Extradición de pareja de Da Silveira debe tramitarse por el ministerio que él encabezará
Un tratado firmado por Uruguay y Panamá determina que la solicitud debe pasar por Autoridad Central, que depende del Ministerio de Educación
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22 de febrero de 2020 a las 05:00
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Si la justicia uruguaya concede la extradición a Panamá de Maya Cikurel Spiller, la mujer que fue detenida por Interpol en Colonia este miércoles de mañana, el trámite deberá ser cursado a través de la Autoridad Central, una oficina del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que a partir del 1° de marzo será encabezado por Pablo da Silveira, pareja de la indagada.
Así está establecido por el Tratado de Extradición firmado entre ambos países y aprobado por por ley en Uruguay en 2008. En el capítulo 16 de la norma, se establece que toda "solicitud de extradición se formulará por escrito y se cursará por vía diplomática", y que la "Autoridad Central del Estado requerido se encargará de su diligenciamiento".
Y a continuación se detalla que "la Autoridad Central competente en la República Oriental del Uruguay será el Ministerio de Educación y Cultura", mientras que en Panamá el organismo designado es el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Según explicó a El Observador Pablo Maqueira, actual director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC no es necesaria la firma del ministro para aprobar la extradición. "Pero sí es cierta una cosa: la Autoridad Central es el MEC, el jefe es el ministro, y el departamento de cooperación jurídica internacional es una repartición más de la cartera", afirmó.
Maqueira opinó: "Yo creo que de alguna manera Da Silveira (una vez que asuma) debería tomar alguna acción, tratar de desligarse o de dar las garantías, porque de alguna manera debería darlas y asegurar de que esto va a correr por los carriles normales".
Cikurel está acusada por la fiscal panameña Tania Sterling por presuntamente cometer un delito de “blanqueo de capitales, vinculado a la empresa Odebrecht”, la constructora brasileña investigada por corrupción por la justicia de Estados Unidos y una decena de países de la región y de Sudamérica como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.
La mujer –indagada en Uruguay también por lavado de activos– está requerida por el país centroamericano desde abril de 2019, luego de que no asistiera en forma voluntaria a dos citaciones de la Justicia panameña, según informaron fuentes allegadas a la fiscal Sterling.
La mujer fue detenida recién esta semana –cuando intentó viajar a Buenos Aires con Da Silveira– porque hasta el 24 de diciembre estuvo mal ingresado su apellido en el sistema electrónico de Interpol –habían puesto "Cirukel", en lugar de Cikurel. De acuerdo a documentación de la policía internacional a la que accedió El Observador, la pena máxima que puede recibir la requerida en Panamá es de 12 años de prisión.
El Observador se contactó con Da Silveira en la tarde de este viernes para consultarle si estaba al tanto del mecanismo institucional dispuesto por el tratado de extradición con Panamá. El futuro jerarca contestó que tenía entendido que su cartera no tenía competencia en el asunto desde que en 2015 la Fiscalía General de la Nación pasó por ley a ser un servicio descentralizado. Horas más tarde cuando El Observador confirmó que, en efecto, el MEC seguía entendiendo en las solicitudes de extradición, se intentó nuevamente el contacto con Da Silveira, pero el próximo ministro de Educación y Cultura no atendió los llamados.
Maqueira, el jerarca de administración saliente liderada por la ministra María Julia Muñoz, quiso dejar constancia de que está "totalmente seguro" de que no habrá ninguna irregularidad cuando ingrese la solicitud por Cikurel, si es aprobada por la justicia uruguaya, la encargada de otorgar o no este tipo de solicitudes.
"Conozco a la gente que trabaja ahí, y tengo al plena seguridad de que (la extradición) se va a tramitar normalmente", dijo.
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