en sociedad, no hayan podido hacerse cargo como es debido de esta grave herida en el tejido social. Más aún cuando muchas veces cuentan con el inestimable apoyo de organizaciones como Un techo para mi país y de diversas comunidades religiosas como la del padre Andrés “Gordo” Verde que ha conseguido para el asentamiento Santa Eugenia  contenedores –no muy diferentes a los que se alquilan como casas de balneario- a un costo de US$ 11 mil en los que se puede habitar más que dignamente.

Los testimonios en ese asentamiento recogidos en un informe del programa Santo y Seña erizan la piel. Uno de los habitantes del cantegril contó su alegría cuando descubrió, en una noche con lluvia y viento, que no estaba obligado a quedarse despierto toda la noche para tapar las goteras con chicle o pegamento, y para evitar que se volara el techo.

Otro habló de la extrañeza maravillada de un niño al verificar que solo “apretando un timbre” el agua se llevaba todos los desperdicios de un wáter.

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera recordaba que una de las cosas que más lo impactaron de su gestión fue el comentario de un niño a cuya familia le habían asignado una vivienda de Mevir: “No sabe lo lindo que es ver llover desde adentro”, le dijo.

El presidente Lacalle Pou consideró que el plan Avanzar significa “un punto de inflexión” en la lucha contra los asentamientos. Ojalá lo sea. Pero en este caso vale la pena llorar sobre lo no hecho, para que el recuerdo sirva para advertir acerca de una impericia, ya sea moral o técnica, que lleva muchísimos años y que nos empuja al pesimismo al escuchar las nuevas promesas.

Las erróneas políticas para los cantegriles ya empujaron al olvido a generaciones de uruguayos cuya personalidad se forjó en un desamparo que siempre deja huella. Mientras tanto, la lluvia, el viento y el frio se siguen colando por los techos de cartón y chapa de los ranchos de la postergada periferia.

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