Seis meses de pandemia en Uruguay > Emergencia sanitaria

Fiscal de Corte: "La inversión en tecnología nos permitió actuar con rapidez durante la pandemia"

Jorge Díaz destacó la importancia de haber apostado a ese rubro antes de que llegara la emergencia sanitaria, lo que posibilitó que los fiscales trabajaran casi sin problemas desde sus casas
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12 de septiembre de 2020 a las 10:03

A Jorge Díaz no le cuesta trabajo enumerar los tres principales aprendizajes que quedaron en la Fiscalía General de la Nación en los seis meses de emergencia sanitaria que lleva el país por la llegada de la pandemia del coronavirus: la importancia de contar con tecnología para trabajar en forma virtual, la relevancia de que el Estado cuente con organismos con capacidad de ser flexibles para dar respuesta inmediata a problemas nuevos, y la incidencia del "fuerte compromiso" de los más de 660 funcionarios del Ministerio Público a la hora de afrontar desafíos como no había antecedentes.

El primero que menciona es el uso de la tecnología y las inversiones previas realizadas por el organismo en compra y adquisición de software. "Eso nos permitió actuar con rapidez, sobre todo en la adopción de las primeras medidas cuando comenzó la pandemia", dijo el jerarca a El Observador.

"Hemos invertido desde hace tiempo en tecnología", agregó, como en la implementación del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay, el sistema informático en donde los fiscales y los policías comparten a diario información sobre denuncias. Los recursos destinados a esto fueron claves, porque durante la emergencia muchos fiscales debieron trabajar en forma remota desde sus casas, y para eso tuvieron que contar con tabletas "y en algunos casos con la instalación de computadoras en sus domicilios" conectadas a esta plataforma. "Eso nos permitió seguir trabajando casi normalmente y con intensidad", aseguró.

Los números estadísticos presentados por el Ministerio Público avalan la eficiencia del trabajo durante la pandemia. En junio, por ejemplo, los fiscales alcanzaron el récord absoluto de denuncias penales aclaradas –1.863– y, por ende, de personas imputadas por delitos, lo que confirma una tendencia al alza en la cantidad de enjuiciados desde que se puso en marcha el nuevo Código del Proceso Penal en noviembre de 2017. Durante el primer semestre de este año, con la pandemia como factor influyente en la baja de los delitos, las imputaciones tuvieron un descenso en comparación con igual período del año anterior, pero mínimo: de 1.401 imputaciones mensuales en 2019, se pasó a 1.357 este año.

"Si la Fiscalía no hubiera invertido en esto, y no tuviera el desarrollo que tiene, hubiera implicado que se paralizara", dijo Díaz. Ahora, el panorama no es tan favorable, porque el gobierno no solo no prevé aumentos para este rubro sino que incluso propone recortes de cerca de $ 10 millones en gastos y funcionamiento, lo que a juicio del jerarca puede provocar el cierre de algunas fiscalías.

De todas formas, la apuesta previa a la tecnología tampoco hubiera servido para mucho si no se hubiera acompañado de la buena voluntad y trabajo de los funcionarios y fiscales –un total de 327 en todo el país– que posibilitó la "toma de decisiones con rapidez, y la reorganización del trabajo en una situación excepcional como esta". 

Por último, no tanto como aprendizaje sino como factores que allanaron el camino de posibles obstáculos, Díaz destacó la buena disposición de la Asociación de Fiscales del Uruguay, en donde "siempre se encontraron interlocutores para seguir mejorando", así como la fluida relación que mantuvo y mantiene con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, con quien en ocasiones ha conversado por teléfono hasta cinco veces en un día.

"No se gastó el tiempo en cuestionamientos, sino que se han dedicado a resolver los problemas", destacó.

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