Fracasó un nuevo intento para abrir el diálogo y poner fin a la larga agonía haitiana

Durante la apertura, el primer ministro de facto Ariel Henry manifestó su intención de “escuchar” las discusiones sin ir más allá de lo que se conoce como “acuerdo del 21 de diciembre”, arreglo firmado por varias estructuras políticas, resistido por otras y avalado por la Oficina de Política Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH).

“No vinimos aquí para negociar otro acuerdo. Estamos aquí para escuchar, para hablar sobre los próximos pasos que tenemos que dar para reconstruir nuestra democracia”, sostuvo Henry, quien fue designado primer ministro en julio de 2021, dos días antes del asesinato del último presidente electo, Jovenel Moïse, y desde entonces se mantiene en el poder pese a no contar con la legitimidad necesaria.

En nombre del llamado Grupo de Personas Eminentes de Caricom, el ex primer ministro de Jamaica Bruce Golding pidió a los diversos actores políticos del país, que no celebra elecciones desde 2016, defender con firmeza sus posiciones, pero “con el respeto y la voluntad no sólo de escuchar los puntos de vista opuestos, sino también de considerar sus méritos antes de descartarlos”.

Durante el segundo día del encuentro, “Henry y otros signatarios del acuerdo del 21 de diciembre solicitaron un receso cuando los participantes comenzaron a discutir temas de gobernabilidad”, explicó Jeffsky Poincy, quien participó en las reuniones en nombre del colectivo anticorrupción Nou Pap Dòmi.

“Objetivos dispares”

Según los medios locales, Henry recibió fuertes presiones de funcionarios internacionales y de las diplomacias de los Estados Unidos y Canadá para que continuara participando en una cumbre que, según los observadores, confirmó los objetivos dispares de los diversos sectores haitianos que se dieron cita en Kingston. Desacuerdos que se extienden al seno de la comunidad internacional.

Mientras los principales partidos políticos y actores de la sociedad civil de Haití declararon su deseo de un acuerdo político más amplio, Henry se aferra al gobierno y algunos sectores de la diplomacia parecen inclinarse por respaldarlo con el objetivo posterior de concretar una intervención mediante una fuerza multinacional bajo el paraguas de la ONU.

“Necesito el apoyo de todos, o del mayor número, para combatir la inseguridad y tranquilizar a los países hermanos que planean acudir en ayuda de nuestras fuerzas de seguridad”, dijo Henry en un contexto en el que suman 165.000 los desplazados internos y no menos de 1.630 las personas asesinadas, heridas o secuestradas desde principios de año, un 30% más que en el mismo período de 2022.

“Estamos profundamente alarmados por la escalada de la crisis”, dijo días atrás el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Philippe Branchat. Según la delegación con sede en Puerto Príncipe, la capital de Haití, casi la mitad de la población, de aproximadamente 11,4 millones de personas, necesita con urgencia ayuda humanitaria.

Antes de la reunión de Caricom, la BINUH expresó su apoyo al acuerdo del 21 de diciembre y afirmó que debería ser la base de cualquier negociación. En particular, después de convocar a una mesa redonda sobre seguridad el mes pasado, en la que no participó el Alto Consejo de Transición, un componente clave del acuerdo.

Situación “catastrófica”

Por su parte, varias organizaciones haitianas e internacionales de Derechos Humanos y de la sociedad civil, algunas de las cuales participaron en la cumbre de Kingston, emitieron un llamamiento urgente en el que se esboza un enfoque basado en los Derechos Humanos como parte de la respuesta a una situación que definen como “catastrófica”.

El llamado insta a “los actores regionales e internacionales para que se movilicen en apoyo de una respuesta urgente basada en los derechos, multifacética y que trate explícitamente de evitar los daños causados por intervenciones internacionales abusivas del pasado”.

El texto subraya que “un primer paso fundamental es dejar de apuntalar al conjunto de actores que generaron las crisis que enfrenta el país, incluidos los que actualmente están en el poder”. Además, reclama la creación de “un nuevo gobierno de transición legítimo” y la creación de un “proceso de reparaciones liderado por los haitianos”.

Un viaje y pocas definiciones

La reunión respaldada por Caricom siguió a la visita que hicieron la semana pasada a las Bahamas la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y el subsecretario de Estado, Brian Nichols. Según informó Washington, los funcionarios buscaron “renovar el impulso de la administración Biden para la creación de una fuerza de acción multinacional” y abordar “la actual crisis de seguridad en Haití”. Ocasión en la que Nichols se reunió con Henry.

Si bien la administración Biden impulsó una intervención desde octubre de 2022, el plan fracasó en gran medida por la renuencia de Washington a liderar la fuerza y la falta de voluntad política de muchos países, como Francia, Brasil y Canadá. La opción tampoco prosperó en el Consejo de Seguridad de la ONU.

También hay una oposición significativa en Haití debido al largo historial de intervenciones internacionales, como la desplegada en 2004 por los Cascos Azules en el marco de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas y que en 2010 disparó por negligencia una epidemia de cólera que mató al menos a 9.000 haitianos y dejó unos 800.000 infectados. Además, quienes se oponen argumentan que cualquier intervención sólo consolidaría el poder de Henry.

Sanciones y más sanciones

Frente al rápido deterioro de la seguridad y el aumento de los enfrentamientos entre las pandillas que se disputan el control del territorio, lo que generó la proliferación de grupos de “autodefensa”, la vicepresidenta Harris anunció un paquete de nuevos programas destinados a combatir el tráfico de armas en la región, un tema de suma importancia para Haití, donde la mayoría de las armas ilegales provienen de los Estados Unidos.

