Leonardo Carreño

Gasoil sin biodiésel: ¿qué cambio impositivo evalúa el gobierno para cumplir con los compromisos ambientales?

Uruguay se había comprometido a aumentar la incorporación de biocombustibles con una meta superior ar la actual para 2025 en el marco del Acuerdo de París

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28 de enero de 2021 a las 05:02

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Entre los temas analizados dentro de la revisión integral del mercado de los combustibles que impulsa el gobierno, están los biocombustibles y el impacto de las mezclas en el precio que finalmente pagan los consumidores.

En el caso del gasoil, el sobreprecio que se paga por la mezcla local de un 5% por cada litro (mínimo establecido por ley) es de casi $ 1,8 por litro (cuesta $ 40,40).

En diciembre pasado el comité de siete técnicos designado por el Poder Ejecutivo propuso en su hoja de ruta evaluar la eliminación de la mezcla obligatoria del 5% de biodiésel (utilizado en gasoil) o sustituirlo por importado.

Finalmente, el gobierno se inclinará por eliminar esa mezcla. Para eso prevé enviar un proyecto de ley con modificaciones a la ley de agrocombustibles. También es intención del gobierno tratar de cumplir con los compromisos ambientales asumidos por Uruguay a nivel internacional.

¿Qué significa esto? En 2015 la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático aprobó el Acuerdo de París, que Uruguay ratificó a fin de 2016. El instrumento principal para el cumplimiento de ese acuerdo es por la vía de las llamadas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND).

Cada cinco años los países que adhieren al acuerdo presentan sus compromisos de reducción de emisiones y sus planes de adaptación, para alcanzar el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, para reducir los riesgos y efectos adversos del cambio climático, según explica el Ministerio de Ambiente.

En 2017 y durante el anterior gobierno, Uruguay presentó su primera CND con compromisos de largo plazo, que fue aprobada por decreto del Poder Ejecutivo.

Como medida ya implementada el país incluyó la mezcla obligatoria de 5% de biocombustibles en las naftas y el gasoil hoy vigente. Y entre una larga lista de otras medidas que Uruguay se comprometió a implementar en el futuro, está la de aumentar la incorporación de biocombustibles: 10% de mezcla de bioetanol en naftas y 7% de mezcla de biodiésel en gasoil a 2025.

En otras palabras, la eliminación de la mezcla de biodiésel en el gasoil va en sentido contrario a los compromisos asumidos por Uruguay en el marco del Acuerdo de París. De ahí que los expertos que asesoraron al gobierno recomendaron buscar alternativas para tratar de compensar las emisiones.

Una de las posibilidades manejadas por parte del Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es reemplazar parte de las tasas de Imesi e IVA que gravan a los combustibles por un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), según supo El Observador. Esa alternativa impositiva ya la están adoptando otros países a nivel internacional.

Inés Guimaraens

Medida “justa y necesaria”

El gerente general de Unvenu, Federico de Castro, dijo a El Observador que se ve como algo “muy positivo” que se sugiera modificar la ley de agrocombustibles y se elimine la obligación de mezclar biodiésel en el gasoil.

“Esta medida sumada a un cambio en la fuente de financiamiento del fideicomiso del boleto (que hoy está solo en el precio del gasoil) son medidas justas y necesarias que significarán una rebaja de aproximadamente $ 5 en el precio del litro de gasoil. Estás dos medidas contribuirán a mejorar la competitividad de los sectores productivos del país y están en línea con la promesa de las autoridades de bajar el precio del gasoil”, afirmó el ejecutivo.

Principales lineamientos

El Poder Ejecutivo enviará en el correr de esta semana un informe a la Asamblea General del Parlamento donde se planteará la hoja de ruta que tiene pensado instrumentar para tener tarifas más competitivas de los combustibles y en particular del gasoil, un componente clave para todo el sector productivo.

El cambio integral de toda la cadena requiere distintas iniciativas: proyectos de ley, decretos y exhortos del Poder Ejecutivos a organismos como la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea). Se prevé un plazo de tres años para la implementación gradual del nuevo modelo.

A manera de transición y para que Ancap se pueda adecuar al nuevo esquema basado en los Precios de Paridad de Importación (PPI), sin comprometer sus números, se establecerá un factor de ajuste diferenciado para cada producto, hasta converger a los valores de PPI en un plazo máximo de tres años, y cumpliendo hitos de avances mínimos anuales.

Cambios de sello

Entre los cambios que se implementarán en la cadena distribución y comercialización, la propuesta del gobierno recogerá otra de las recomendaciones realizadas por los expertos, que es la de permitir que las estaciones de servicio puedan cambiar de sello al término de los contratos con las distribuidoras, según informó este miércoles el portal especializado Surtidores. Ello con el fin de “mejorar el poder de negociación” de las estaciones de servicio, según las autoridades. Además, se contemplará la existencia de estaciones de bandera blanca.

Otro de los cambios que tendrá la cadena de combustibles será la de permitir que los distribuidores (Ducsa, Axion y Petrobras) pueden tener más estaciones bajo su gestión (hoy tienen 7 de algo más de 450 bocas en todo el país). Todavía no está definido el límite que se establecerá, pero no será algo “indiscriminado” que afecte el funcionamiento actual, según se informó desde el Poder Ejecutivo.

 

 

 

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