Washington también anunció la creación de una Unidad de Investigación Criminal Transnacional “para facilitar las investigaciones y el enjuiciamiento de delitos transnacionales, incluidos aquellos con un nexo con los Estados Unidos”. Una decisión que se suma a las sanciones contra el presidente del Senado de Haití, Joseph Lambert, y el exsenador Youri Latortue, a quienes se acusa de haber “contribuido activamente al tráfico de droga y de socavar el estado de derecho” en el país caribeño.

Según el secretario de Estado, Antony Blinken, Lambert está implicado en “graves violaciones de los Derechos Humanos”. Incluso afirmó que existen evidencias de que está detrás de “al menos una ejecución extrajudicial perpetrada por grupos armados que siembran el terror en las calles de Puerto Príncipe”. Además, antes del inicio de la reunión en Kingston, los Estados Unidos incluyó en su listado de “corrupción significativa” al ex primer ministro Laurent Lamothe.

En 2018 y 2019 estallaron protestas a nivel nacional por el programa Petrocaribe. Auditorías posteriores realizadas por organismos gubernamentales revelaron la pérdida de cientos de millones de dólares debido al despilfarro, el fraude y el abuso de poder. En 2021, el uso de paraísos fiscales por parte de Lamothe quedó al descubierto con las filtraciones de los Panamá Papers.

El mes pasado, presionado por la comunidad internacional, Henry emitió un decreto que establece nuevas reglas sobre lavado de dinero, tráfico de armas y otros delitos financieros. El decreto, que fue recibido con escepticismo por la oposición, permite que cualquier país que sancione a un ciudadano haitiano solicite su extradición y al Estado haitiano congelar los bienes de cualquier persona sancionada por otros países.

Ayuda con cuentagotas

En lo inmediato, y mientras la sociedad haitiana espera la llegada de un programa de ayuda humanitaria de largo alcance, Harris anunció un paquete de asistencia de US$ 54 millones. “Esta nueva financiación brindará a los haitianos vulnerables el apoyo que necesitan con urgencia, incluida la asistencia alimentaria vital y asistencia humanitaria, ya que 4,9 millones de personas enfrentan una inseguridad alimentaria aguda”, dijo la Casa Blanca.

Washington, además, anticipó que destinará US$ $10,5 millones adicionales para apoyar el sector agrícola del país a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En respuesta a la promesa, la red de organizaciones Fe en Acción (Faith in Action, por su nombre en inglés) instó a la agencia a incluir a los agricultores haitianos y a las ONG’s locales en el uso de los fondos, ya que “los agricultores haitianos son la columna vertebral de la lucha contra el hambre en Haití”.

Historial de cooperación

Dos años después del magnicidio de Moïse a manos de un comando de formado por una veintena de mercenarios en su mayoría colombianos, hecho que produjo el recrudecimiento de la violencia, la justicia estadounidense condenó al empresario haitiano Rodolphe Jaar a cadena perpetua por su papel en el homicidio.

Durante años, Jaar trabajó como informante de la Administración de Control de Drogas (DEA) antes de ser arrestado por robar 50 kilos de cocaína. Sentenciado en 2013, sólo recibió tres años de condena debido a su “historial de cooperación”.

Arrestado en República Dominicana en enero del año pasado, Jaar es el único de los 11 individuos actualmente bajo custodia estadounidense que se declaró culpable. Admitió ante los fiscales que proporcionó alojamiento, armas y dinero para promover el complot.

Temporada de huracanes

El 3 de junio, las lluvias torrenciales en varios departamentos de Haití provocaron inundaciones y daños en miles de viviendas. Además, se reportaron varias personas desaparecidas y muertas. Los últimos informes de Protección Civil señalan 58 muertos, 143 heridos, 20 desaparecidos, 2.843 viviendas dañadas o destruidas y 34.519 viviendas inundadas. En conjunto, el número total de familias afectadas llega a casi 45.000. Apenas una postal.

Dos días después, un terremoto de magnitud 5,5 en la escala de Richter afectó a varios departamentos del sur del país. La mayor parte de los daños se concentraron en la ciudad de Jeremie, en el departamento de Grand-Anse, una región que aún no se recupera del sismo de magnitud 7,2 de agosto de 2021 que causó la muerte de 2.200 personas y heridas en otras 12.200, además de dejar sin acceso a servicios sanitarios a unos 800.000 haitianos.

Una pesadilla sin final

Haití, que sufrió la sangrienta dictadura de François “Papa Doc” Duvalier (1957-1971) y luego la de su hijo Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier (1971-1986), es el país más pobre de América latina y el Caribe, y uno de los más pobres del mundo. En una superficie de apenas unos 27.000 kilómetros cuadrados, sus 11,4 millones de habitantes tienen una esperanza de vida de apenas 64 años.

Mientras la comunidad internacional sigue debatiendo si avanza con la integración de una fuerza de intervención, el cólera no da respiro, el hambre afecta a 4,7 millones de personas y al menos 96.000 habitantes de Puerto Príncipe se vieron obligados a abandonar sus hogares como consecuencia de la escalada de violencia y terror provocados por las bandas armadas.

“En tanto el gobierno carezca de legitimidad y sea incapaz de controlar la situación, ¿el envío de una fuerza de acción tendrá el apoyo de los distintos partidos político de Haití, enfrentará resistencias o provocará, incluso, una escalada de los enfrentamientos violentos?”, se preguntó recientemente el embajador chino adjunto ante la ONU, Geng Shuang, posición que resume las dudas de la comunidad internacional.

Los interrogantes que plantea Beijing son muy similares a los que expresaron Francia, Rusia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, los otros integrantes permanentes del Consejo de Seguridad, ante el llamado realizado por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien pidió el envío de fuerza armada internacional para poner fin a lo que definió como una “pesadilla”.

(Con información de agencias)